El Gobierno de Tucumán dispuso remover de sus funciones al comisario Gustavo Beltrán, titular de la Unidad Regional Norte (URN), y a su segundo, Sergio Juárez, luego de que se verificara que habrían utilizado a detenidos y a personal policialpara ejecutar obras de construcción en una vivienda particular de Beltrán, ubicada en la zona de El Cadillal.
El caso estalló tras una denuncia anónima recibida por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que alertaba sobre el uso indebido de recursos humanos —presos y efectivos— en tareas ajenas al servicio.
Por indicación del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro dio aviso a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y se puso en conocimiento a la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes.
El caso se enmarca en un proceso de depuración interna de la Policía de Tucumán, impulsado por el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, y su subjefe Roque Yñigo, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares dentro de la institución.
Usaban a los presos para construir su casa en El Cadillal
Con los datos aportados por llamadas reservadasy tras una investigación discreta, la Policía detuvo a cuatro personas en El Cadillal: dos eran condenados que debían permanecer alojados en la Comisaría Chuscha y los otros dos, efectivos policiales.
En el operativo, Agüero Gamboa se presentó en el lugar y ordenó iniciar un sumario administrativo y otro penal, en el marco del proceso de depuración interna que impulsa la fuerza provincial bajo la conducción del jefe y subjefe de Policía, comisarios generales Joaquín Girvau y Roque Yñigo.
Usaban presos para construir una casa en El Cadillal: el Gobierno echó a dos jefes policiales
Desde Casa de Gobierno confirmaron que, por decisión de Jaldo, Beltrán y Juárez fueron separados y serán dados de baja, al considerar el episodio como un acto de corrupción y abuso de autoridad dentro de la institución.
Hasta el momento no se informó quiénes asumirán en reemplazo de los jefes desplazados, mientras el Ministerio de Seguridad continúa con las actuaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Durante un recorrido preventivo en el Pabellón N° 3 del Servicio Penitenciario N° 1 de Gorriti, en la mañana del pasado martes, el personal penitenciario encontró tres teléfonos celulares ocultos en el sector de los baños de los internos.
Según fuentes consultadas por un medio provincial, el hallazgo fue realizado por uno de los trabajadores, quien descubrió los dispositivos dentro de una bolsa envuelta en un trapo rojo.
Los teléfonos fueron secuestrados y se inició una investigación para determinar su procedencia y cómo ingresaron al penal.
Cabe recordar que actualmente en algunas carceles del país se encuentra totalmente prohibido el ingreso y uso de celulares entre los internos, Desde el Gobierno expresaron que los celulares son herramientas peligrosas cuando están en manos de los delincuentes. Y cada vez son más los ilícitos que pueden cometerse frente a la pantalla de un telefono celular.
Los presos en Santa Cruz salieron a trabajar luego de la medida dictaminada por el Gobierno provincial a través del programa “Manos a la obra es ocio cero”. Las autoridades señalaron que tiene como objetivo favorecer la reinserción social y brindar herramientas laborales.
En las últimas horas comenzaron a circular diversas imágenes donde se observa la llegada de reclusos a distintas obras públicas donde tienen que realizar tareas en la construcción y mantenimiento de infraestructura.
“Es una forma de devolverle a la sociedad un gesto por los errores cometidos y, al mismo tiempo, de que cuando recuperen su libertad se adapten a trabajar”, expresó el gobernador Claudio Vidal.
Este martes, 18 internos de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos participaron de diversas tareas en la construcción de un camping en la costanera. Durante la jornada los presos colocaron adoquines y cordones cuneta.
Aunque por ahora el programa solo abarca la construcción, en un futuro podría extenderse a otras áreas como, por ejemplo, la agricultura y la ganadería.
“Se busca que trabajen en grupo, que puedan socializar, que le generen un bien a la sociedad trabajando para mejorar, por ejemplo, un espacio público es una manera práctica para que los internos dejen de estar sin ninguna actividad productiva, y dediquen el tiempo de ocio para generar una mejora en la ciudad donde están detenidos, algo que puede servir a disminuir la reincidencia y a desalentar la criminalidad”, remarcó.
Se destacó que todos los trabajos son supervisados por personal especializado y con los elementos de seguridad correspondientes.
Mientras avanzan las discusiones por los proyectos pendientes en el Congreso en las sesiones extraordinarias, el Gobierno ya prepara algunas de las iniciativas que enviará para su tratamiento durante el próximo periodo de ordinarias, una de las cuales es la modificación del Código Penal para endurecer las sentencias para determinados delitos.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el texto en cuestión ya está listo desde octubre pasado y el objetivo es que sea presentado por el presidente Javier Milei cuando inaugure, el primero de marzo, el año legislativo.
