El observatorio de Mumalá presentó el informe anual 2025. Jujuy cerró el año con 5 femicidios y se ubica entre las provincias con indicadores más graves. Piden declarar la Emergencia Nacional.
El Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) dio a conocer las cifras finales sobre violencia de género correspondientes al año 2025. Los datos arrojan un panorama alarmante tanto a nivel nacional como provincial, con un marcado reclamo hacia la gestión del Gobierno Nacional por el cierre y desfinanciamiento de programas de asistencia.
Susana Rengifo, referente de MuMaLá, detalló que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 266 femicidios en Argentina, sumados a 997 intentos de femicidio. En este contexto, Jujuy reportó 5 casos, lo que ubica a la provincia con una tasa de 1,2%, una de las más altas del país en relación a su población.
Desde la organización aseguran que la situación se ha agravado por la falta de recursos estatales. “A nivel nacional y provincial se han desgastado las políticas públicas en cuestión de género. El desmantelamiento hace que las mujeres no lleguen a denunciar”, señaló Rengifo.
Según los datos relevados, existe una brecha de desprotección crítica: solo el 15 por ciento de las víctimas llega a denunciar que está sufriendo violencia. Para MuMaLá, esto responde a una falta de confianza y de espacios territoriales donde las mujeres se sientan seguras.
Al ser consultada sobre la gestión de Javier Milei, Rengifo fue contundente: “Hemos hecho reclamos porque las políticas públicas de protección han sido desmanteladas y desfinanciadas, no basta con volver al esquema anterior, ya que era deficiente”
La propuesta: Equipos en territorio y emergencia nacional
La organización propone una reforma integral bajo la declaración de la Emergencia Nacional en materia de género:
Restitución y ampliación: Volver a dotar de presupuesto a las áreas de género y ampliar su alcance.
Equipos interdisciplinarios: Presencia de profesionales (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) en todos los espacios para una cobertura total.
Espacios seguros: Fortalecer los vínculos de las víctimas y generar refugios que permitan evitar que los casos terminen en desenlaces fatales.
“Necesitamos tener la capacidad de cubrir y contener todos los casos para generar espacios seguros y evitar el desenlace de los femicidios”, concluyó la referente.
Almundo, la empresa omnicanal del grupo CVC Argentina, anunció al Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, una alianza estratégica con la aerolínea low cost Flybondi, destinada a fortalecer la conectividad y el turismo nacional. Juntas lanzaron un beneficio del 20% de descuento en viajes de cabotaje para residentes de la provincia.
En una reunión virtual se realizó la presentación del beneficio de residentes para jujeños.
La iniciativa busca facilitar el acceso a los viajes aéreos desde y hacia el interior del país, promoviendo la movilidad regional y contribuyendo al desarrollo del turismo interno de cada provincia argentina.
El beneficio se encuentra disponible en las 180 tiendas que Almundo tiene en todo el país. En la provincia de Jujuy está disponible en Balcarce 272.
Cómo funciona el descuento
El descuento aplica para todas las rutas nacionales de Flybondi, con origen desde las provincias hacia Buenos Aires y entre distintos puntos del interior. Se puede optar sólo por tramo de ida o bien tramos de ida y vuelta, y puede utilizarse en cualquier fecha sin restricciones de temporada. Estará vigente para vuelos a realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 en nuestra tienda oficial de Almundo en Jujuy, Balcarce 272.
Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino de la ruta al momento de la compra, presentando su DNI como comprobante. Por ejemplo, un pasajero con residencia en Jujuy podrá aplicar el descuento en la ruta Jujuy – Buenos Aires (JUY–BUE) acreditando domicilio con su documento.
Este lunes, Patricia Bullrich dio detalles sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias. El oficialismo debate por estas horas dos puntos clave: si elimina la figura del femicidio y si declara imprescriptible el delito de corrupción.
