Hace algunas semanas, Javier Milei presentó desde la Cárcel de Ezeiza el nuevo Código Penal que el Gobierno intentará convertir en ley en los próximos meses. En una entrevista, Patricia Bullrich lo calificó como “un código fuerte”. Además, aseguró que hoy en día “el 87% de los delitos son excarcelables”.
“El que las hace, las va a pagar”, Patricia Bullrich explicó cómo será el nuevo Código Penal
“Quiere decir que el que las hace, las va a pagar”, señaló Bullrich en diálogo con LN+, haciendo hincapié en la frase de cabecera de su gestión. Luego, ejemplificó con un delito tradicional: “¿Te robas un celular? Doce años preso”.
Acerca de la adición de nuevos delitos que no existían, la ministra dijo: “Quedó un código excelente que toma todos los temas y sobre todo, todos los delitos que nunca se contemplaban”.
A pesar de las expectativas del Gobierno, la futura senadora por CABA afirmó que este cambio “no se puede discutir en un día” y llevará tiempo.
“Queremos terminar con la impunidad de aquellos que hacen y no las pagan”, agregó. Después, cruzó a la oposición de cara al debate que se viene en ambas Cámaras: “El kirchnerismo no va a acompañar ningún aumento de penas, no quiere acompañar la baja de imputabilidad de los menores, no quiere acompañar nada”.
Patricia Bullrich habló sobre el problema de las cárceles en Argentina
En otra parte de la entrevista, Bullrich habló de otros delitos graves que se te contemplarán: “Te abusaron de niño y no te animaste, no pudiste… En este caso, va a ser imprescriptible. ¿Pudiste sacar treinta años después el tema? Lo denunciás treinta años después”.
Finalmente, habló sobre el gran problema de superpoblación en las cárceles: “Mientras que las provincias tienen sus detenidos, el Sistema Penitenciario Federal se está convirtiendo en un sistema de tener a los presos más peligrosos del país”.
“Tenemos ciento cincuenta líderes de organizaciones narco de Rosario… Nos han pasado presos de Córdoba, que eran también los narcos más peligrosos”, cerró.
El Gobierno oficializó este martes el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en noviembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $403.150, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $333.150, a partir del aumento del 2,1%, determinado en línea con la inflación de septiembre.
En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.150 pero queden por debajo de los $403.150, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.
De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $53.150. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.150, lo que implica una suba de apenas $6.852.
En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.
En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.
Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.
Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta octubre de 2025, inclusive”.
Continuando esa línea, expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.
El documento oficial, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.
Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.
A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en noviembre
El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:
Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.
Los libertarios evitaron este miércoles una derrota total en la Cámara de Diputados y ganaron tiempo. La oposición logró aprobar una ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo salió rechazado y ahora toda la norma deberá volver al Senado para que allí se defina si acepta los cambios o si insiste con el texto original.
En los días previos a la sesión, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el presidente Javier Milei vetaría la norma porque pone en juego la gobernabilidad. En ese sentido, el oficialismo festejó que el trámite parlamentario se prolongue y deje un eventual veto presidencial para después de las elecciones.
En las filas del oficialismo esperan que la finalización de la campaña electoral y un resultado aceptable le permitan recomponer la relación con gobernadores y ex aliados. Así podrá frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que viene sufriendo desde hace varios meses.
La nueva ley, que había sido aprobada en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
Sin embargo, salió rechazado el límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Según el artículo 3, que se cayó en la votación en particular, si el tema no es tratado dentro ese plazo, los decretos caen.
Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto. A modo de ejemplo, los libertarios no podrían volver a firmar un decreto como el 70/23 de desburocratización del Estado, que modificaba cientos de leyes y abarcaba diferentes áreas.
La reforma del régimen de DNU significa una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria, como el de Milei. Si los libertarios no logran sostener un eventual veto presidencial, será prácticamente imposible que el Poder Ejecutivo esquive al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual y que algunos advierten llevará inevitablemente a una parálisis de gestión.