A pesar de que en esta oportunidad esa fecha caerá un sábado, la cúpula libertaria no tiene previsto mover el acto para otro día y lo hará en pleno fin de semana y por la noche, con transmisión por cadena nacional.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, es quien está detrás de los cambios, junto a un equipo de asesores en la materia que integran la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezada por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre.
El camarista Borinsky, uno de los principales autores del texto, visitó este martes por la tarde a Cúneo Libarona en su oficina para terminar de cerrar algunos detalles antes de la presentación formal.
Según anticiparon personas al tanto de esta propuesta, uno de los cambios que se introducirán estará vinculado con la cadena perpetua, que actualmente fija una pena máxima de 35 años, excepto casos muy específicos y aislados.
De hecho, el único criminal que está hace más de 5 décadas en prisión es el múltiple homicida Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado “El ángel de la muerte”, quien entre 1971 y 1972 mató a once personas.
Actualmente, el artículo 13 del Título II del Código Penal establece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena”, podrá obtener la libertad “por resolución judicial”, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que “pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”.
“Nosotros queremos, no solo que todas las penas sean más altas, sino que la perpetua sea, efectivamente, perpetua, para toda la vida”, explicó uno de los funcionarios que están elaborando el proyecto.
Si bien todavía no se determinó qué tipo de delitos entrarían dentro de los parámetros para esa condena, serían los más graves, como algunos tipos de homicidio o hechos de violencia importante.
Para las violaciones, por ejemplo, lo que se está estudiando es incrementar el castigo, que hasta el momento está fijado de seis a quince años, que se pueden extender hasta 20 ante diferentes agravantes, como daño en la salud física o mental de la víctima, o cuando el atacante tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual.
Las autoridades nacionales argumentan que esta decisión de aumentar las penas se basa en la convicción de que “además de funcionar como método punitivo, sirven como una suerte de disuasión del delito”.
“Si un criminal no le tiene miedo a la pena porque sabe que si lo agarran, que ya no es en todos los casos que ocurre, entra a una comisaría y al día siguiente sale, no tiene sentido que exista, porque esa persona va a seguir delinquiendo”, señalaron.
De hecho, el propio presidente Javier Milei suele repetir que durante su administración se va a aplicar una doctrina de seguridad más dura, bajo el concepto de “el que las hace, las paga”.
El mandatario se basa, entre otras cosas, en el libro “Crimen y castigo”, del autor estadounidense Gary Becker, en el que abordó el problema de la inseguridad desde un punto de vista económico.
En paralelo a esta iniciativa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en un proyecto para construir cárceles de gestión privada, con el objetivo de aliviar la carga de los establecimientos penitenciarios estatales, que sufren de sobrepoblación desde hace décadas.
Ya en mayo pasado, la funcionaria anunció, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la creación de dos prisiones privadas en la ciudad de Buenos Aires, aunque por ahora no fueron inauguradas.
El Gobierno oficializó este jueves la decisión de que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determine por el sexo que la persona registre al momento de cometer el delito que llevó a su arresto. De esta manera, la administración de Javier Milei busca impedir el traslado de reclusos por cambios de género posteriores que hayan sido realizados amparados a través de la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
La decisión fue adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa realizada el miércoles por la tarde. Posteriormente, la medida fue oficializada al ser publicado el Decreto 61/2025 en el Boletín Oficial de este jueves.
El Gobierno busca limitar los traslados de cárcel por cambio de género
Durante su conferencia de prensa del miércoles – la segunda del día – Adorni adelantó: “El Presidente de la Nación también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra”.
De esta manera, el Decreto publicado en el Boletín Oficial de la fecha – que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich – determina que “la administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.
Por otro lado, el texto oficial dispone dos casos en los que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo“.
El primero de estos escenarios que detalla el Gobierno es cuando “la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer”. Por otro lado, también se dispondrá de esta prohibición cuando “la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario, signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
Por su parte, el artículo 2 detalla que “la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743, cuando hiciera valer la mencionada rectificación para la aprobación de su solicitud”.
El Decreto impulsa a las diferentes provincias – y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – a adherir a la nueva normativa. La medida ya se encuentra vigente, tras ser publicada en el Boletín Oficial.