“Todo está a estudio y entre mañana y hoy se tomarán las últimas defunciones”, indicó una alta fuente del Ejecutivo a este medio, tras la conferencia de Bullrich.
En relación con el primer tema, Bullrich dejó la puerta abierta a cambios. Tras una pregunta en conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que todavía no se descarta eliminar la figura del femicidio como agravante penal.
La idea se había dado a conocer desde Casa Rosada en enero de 2025. En ese momento, se hablaba de un proyecto de “igualdad ante la ley” que buscaba derogar todo tipo de cupos y leyes que tengan que ver “con la discriminación positiva”.
“Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, dijo Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico de Davos.
A partir de estas declaraciones y de las intenciones oficialistas, comenzó la polémica sobre si sacar el concepto de femicidio podía beneficiar a los condenados.
En el Gobierno, aseguraron que la eliminación de la figura no iba a ser beneficioso para los condenados ni les permitiría pedir el principio de ley más benigna.
Actualmente, hay hermetismo sobre lo que decidirán las autoridades a cargo del texto de la reforma, entre los que figuran Bullrich; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica.
Qué pasa con la imprescriptibilidad de la corrupción
Este domingo comenzó a surgir el rumor que indicaba que el Gobierno iba a declarar imprescriptible el delito de corrupción.
No obstante, Bullrich y otras fuentes oficiales en off, indicaron que no está definido que ese hecho sea catalogado como imprescriptible. Aunque, delante de la prensa acreditada, la exministra no negó que podrían sumarlo.
Asimismo, los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.
Los delitos que sí se incluyeron en la lista de imprescriptibles del nuevo Código Penal son los graves y gravísimos, como el homicidio agravado, el abuso sexual, la corrupción de menores, la trata de personas, los atentados terroristas, el narcotráfico y los secuestros extorsivos.
El equipo a cargo de la letra chica de la medida pule los últimos detalles del documento que llegará al Congreso en sesiones extraordinarias.
Detalles del nuevo Código Penal
Cambio en las penas de los homicidios: los simples hasta ahora tienen una pena de hasta 25 años, ahora pasarían a una pena máxima de 30 años.
En el caso de los agravantes dentro del delito de homicidio -al que le corresponde perpetua- se va a tomar en cuenta: si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo en función, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores de 65.
Lesiones por conducción imprudente: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.
Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal.
Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende.
El Código será aplicable a todas las provincias.
Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse.
A través de la publicación de una serie de resoluciones en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)oficializó un nuevo esquema tarifario para las empresas EDESUR y EDENOR —que centralizan el suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—. Esta suba regirá desde el 1 de noviembre.
La medida responde a la instrucción de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, de continuar con la actualización de los precios relativos a los servicios, en el marco de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023.
De esta manera, el ENRE aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente de la tarifa que remunera a la distribuidora por su servicio. A partir de este mes, en EDESUR se incrementa en un 3,53%, respecto a octubre, mientras que los usuarios de EDENOR verán reflejado en sus boletas una suba del 3,6%.
El nuevo cuadro tarifario se compone de varios elementos: el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), todos definidos por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026.
Por otro lado, la segmentación de usuarios residenciales se mantiene con tres niveles: Nivel 1(sin subsidio), Nivel 2 (menores ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios). Para los usuarios de los dos últimos grupos, se aplicarán bonificaciones y topes de consumo definidos por la Secretaría de Energía.
Asimismo, la resolución instruye a las empresas a identificar de manera destacada en las facturas el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, para transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.
Por último, el ENRE también aprobó tarifas específicas para los Clubes de Barrio y de Pueblo, que figuran en el listado del Ministerio de Turismo y Deportes, y para las Entidades de Bien Público. Además, se fijaron las tarifas de inyección para los Usuarios-Generadores, es decir, quienes aportan energía a la red, y se actualizaron los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), que se aplican en casos de interrupciones o deficiencias en el servicio.