Para los libertarios, la reforma del régimen de DNU busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” para “debilitar la gobernabilidad”. “El peronismo solo se rige por el oportunismo político”, señaló el diputado de LLA Álvaro Martínez.
En la misma línea, el referente del PRO Damián Arabia recordó que Néstor Kirchner firmó 236 decretos, CFK usó 81, teniendo mayoría en ambas cámaras, y Alberto Fernández, otros 178. “Cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU. Y ahora quieren cambiar una ley que estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan”, dijo y denunció que la oposición está planeando un “bloque institucional” para después de las elecciones porque “si no gobierna el peronismo no quieren que gobierne nadie”.
Por su parte, varios diputados de la UCR coincidieron en que la ley actual “es mala” pero argumentaron que cualquier reforma debería implementarse a partir de 2027. “Lo ideal sería tener esta discusión a fines del 2026, sin saber quién va a gobernar a partir de 2027”, manifestó Martín Tetaz.
En cambio, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó que los decretos “han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender”. Y arremetió: “Si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente”.
En las filas libertarias consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original, pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La multa por circular sin la chapa patente en Argentina podría alcanzar los $800.000, luego de que el Ministerio de Justicia confirmara que el sistema de distribución de matrículas se encuentra plenamente normalizado.
De acuerdo con fuentes oficiales, tanto los conductores como las fuerzas de seguridad pueden verificar en línea si la patente ya está disponible para su retiro en los Registros Automotores, a través de la página de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA).
Desde la cartera explicaron que el proceso de entrega de chapas 0 km se encuentra restablecido en todo el país, por lo que los vehículos recientemente inscriptos ya pueden contar con su documentación completa.
“Los Registros Automotores recibieron todas las matrículas pendientes; ahora es responsabilidad de los usuarios acercarse a retirarlas”, aseguraron desde el Ministerio.
Cuántas chapas hay disponibles para entregar
Además, destacaron que el operativo de distribución masiva permitió resolver la falta de stock en todas las jurisdicciones, en un contexto de fuerte repunte de ventas: “Estamos acompañando el récord en patentamientos de autos 0 km, con los mejores niveles desde 2018. Hoy contamos con más de 55.000 chapas disponibles para la entrega inmediata”.
El problema había comenzado en 2023, cuando la crisis económica, las restricciones a las importaciones y la dependencia de un único proveedor estatal habían generado un colapso en la producción y distribución. Ahora, remarcaron, el servicio está totalmente normalizado y garantizado para los nuevos propietarios de vehículos.
El décimo mes del año llega con aumentos en alquileres, prepagas y otros servicios, que suman presión sobre el índice de precios al consumidor que mide el INDEC. Los incrementos comenzarán a regir desde este miércoles y afectarán distintos sectores esenciales para el gasto familiar.
Alquileres
Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento de 46,1% en octubre, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Estos incrementos se calculan según el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central, considerando la variación de la inflación y los salarios del sector formal (RIPTE).
Si bien la suba muestra desaceleración desde el récord de enero de 2025 (190,69%), continúa implicando un gasto elevado para quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos en su diferentes planes para octubre. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.
En un año de transformaciones para el mercado de salud – y a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo – las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.
En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.
Telefonía
Las empresas de telecomunicaciones anticiparon un ajuste de hasta 3% según el servicio y operadora, que regirá desde los primeros días de octubre.
Combustibles y tarifas de luz y gas
Se estima un incremento parcial del impuesto a los combustibles líquidos, que impactará en el precio del litro de nafta y gasoil.
En tanto, las tarifas de luz y gas podrían aumentar cerca de 1,9% en octubre, en línea con el IPC de agosto. Estos ajustes forman parte del esquema de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT)vigente desde junio de 2025, que prevé aumentos mensuales durante 30 meses.