Más de 70 mil presos podrán votar en las elecciones primarias del domingo 13 de agosto y para ello utilizarán la boleta única como sistema de sufragio en las distintas cárceles de todo el país. En Jujuy, hay 734 presos en condiciones de votar. La cifra exacta de personas privadas de la libertad que se encuentran registradas en el padrón electoral es de 70.018.
Más de la mitad de esa población se encuentra en los 95 penales de la Provincia de Buenos Aires: son 36.516 los electores detenidos. Córdoba y Santa Fe son los dos distritos que completan el podio con mayor cantidad de votantes tras las rejas: 8.218 y 5.299 ciudadanos privados de la libertad están en condiciones de sufragar, respectivamente.
En total, son 305 centros de reclusión, desde complejos penitenciarios hasta alcaidías, pasando por centro de contención infanto-juvenil. El lugar con mayor caudal de votos de privados de la libertad es la Unidad número dos de Sierra Chica, de máxima seguridad y donde se encuentran, entre otros, los rugbiers condenados por el crimen del joven Fernando Báez Sosa: allí hay registradas 2.108 personas en condiciones de votar.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tiene 867 electores privados de la libertad; Catamarca, 276; Corrientes, 1.277; Chaco, 973; Chubut, 373; Entre Ríos, 1.316; Formosa, 433; Jujuy, 734; La Pampa, 391; La Rioja, 438; Mendoza, 4.623; Misiones, 1.081; Neuquén, 303; Río Negro, 603; Salta, 2.227; San Juan, 1.207; San Luis, 656; Santa Cruz, 231; Santiago del Estero, 985; Tucumán, 861; y Tierra del Fuego, 130.
Todos los electores privados de la libertad votarán con el sistema de boleta única, a diferencia de la tradicional papeleta sábana que rige para la mayor parte de los ciudadanos. El Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva.
Si la persona procesada está detenida en un distrito electoral diferente al que le corresponde por su domicilio registrado, votará en el establecimiento donde se encuentra alojada y el voto se computará para el distrito donde está empadronada. Para poder votar las personas procesadas que estén cumpliendo detención deben estar incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad, que es elaborado por la Cámara Nacional Electoral. Los electores sólo pueden votar en la mesa receptora de votos donde figuran y las autoridades de las cárceles deben arbitrar los medios para que cada privado de la libertad reciba su documento cívico dentro de las 24 horas anteriores a la fecha de los comicios.
Después de ser condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa los ocho rugbiers fueron trasladados la Alcaldía de Melchor Romero, dónde permanecerán hasta que el juez decida en qué penal cumplirán la pasión perpetua o los 15 años de encierro. En ese marco, mientras pasan sus días en La Plata, se filtró la primera foto de los deportistas recorriendo el patio del lugar.
Las imágenes se dieron a conocer en Telenoche, en las que se puede ver a los condenados llegando a la cárcel y los pabellones dónde estarán alojados.
Las fotos fueron tomadas por los mismos presos de Melchor Romero y fueron subidas a sus redes sociales. “Recién llegaditos”, escribió uno de los detenidos junto a la foto de los rugbiers entrando a la Alcaidía.
Según la foto que se viralizó en las últimas horas, se puede ver a los condenados vestidos con remeras blancas y conversando entre ellos.
Cómo es la vida de los rugbiers en la Alcaldía de Melchor Romero
Los condenados por el asesinato de Báez Sosa estarán alojados en pabellones donde no tendrán contacto con otros presos. “Esto parece molestar al resto de la población carcelaria”, indicó Rolando Barbano.
“Por eso hay tanta preocupación en el Servicio Penitenciario Bonaerense sobre dónde enviar a estos ocho jóvenes, de entre 21 y 23 años, que están condenados a penas de 15 años y perpetua, porque siempre estuvieron aislados, y ahora llegará el momento de mezclarlos con la población común. Lo van a hacer paulatinamente, de a poco, justamente por temor a que estos mensajes llevan a alguna escalada de violencia contra ellos”, explicó el periodista
Los ministerios Público de la Acusación y de Seguridad suscribieron un convenio de cooperación para implementar estrategias de tareas de control y verificación del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a personas en conflicto con la ley penal.
Por el convenio, la Oficina de Control de Coerción, Probation y Ejecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Patronato de Liberados y Menores Encausados del Ministerio de Seguridad cumplirán funciones fundamentales en el intercambio de información y verificación del cumplimiento de las reglas de conducta a personas con sentencia condenatoria, prisión domiciliaria con tratamiento psicológico o aquellas recientemente liberadas, mediante aplicaciones digitales, sistema informático y la implementación de formularios de datos personales de carácter confidencial.