Cambios en la medición eléctrica: Edenor y Edesur pasarán a lectura mensual
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió autorizar a ambas empresas a modificar el sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 – Pequeñas Demandas, permitiendo que la medición y la facturación de consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual. Esto marca un cambio relevante en la operatoria y tiene un impacto directo en millones de hogares y pequeños comercios.
El conflicto central que motivó la resolución giró en torno a la disociación temporal entre el consumo real de los usuarios y la facturación, una situación que, según las empresas, generaba confusión y dificultaba la gestión financiera de los hogares.
Tanto EDENOR como EDESUR argumentaron que el régimen vigente, instaurado en 2016, obligaba a facturar mensualmente sobre consumos medidos cada dos meses, lo que provocaba que los usuarios recibieran facturas que no reflejaban con precisión el consumo del período de pago. Las distribuidoras sostuvieron que “la adopción de un sistema de lectura mensual permitiría a los usuarios tener una señal más clara, transparente y oportuna de su consumo, ya que el período facturado coincidiría -por su mayor proximidad- con el de consumo”.
Ante esto, el ENRE, a cargo del interventor Néstor Marcelo Lamboglia, analizó las presentaciones de ambas empresas y las respuestas a los requerimientos técnicos formulados por el organismo. En sus informes, las distribuidoras detallaron los cambios operativos y tecnológicos necesarios para la migración, anticipando la necesidad de un período de transición y solicitando flexibilidades regulatorias, como la suspensión temporal de sanciones por eventuales incumplimientos en la periodicidad de lectura y facturación durante la implementación. Además, propusieron planes de pago de hasta seis cuotas para los usuarios que pudieran verse afectados por saldos remanentes del esquema anterior.
El ENRE evaluó la viabilidad formal de la solicitud, recordando que los contratos de concesión prevén la posibilidad de modificar los períodos de facturación si la distribuidora lo considera conveniente y presenta los fundamentos correspondientes. El organismo también consultó a la Secretaría de Energía, que no objetó la iniciativa y consideró que, aunque la migración podría generar un impacto económico transitorio en las facturas, “en definitiva la misma redundará en beneficios para los usuarios, al permitirles contar con una mayor previsibilidad a la hora de planificar su economía, atento que se acortarán los plazos entre el consumo, la medición, la facturación y el pago”.
La resolución también se inscribe en el proceso de modernización tecnológica del sector eléctrico, ya que la lectura mensual es compatible con la futura implementación de medidores inteligentes, que permiten la recolección remota y en tiempo real de los datos de consumo. El ENRE advirtió que, aun si se hubiera rechazado la propuesta, la migración a la lectura mensual sería inevitable en el corto plazo para acompañar la digitalización del sistema.
En cuanto a la implementación, la resolución establece que EDENOR y EDESUR deberán iniciar las acciones necesarias dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Se prevé un período de transición durante el cual convivirán ambos esquemas de lectura, y las empresas deberán presentar al ENRE un informe detallado de las acciones previstas, incluyendo cronogramas, planes de lectura, metodología y modelos de facturación. Los ajustes por saldos remanentes deberán dividirse en al menos dos facturas y consignarse como un concepto diferenciado bajo la leyenda “Ajuste migración mensual”.
El presidente Javier Milei anunció este domingo que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció días atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de una interna en el gobierno. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en redes sociales, donde Milei destacó que Santilli será quien lleve adelante las negociaciones con gobernadores y legisladores para avanzar con las reformas futuras.
Este cambio en el gabinete se produce en un contexto de tensiones internas en el gobierno, y marca una continuidad en la política de Milei de nombrar figuras cercanas a él para ocupar cargos clave en la administración pública. Desde su incorporación a la política, Santilli ha sido una figura relevante en la provincia de Buenos Aires, habiendo sido vicejefe de Gobierno porteño y actualmente candidato en las listas nacionales del PRO.
