El senador por el departamento Cachi, Walter Wayar, expresó durante la sesión que este proyecto, que fue presentado en abril del año pasado y avanzó rápidamente este mes durante el conflicto gremial en la provincia, “no debe ser aprobado porque intimida, es anticonstitucional y está fuera del contexto socio económico que hoy estamos viviendo”.
El legislador llamó a la reflexión a las autoridades del gobierno provincial para que “pongan el máximo esfuerzo para encontrar una rápida solución para que los sectores que están en conflicto puedan volver a sus puestos de trabajo”.
“Claro que un ciudadano tiene derecho a circular libremente, pero más importante es el derecho que tiene un niño a comer, el que tiene una madre de poder vestir a sus hijos, o darles educación”, sostuvo Wayar.
Asimismo, señaló que se trata de una “ley restrictiva de derechos”, e “inviable”, porque la gente “va a salir igual a expresar sus necesidades”.
Por su parte, el senador por el departamento de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, expresó: “El presente proyecto de ley viene de la Cámara de Diputados y tiene por objetivo coordinar y armonizar el ejercicio de derechos”.
Y manifestó que la iniciativa “en ningún momento hace referencia a restringir o limitar” las protestas.
Las afirmaciones de los legisladores fueron formuladas esta tarde durante la décima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de Salta, en la que se trató sobre tablas y se aprobó, con once votos a favor y diez en contra, el proyecto de ley de convivencia y conciliación ciudadana, de autoría de las diputadas Cristina Fiore y Socorro Villamayor.
“Son todos derechos trascendentes, consagrados por nuestra Constitución, que buscamos armonizar y conciliar a través de este proyecto de ley, para que puedan ser ejercidos por los ciudadanos”, señaló Mónico, quien agregó que “establece una serie de protocolos para garantizar que todos los derechos puedan coexistir” para “una mejor convivencia entre todos los salteños”.
La sanción de esta ley, que pasó al poder Ejecutivo para su promulgación, se dio en el medio de un conflicto que por cuestiones salariales llevan adelante los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados, que desde hace casi un mes protestan con marchas, manifestaciones y cortes de calles y rutas.
Esto derivó, el miércoles pasado, en la represión por parte de la Policía de Salta a un grupo de docentes autoconvocados que cortaban el acceso a la capital salteña, y en la detención de 19 manifestantes el jueves 25 de mayo, que fueron imputados por el delito de entorpecimiento de las vías de transporte y desobediencia judicial, en concurso real.
En tanto, el senador Leopoldo Salva, del departamento Los Andes, consideró que “este no es el momento” para tratar un proyecto de ley de esta envergadura, “cuando estamos viviendo una crisis social y económica, en el que la única forma que tenemos de salir a pelear por nuestras necesidades es la protesta”.
“Nuestra constitución dice claramente que tenemos derecho a protestar”, dijo, y agregó: “Este proyecto plantea el condicionamiento de este derecho que históricamente ha sido esencial para las reivindicaciones y conquistas sociales”.
Finalmente, destacó que la norma “le otorga al Estado la potestad de prohibir el ejercicio de la protesta” y “está dirigida a criminalizar las protestas sociales”.
Esta iniciativa busca, según establece su artículo primero, “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”.
Además, dispone que “la autoridad resguardará el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública, en la medida que la misma permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos”.
Por otro lado, establece que “toda protesta o manifestación debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas ante la comisaría más cercana del lugar en el que está previsto su desarrollo”, donde debe asentarse el lugar de concentración, el recorrido y la desconcentración, el horario de inicio, el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación y los responsables.
“Las protestas o manifestaciones que no cumplan con la norma y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad”, expresa la ley aprobada ayer a la tarde en Salta.
Con motivo de este debate, un fuerte operativo policial dispuesto con el fin de resguardar la actividad de los legisladores mantuvo vallado los alrededores de la Legislatura, lo que generó durante toda la jornada serios inconvenientes en el tránsito en el centro de la capital salteña.
En la plaza ubicada frente al palacio legislativo, los docentes autoconvocados y el personal de la salud pública en conflicto por razones salariales permanecieron en vigilia a la espera del tratamiento de este proyecto de ley y durante el debate. (Télam)
