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La provincia de Mendoza cuenta, a partir de esta semana, con una nueva legislación que multará a los padres de niños o adolescentes que hagan bullying a sus pares. La medida, inédita en Argentina, contempla desde multas millonarias hasta trabajos educativos y comunitarios.

La normativa, enmarcada en la Ley 9.545, establece la incorporación de artículos específicos al Código de Contravenciones local. Esta reforma apunta a los adultos responsables que, tras la notificación de la escuela sobre actos de acoso de sus hijos, omitan la adopción de medidas para reparar el daño o evitar que la conducta se repita. Con esto, la Justicia busca un compromiso real de las familias en la convivencia educativa.

El cálculo de las sanciones económicas se basa en Unidades Fijas (UF). Con el aumento del valor de las UF previsto para enero, las multas alcanzarán sumas de entre $750 mil y $1,5 millones, en situaciones de gravedad. Antes de llegar a la sanción monetaria, podrían ordenarse tareas comunitarias por un plazo de hasta 30 días para los progenitores o tutores legales.

Se creará un Fondo Provincial: qué objetivo tendrá y a dónde irá lo recaudado

“El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares”, indica el Boletín Oficial.

Existen excepciones puntuales para quienes se encuentren privados de la responsabilidad parental o tengan prohibiciones de acercamiento vigentes. En el resto de los casos, la ley prevé una etapa previa de mediación escolar con equipos interdisciplinarios. Si el conflicto persiste por la falta de colaboración de los padres, el expediente pasará de forma directa a la órbita judicial para la aplicación de la sanción.

El ministro de Educación de Mendoza respaldó la nueva medida

Tal como lo informó el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, en diálogo con Infobae en Vivo, la medida busca que las familias asuman un rol activo en la crianza de sus hijos.

El funcionario indicó los menores están dentro de los establecimientos escolares “en un horario limitado” y “el resto de la educación viene de la familia”, explicó el funcionario respecto a la necesidad de la aplicación de estas medidas.

García Salazar remarcó que se dieron casos donde los padres “no cumplen con el compromiso, no cesan las conductas de hostigamiento e incluso, en algunos casos, hasta avalan estas conductas”.

El ministro alertó que el 90% de los reportes actuales no corresponden a violencia física, sino a un hostigamiento psicológico sostenido que se traslada a las redes sociales. “Tenemos mucha presencia de cyberbullying, vemos que el acoso no solo se da en la escuela en un horario escolar, sino fuera de la escuela“, precisó.

Respecto al destino de las sanciones, García Salazar aclaró que el objetivo no es meramente recaudatorio, sino correctivo. “La norma prevé el trabajo comunitario, dentro o fuera de la escuela, y la obligación de asistir a cursos en ‘escuelas para padres’”, y cerró: “Solo si esas opciones no se cumplen, se impone la multa”.