Relacionarse con las provincias
Anteriormente, Santilli se desempeñó en roles destacados en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Jefatura de Gobierno, además de estar involucrado en diversas controversias y proyectos de seguridad y urbanismo. La ahora designación como ministro del Interior lo sitúa en una posición clave para la gestión de Milei, con la responsabilidad de articular las relaciones con las provincias y el Congreso en un momento de intensa actividad legislativa y política en Argentina.
Sugerencia de Karina Milei
Según fuentes cercanas, la recomendación de Santilli para este ministerio provino de su hermana,Karina Milei, secretaria general, quien ha ampliado su influencia tras la reciente victoria electoral. Esta decisión pone fin a la incertidumbre sobre el rol que ocuparía Santiago Caputo, asesor presidencial, que hasta ahora era considerado el principal candidato para encargarse de las relaciones con las provincias y el Congreso.
La confirmación oficial de la designación de Santilli fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana a las 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”.
La salida de Lisandro Catalán se produjo el viernes por la noche, cuando presentó su renuncia a Milei a través de redes sociales. En su mensaje, Catalán agradeció la confianza depositada y afirmó que continuará apoyando la gestión y el proyecto político, al tiempo que dejó su cargo para facilitar una nueva etapa del gobierno. La renuncia se da en el marco de una interna en el gabinete que también incluyó la salida del jefe de Gabinete anterior, Guillermo Francos.
Este cambio ocurre en un contexto de tensión creciente dentro del oficialismo y en un momento clave para la agenda reformista del gobierno de Milei, quien confía en Santilli para articular el diálogo con gobernadores, legisladores y actores políticos para concretar las metas legislativas venideras. Santilli, con experiencia en roles ejecutivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reciente diputado electo por la provincia de Buenos Aires, asume con el desafío de consolidar apoyos necesarios en el Congreso para la continuidad del plan de gobierno.
Hace algunas semanas, Javier Milei presentó desde la Cárcel de Ezeiza el nuevo Código Penal que el Gobierno intentará convertir en ley en los próximos meses. En una entrevista, Patricia Bullrich lo calificó como “un código fuerte”. Además, aseguró que hoy en día “el 87% de los delitos son excarcelables”.
“El que las hace, las va a pagar”, Patricia Bullrich explicó cómo será el nuevo Código Penal
“Quiere decir que el que las hace, las va a pagar”, señaló Bullrich en diálogo con LN+, haciendo hincapié en la frase de cabecera de su gestión. Luego, ejemplificó con un delito tradicional: “¿Te robas un celular? Doce años preso”.
Acerca de la adición de nuevos delitos que no existían, la ministra dijo: “Quedó un código excelente que toma todos los temas y sobre todo, todos los delitos que nunca se contemplaban”.
A pesar de las expectativas del Gobierno, la futura senadora por CABA afirmó que este cambio “no se puede discutir en un día” y llevará tiempo.
“Queremos terminar con la impunidad de aquellos que hacen y no las pagan”, agregó. Después, cruzó a la oposición de cara al debate que se viene en ambas Cámaras: “El kirchnerismo no va a acompañar ningún aumento de penas, no quiere acompañar la baja de imputabilidad de los menores, no quiere acompañar nada”.
Patricia Bullrich habló sobre el problema de las cárceles en Argentina
En otra parte de la entrevista, Bullrich habló de otros delitos graves que se te contemplarán: “Te abusaron de niño y no te animaste, no pudiste… En este caso, va a ser imprescriptible. ¿Pudiste sacar treinta años después el tema? Lo denunciás treinta años después”.
Finalmente, habló sobre el gran problema de superpoblación en las cárceles: “Mientras que las provincias tienen sus detenidos, el Sistema Penitenciario Federal se está convirtiendo en un sistema de tener a los presos más peligrosos del país”.
“Tenemos ciento cincuenta líderes de organizaciones narco de Rosario… Nos han pasado presos de Córdoba, que eran también los narcos más peligrosos”, cerró.