Este lunes quedó promulgada en el Boletín Oficial la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, su puesta en marcha fue suspendida por el Gobierno a través del Decreto 681/2025, en el que se argumenta que aún no existen recursos suficientes para afrontar los costos que la normativa generará
Los números detrás de la medida
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el nuevo régimen de pensiones implicará un desembolso de $2,16 billones durante 2025, cifra que equivale al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI). Para el año siguiente, el impacto ascendería a $4,7 billones, equivalente al 0,47 % del PBI.
A estos gastos se suman los que demanda el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas. Allí el costo adicional alcanzaría los $574.200 millones en 2025 (0,07 % del PBI) y más de $1,2 billones en 2026 (0,12 % del PBI). También se proyecta una compensación de emergencia a prestadores, valuada en $278.323 millones.
En conjunto, la implementación plena de la ley necesitaría $3,01 billones, es decir, un 0,35 % del PBI.
Ley de Emergencia en Discapacidad.
Fundamentos del decreto
El Ejecutivo explicó que el Congreso no precisó de qué manera se financiarían esas erogaciones, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige identificar las fuentes de recursos para toda ampliación presupuestaria. Además, recordó que el jefe de Gabinete tiene la atribución de reasignar partidas, pero que esta herramienta no constituye una fuente “concreta, actual ni suficiente” para cubrir el costo de la reforma.
El texto también advierte que, incluso reasignando todos los fondos disponibles en los presupuestos de los tres poderes del Estado, el monto resultante sería insuficiente para cubrir las obligaciones de la nueva normativa.
Un recorrido conflictivo en el Congreso
El Poder Ejecutivo ya había intentado frenar la ley mediante el veto total del Decreto 534/25, argumentando que el proyecto ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema por la falta de previsión financiera. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado insistieron con la sanción por mayoría especial, lo que obligó al Gobierno a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
El presidente Javier Milei protagonizará un súper lunes de actividades en Casa Rosada que incluye una nueva reunión de mesa política, la jura del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la grabación de la cadena nacional que se emitirá a las 21, en la que explicará el Presupuesto 2026.
Si bien la idea original del mandatario era cumplir con sus obligaciones desde la quinta de Olivos, los planes fueron trastocados tras la reciente designación del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien mañana jurará a las 11.30 como flamante ministro del Interior.
Previo a eso, el libertario deberá encabezar una nueva reunión, la segunda desde su reedición, de mesa política reducida junto a sus colaboradores más cercanos para discutir los principales lineamientos de la gestión y los detalles de la estrategia camino a la elección nacional del 26 de octubre, en la que espera no replicar los errores que ubicó a Fuerza Patria como el espacio ganador durante los comicios bonaerenses.
Antes de la ceremonia que tendrá a Catalán como protagonistas, Milei recibirá en su despacho a la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al asesor presidencial, Santiago Caputo; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al vocero presidencial, Manuel Adorni.
En agenda, a las 12, la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires volverá a juntarse con la presencia estelar de Bullrich, una de las debutantes en la instancia que diagrama en detalle las actividades de La Libertad Avanza durante estas seis semanas para revertir los 13 puntos de diferencia que aventajaron al peronismo en territorio bonaerense.
A las 17, Milei tiene previsto grabar la cadena nacional que se emitirá a las 21, en la que hará una detallada presentación del Presupuesto 2026. Según supo la agencia Noticias Argentinas, por estas horas no se barajan anuncios que permitan inyectar liquidez en el mercado y anticipan que no habrá aumentos superiores a la inflación para las asignaciones de discapacidad, jubilaciones, universidades y hospitales, entre otros.
Con un cronograma de actividades intensos, el Presidente deberá condensar cada uno de sus compromisos el mismo lunes dado que el martes viajará a Paraguay. La idea del libertario es concretar una nueva bilateral con su par Santiago Peña y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).
El evento conservador se celebrará en la capital paraguaya el próximo 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton y nucleará a las principales figuras de derecha internacional. El propio Peña figura entre los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay, cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares, los tickets generales, y los 5 mil dólares, los premium.