El instrumento permitirá definir acciones para el diseño de un sistema de contención fuera del ámbito carcelario a personas que han estado privadas de libertad.
Participaron de la firma del acuerdo el ministro de Seguridad, Luis Martín; el fiscal general, Sergio Lello Sánchez; el director del Patronato y Liberados Encausados, José María Vera Lambrisca y la directora de la Oficina de Control de Coerción, Probation y Ejecución Penal, Silvana De la Maza.
Vera Lambrisca precisó que “es un acuerdo de colaboración que ya se venía tratando a los fines de lograr mayor tutelaje del detenido y contención del liberado para su completa readaptación social, a través de elemento tecnológicos que permitirán trabajar mediante un sistema integrado e interinstitucional”.
El MPA, a través de la Administración General, proyectará la adecuación de un espacio físico dotado de oficinas y equipamiento informático necesario a los fines de que el personal del Patronato de Liberados y Menores Encausados pueda cumplir sus funciones en forma articulada y coordinada con la oficina.
Unos 64 reclusos que están alojados en la cárcel de la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza, fueron aislados, tras haberse confirmado la muerte de otro preso por tuberculosis.
El joven Leandro Sosa, de 27 años, falleció la semana pasada por esa enfermedad, pero ante la posibilidad de que algunos reclusos que estaban en el mismo sector se hayan contagiados, fueron separados del resto. La medida, que también incluye al personal de la penitenciaría, servirá para realizar un seguimiento más exhaustivo de cada caso.
Sosa, quien llevaba poco tiempo en el penal, fue internado la semana pasada en el hospital Schestakow, de San Rafael, y pocas horas después falleció por tuberculosis, una enfermedad que está prácticamente erradicada en el país.
Luego, a pedido de los familiares de otros presos, las autoridades del Servicio Penitenciario, decidieron separar a ese grupo para realizarle los estudios correspondientes.
La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por el aire, especialmente cuando una persona tose, estornuda o escupe en un recinto cerrado, lo cual potencia la posibilidad de un contagio.
Durante el fin de semana se realizaron requisas en las celdas de las distintas unidades carcelarias de la provincia que pertenecen al Servicio Penitenciario.
“Secuestramos 15 celulares, puntas y armas realizadas por los internos”, dijo Hugo Sosa, Secretario de Seguridad, que aseguró que es habitual este tipo de secuestros en las celdas cuando hay operativos, proceso que encabezaron junto al Jefe y Subjefe del Servicio Penitenciario.
Los procedimientos realizados en todas las unidades penales de Jujuy, se realizó con personal especializado y perros entrenados. “Esto se implementará cada mes, una o dos veces”, y dijo que los elementos secuestrados permiten “evitar futuros conflictos internos”.
Sosa dijo que también realizan un diagnóstico de la situación carcelaria, y aclaró que pusieron en práctica el plan de llamado urgente a los efectivos por casos de emergencia. “Fue muy positivo. Lo acató más del 90% del personal”.
“Esto nos permite saber con los elementos que contamos, sobre todo en recursos humanos, materiales y logística, para generan un plan de acción profesional y estratégico”, indicó el responsable de la Secretaría de Seguridad provincial.
Teléfonos secuestrados en el penal de Gorriti
El mes pasado tras una serie de allanamientos realizados en la cárcel de Gorriti, se secuestraron teléfonos que habrían sido utilizados para realizar estafas telefónicas, tras la denuncia realizadas por víctimas en Salta. Las requisas fueron en el Pabellón 1 de máxima seguridad.
Según destacaron autoridades provinciales de seguridad, algunos presos armaban redes delictivas para estas maniobras y detectaron que por lo menos cinco internos estaban involucrados. Los celulares ingresaban con las visitas a través de un sistema de pasamanos.
¿Cómo actuar ante una estafa telefónica?
Especialistas aseguran que no se debe entregar ningún tipo de información de cuentas bancarias porque las entidades oficiales no llaman por teléfono para solicitarlas, y explicaron que ante llamados sospechosos de desconocidos, no dar datos de las tarjetas ni claves.
Ante la existencia de un hecho delictivo e intento de estafas telefónicas, la Policía de la Provincia indicó que los ciudadanos deben realizar las denuncias correspondientes en la comisaría más cercana, comunicándose al 911 o por teléfono fijo al 0388-4264008.