El Gobierno oficializó este martes el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en noviembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $403.150, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $333.150, a partir del aumento del 2,1%, determinado en línea con la inflación de septiembre.
En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.150 pero queden por debajo de los $403.150, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.
De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $53.150. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.150, lo que implica una suba de apenas $6.852.
En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.
En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.
Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.
Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta octubre de 2025, inclusive”.
Continuando esa línea, expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.
El documento oficial, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.
Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga por el presente decreto”.
A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en noviembre
El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a:
Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.
Los libertarios evitaron este miércoles una derrota total en la Cámara de Diputados y ganaron tiempo. La oposición logró aprobar una ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo salió rechazado y ahora toda la norma deberá volver al Senado para que allí se defina si acepta los cambios o si insiste con el texto original.
En los días previos a la sesión, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el presidente Javier Milei vetaría la norma porque pone en juego la gobernabilidad. En ese sentido, el oficialismo festejó que el trámite parlamentario se prolongue y deje un eventual veto presidencial para después de las elecciones.
En las filas del oficialismo esperan que la finalización de la campaña electoral y un resultado aceptable le permitan recomponer la relación con gobernadores y ex aliados. Así podrá frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que viene sufriendo desde hace varios meses.
La nueva ley, que había sido aprobada en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.
Sin embargo, salió rechazado el límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Según el artículo 3, que se cayó en la votación en particular, si el tema no es tratado dentro ese plazo, los decretos caen.
Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto. A modo de ejemplo, los libertarios no podrían volver a firmar un decreto como el 70/23 de desburocratización del Estado, que modificaba cientos de leyes y abarcaba diferentes áreas.
La reforma del régimen de DNU significa una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria, como el de Milei. Si los libertarios no logran sostener un eventual veto presidencial, será prácticamente imposible que el Poder Ejecutivo esquive al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual y que algunos advierten llevará inevitablemente a una parálisis de gestión.
Para los libertarios, la reforma del régimen de DNU busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” para “debilitar la gobernabilidad”. “El peronismo solo se rige por el oportunismo político”, señaló el diputado de LLA Álvaro Martínez.
En la misma línea, el referente del PRO Damián Arabia recordó que Néstor Kirchner firmó 236 decretos, CFK usó 81, teniendo mayoría en ambas cámaras, y Alberto Fernández, otros 178. “Cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU. Y ahora quieren cambiar una ley que estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan”, dijo y denunció que la oposición está planeando un “bloque institucional” para después de las elecciones porque “si no gobierna el peronismo no quieren que gobierne nadie”.
Por su parte, varios diputados de la UCR coincidieron en que la ley actual “es mala” pero argumentaron que cualquier reforma debería implementarse a partir de 2027. “Lo ideal sería tener esta discusión a fines del 2026, sin saber quién va a gobernar a partir de 2027”, manifestó Martín Tetaz.
En cambio, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó que los decretos “han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender”. Y arremetió: “Si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente”.
En las filas libertarias consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original, pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Después de más de seis meses sin negociaciones, este lunes se cerró la paritaria para el personal de casas particulares con un aumento salarial del 6,5% para el período febrero-septiembre, segmentado en dos componentes: un 3,5% retroactivo sobre los mínimos de enero y tres pagos adicionales del 1% en julio, agosto y septiembre. Además, se establecieron bonos no remunerativos de hasta $10.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales.
El acuerdo, alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), incluyó a representantes del Gobierno, empleadores y sindicatos, liderados por Carmen Britez de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). Britez confirmó que “la paritaria está cerrada” y adelantó que en octubre se revisarán los montos ante el avance de la inflación.
Los nuevos salarios mínimos por categoría
Los aumentos impactan en las cinco categorías reconocidas:
Supervisores/as:
Con retiro: $430.878 mensuales / $3.454 por hora.