Pese a su paso exprés, el mandatario visitará el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras, y podría participar de un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aunque esta actividad aún no fue confirmada de manera oficial.
Después de más de seis meses sin negociaciones, este lunes se cerró la paritaria para el personal de casas particulares con un aumento salarial del 6,5% para el período febrero-septiembre, segmentado en dos componentes: un 3,5% retroactivo sobre los mínimos de enero y tres pagos adicionales del 1% en julio, agosto y septiembre. Además, se establecieron bonos no remunerativos de hasta $10.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales.
El acuerdo, alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), incluyó a representantes del Gobierno, empleadores y sindicatos, liderados por Carmen Britez de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). Britez confirmó que “la paritaria está cerrada” y adelantó que en octubre se revisarán los montos ante el avance de la inflación.
Los nuevos salarios mínimos por categoría
Los aumentos impactan en las cinco categorías reconocidas:
Supervisores/as:
Con retiro: $430.878 mensuales / $3.454 por hora.
Sin retiro: $479.950 mensuales / $3.783 por hora.
Cocineros/as:
Con retiro: $400.310 mensuales / $3.270 por hora.
Sin retiro: $445.613 mensuales / $3.585 por hora.
Caseros:
$390.567 mensuales / $3.089 por hora (sin régimen de retiro).
Asistentes de personas:
Con retiro: $390.567 mensuales / $3.089 por hora.
Sin retiro: $435.246 mensuales / $3.454 por hora.
Personal para tareas generales (limpieza, lavado, cocina):
Con retiro: $351.233 mensuales / $2.863 por hora.
Sin retiro: $390.567 mensuales / $3.089 por hora.
Bonos y próximos pasos
Quienes trabajen más de 16 horas semanales recibirán $10.000 en julio y $9.500 en agosto-septiembre.
Para jornadas de 12 a 16 horas: $7.000 (julio) y $6.000 (agosto-septiembre).
Menos de 12 horas: $4.000 mensuales.
El acuerdo busca mejorar las condiciones de un sector con alta informalidad (alrededor de 1,2 millones de trabajadores), facilitando también el pago de aportes mediante débito automático. Los nuevos valores, publicados en el Boletín Oficial, serán de aplicación obligatoria para empleadores registrados.
El bloque de senadores de La Libertad Avanza decidió formalmente rechazar el aumento de dietas aprobado en la Cámara alta a través del Decreto 344/25. Con un comunicado difundido este martes, los legisladores libertarios reafirmaron su compromiso de no acompañar la suba salarial en un contexto en el que —según enfatizaron— “los argentinos están haciendo un tremendo esfuerzo”.
La decisión se da luego de que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, resolviera habilitar a cada senador de manera individual a aceptar o no el incremento de sus haberes, desmarcándose de la controversia pública que volvieron a generar las dietas parlamentarias.
Así, la vicepresidenta optó por transferir a cada legislador la responsabilidad de definir si recibe el reajuste dispuesto por la cámara, en lugar de fijar una postura general para todo el cuerpo.
En ese marco, La Libertad Avanza eligió hacer explícita su decisión y la asentó en argumentos políticos y simbólicos: “A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza, y para ello los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, se afirma en el comunicado firmado por el bloque. El texto sostiene además que, ante el ajuste y sacrificio que enfrenta la sociedad, los propios representantes no pueden acceder a una mejora en sus salarios.
La posición libertaria busca marcar distancias con otros bloques y reforzar la narrativa de austeridad y ejemplaridad que exhibe el oficialismo nacional en medio de la crisis económica. La jugada también funciona como respuesta a la estrategia de Villarruel, que generó un escenario de autonomía y visibilizó las decisiones individuales de cada senador frente a la problemática de los sueldos en el Congreso.
Mientras se espera cómo definirán los demás espacios, la postura de La Libertad Avanza se presenta como un intento de capitalizar políticamente el debate y reafirmar su lineamiento con el mensaje presidencial orientado al recorte del gasto público y la demanda de esfuerzo compartido.
El artículo 3 del decreto presidencial 344/25, firmado el 4 de junio, reconoce el impacto de la reciente paritaria para los empleados del Congreso y ofrece a los senadores la posibilidad de “adecuar o no” sus dietas, informándolo por nota a la Presidencia. Esta medida permite a los legisladores decidir si ajustan sus haberes en función de los aumentos otorgados a los trabajadores legislativos, lo que repercutirá en el cobro de poco más de $9,5 millones en bruto el mes próximo.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, firmó la resolución el miércoles pasado. La decisión busca desvincular a Villarruel de la controversia generada por el sistema de enganche salarial entre los senadores y los empleados legislativos, evitando así críticas desde la Casa Rosada por avalar este mecanismo. El decreto invita a los senadores a ejercer la opción de ajustar o no sus dietas, en virtud de las facultades que les corresponden.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
Un relevamiento realizado por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), revela que los argentinos consumen más pollo que vacapor primera vez en la historia, más allá de los cambios en los precios de la carne vacuna.
Según este informe de esa entidad, el consumo de carne de pollo es de 47 kilos por habitante al año, cifras que marcan que ya superó a la ingesta de la carne vacuna. “Eso nunca había pasado en la Argentina, superó por primera vez al consumo de carne vacuna”, confirmó el director ejecutivo del CEPA, Carlos Sinesi.
El referente aseguró que el pollo se ha consolidado como la opción más elegida, y más allá de que también sufrió aumentos, sigue siendo una opción más económica que otras carnes. Si se suma todos los tipos de carne, con la de cerdo incluida, estiman que cada argentino consume 115 kilos por habitante y por año.
Más pollo, menos carne
Con estos números, el pollo representa alrededor del 40% del total del consumo. Para Sinesi es “un techo” que sólo podría ser superado con un aumento de las exportaciones o con “una mejora de la economía y el poder adquisitivo”.
“El pollo tiene la capacidad de adaptarse al bolsillo de todos. En este contexto, sigue siendo una opción nutritiva y económica que acompaña a las familias argentinas todos los días”, analizó el referente de esa organización nacional.
Argentina es el sexto país en consumo de pollo
El consumo de carne de pollo alcanzó un récord histórico en el 2024 en Argentina, con 49,3 kilos anuales por persona, contra los 48,5 kilos de carne vacuna, posicionando a nuestro país como el sexto país en el mundo en consumo de pollo.
Recetas simples para hacer en tu cocina. Para hacer las milanesas de pollo solo necesitas 10 minutos por ambos lados
A cuánto está el pollo en Jujuy
Si bien los precios varían de acuerdo al comercio, el barrio y la ciudad donde se lo adquiera, el kilo de pollo entero está entre $3.500 y $3.900, mientras el kilo de pata muslo ronda los 9 mil pesos los 3 kilos, más baratos que la carne.
Es el caso de la suprema que, al ser carne deshuesada, tiene un costo mayor, los precios en la provincia oscilan entre los $8.000 y $8,500 por kilo de acuerdo a la región, lo que marca que son precios comparativamente de hasta un 25% más económica que el kilo de bife.
Crece en Jujuy el consumo de carne molida de pollo
Con el significativo aumento de la carne vacuna en las últimas semanas y lo inaccesible que se volvió este producto para algunos, muchas optan por buscar alternativas para el almuerzo y la cena diaria, y platos que se puedan elaborar con carne molida de pollo ganan terreno.
Carne molida de pollo (Foto ilustrativa)
En provincias como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, ya está instalada esta nueva manera de consumir pollo, muy solicitada por los consumidores que agudizan el ingenio para elaborar creaciones que permitan disfrutar la comida y bajar gastos.
Si bien algunos subrayan que la carne molida y picada de este pollo no es igual, en nuestra provincia se pide de ambas maneras. La molida en algunos comercios barriales ronda los 7 mil pesos el kilo, con ofertas especiales llevando más de un kilo.