Sin retiro: $479.950 mensuales / $3.783 por hora.
Cocineros/as:
Con retiro: $400.310 mensuales / $3.270 por hora.
Sin retiro: $445.613 mensuales / $3.585 por hora.
Caseros:
$390.567 mensuales / $3.089 por hora (sin régimen de retiro).
Asistentes de personas:
Con retiro: $390.567 mensuales / $3.089 por hora.
Sin retiro: $435.246 mensuales / $3.454 por hora.
Personal para tareas generales (limpieza, lavado, cocina):
Con retiro: $351.233 mensuales / $2.863 por hora.
Sin retiro: $390.567 mensuales / $3.089 por hora.
Bonos y próximos pasos
Quienes trabajen más de 16 horas semanales recibirán $10.000 en julio y $9.500 en agosto-septiembre.
Para jornadas de 12 a 16 horas: $7.000 (julio) y $6.000 (agosto-septiembre).
Menos de 12 horas: $4.000 mensuales.
El acuerdo busca mejorar las condiciones de un sector con alta informalidad (alrededor de 1,2 millones de trabajadores), facilitando también el pago de aportes mediante débito automático. Los nuevos valores, publicados en el Boletín Oficial, serán de aplicación obligatoria para empleadores registrados.
El bloque de senadores de La Libertad Avanza decidió formalmente rechazar el aumento de dietas aprobado en la Cámara alta a través del Decreto 344/25. Con un comunicado difundido este martes, los legisladores libertarios reafirmaron su compromiso de no acompañar la suba salarial en un contexto en el que —según enfatizaron— “los argentinos están haciendo un tremendo esfuerzo”.
La decisión se da luego de que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, resolviera habilitar a cada senador de manera individual a aceptar o no el incremento de sus haberes, desmarcándose de la controversia pública que volvieron a generar las dietas parlamentarias.
Así, la vicepresidenta optó por transferir a cada legislador la responsabilidad de definir si recibe el reajuste dispuesto por la cámara, en lugar de fijar una postura general para todo el cuerpo.
En ese marco, La Libertad Avanza eligió hacer explícita su decisión y la asentó en argumentos políticos y simbólicos: “A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza, y para ello los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, se afirma en el comunicado firmado por el bloque. El texto sostiene además que, ante el ajuste y sacrificio que enfrenta la sociedad, los propios representantes no pueden acceder a una mejora en sus salarios.
La posición libertaria busca marcar distancias con otros bloques y reforzar la narrativa de austeridad y ejemplaridad que exhibe el oficialismo nacional en medio de la crisis económica. La jugada también funciona como respuesta a la estrategia de Villarruel, que generó un escenario de autonomía y visibilizó las decisiones individuales de cada senador frente a la problemática de los sueldos en el Congreso.
Mientras se espera cómo definirán los demás espacios, la postura de La Libertad Avanza se presenta como un intento de capitalizar políticamente el debate y reafirmar su lineamiento con el mensaje presidencial orientado al recorte del gasto público y la demanda de esfuerzo compartido.
El artículo 3 del decreto presidencial 344/25, firmado el 4 de junio, reconoce el impacto de la reciente paritaria para los empleados del Congreso y ofrece a los senadores la posibilidad de “adecuar o no” sus dietas, informándolo por nota a la Presidencia. Esta medida permite a los legisladores decidir si ajustan sus haberes en función de los aumentos otorgados a los trabajadores legislativos, lo que repercutirá en el cobro de poco más de $9,5 millones en bruto el mes próximo.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, firmó la resolución el miércoles pasado. La decisión busca desvincular a Villarruel de la controversia generada por el sistema de enganche salarial entre los senadores y los empleados legislativos, evitando así críticas desde la Casa Rosada por avalar este mecanismo. El decreto invita a los senadores a ejercer la opción de ajustar o no sus dietas, en virtud de las facultades que les corresponden.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
