El licenciado José Albizo Cazón instó a abrir un debate en el Concejo Deliberante y con funcionarios municipales para regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify en Palpalá. La iniciativa surge en respuesta a las declaraciones del director de Tránsito y Transporte, quien afirmó que el único servicio autorizado para el traslado de pasajeros en la ciudad es el taxi de radiollamada.
En este contexto, el dirigente anunció que esta semana presentará un proyecto de ordenanza para incorporar estas plataformas al marco legal local. “El transporte mediante aplicaciones no está regulado en Palpalá, lo que lo hace una actividad lícita. Proponemos una normativa que fomente el empleo, garantice seguridad jurídica y ponga fin al hostigamiento de los trabajadores”, explicó.
Albizo Cazón señaló que aún no ha dialogado con los demás concejales, pero destacó que la sociedad demanda nuevas alternativas de transporte. “No podemos perseguir a quienes buscan ganarse la vida honestamente. Hay que generar oportunidades, no clausurarlas con operativos arbitrarios”, concluyó, reafirmando su compromiso con una regulación inclusiva.
El fiscal general Sergio Lello Sánchez explicó cómo fue el operativo en La Quiaca y Villazón que terminó con la captura del acusado y la posible presencia de Pequeño J en Jujuy Detención de Lázaro Sotacuro en Villazón.
“El sujeto estaba solo”. “Se procedió a la expulsión administrativa desde Bolivia, evitando la extradición”. “En La Quiaca se le informó por qué estaba detenido y se le tomaron pruebas de ADN”.
“Hubo un rumor pero se agotó la posibilidad. Se había hablado de que Pequeño J estaría en Palpalá, pero no. Se realizó un procedimiento pero no se pudo constatar esa información” concluyó el fiscal sobre la posible presencia de Pequeño J en Jujuy
Este lunes 29 de septiembre no habrá actividad en el rubro comercial en la provincia, debido al traslado del Día del Empleado de Comercio, que por ley nacional se conmemora cada 26 de septiembre. La medida impactará en supermercados, negocios minoristas y mayoristas, que permanecerán cerrados en la jornada.
Miguel Mamaní, secretario general del Centro de Empleo de Comercio, explicó que “la Ley 26.541 establece como día del empleado de comercio el 26 de septiembre de cada año, pero por un acuerdo con las cámaras del sector se decidió trasladarlo al lunes 29, con el objetivo de no afectar un viernes de alta actividad comercial”.
El dirigente aclaró que, en esta fecha, “los trabajadores están exceptuados de prestar tareas y solamente podrán abrir aquellos comercios atendidos por sus propios dueños, o en casos excepcionales de necesidad”.
En cuanto a los supermercados, Mamaní confirmó que “absolutamente no habrá atención. Normalmente acatan la ley y esta no será la excepción, por lo que recomendamos a la gente realizar sus compras durante el fin de semana”.
Las ventas en supermercados cayeron en diciembre y cerraron 2024 con una baja del 11%
Por otro lado, el referente gremial se refirió a la situación que atraviesan los empleados de comercio. “Como todos los trabajadores, lamentablemente no llegan a fin de mes. A partir del día 10 o 15 empiezan a financiarse con la tarjeta y se genera un círculo cada vez más complicado, con menos margen para cumplir con las obligaciones. Es fundamental que se reabra la política económica, porque hoy ningún trabajador puede vivir con el sueldo que cobra”, expresó.
En este 2025, las peregrinaciones a Río Blanco comenzarán en septiembre. El último domingo del mes tendrá lugar la primera procesión en honor a la Patrona de la provincia, debido a que en octubre hay elecciones nacionales y se reprogramó el calendario.
Desde el Santuario ya ultimaron los detalles e invitaron a los feligreses a participar.
Ya se conoce cómo será el servicio de colectivosdurante las jornadas, pero también estarán disponibles los taxis como alternativa además de que se dispondrá de un operativo especial de transporte.
Gustavo Alarcón, director de Tránsito y Transporte del municipio, comentó cómo serán los trabajos y aclaró que las aplicaciones Uber y Didi no están autorizados a ingresar.
30 inspectores municipales abocados al operativo de peregrinación
“Una fecha un tanto atípica por decisión del Obispado. Justamente se adelantó la primera peregrinación para este domingo 28 de septiembre, el motivo es que justamente en el mes de octubre hay elecciones y por eso la iglesia de alguna manera quiso adelantar esta fecha y de hecho venimos trabajando arduamente con todas las áreas intervinientes de este municipio como así también con personal de la Unidad Regional 8, Seguridad Vial, la dirección de Tránsito de San Salvador, a efecto de que toda esta festividad tenga una cobertura acorde, sabemos que año tras año la cantidad de feligreses se incrementa y de hecho por eso esta dirección también está afectando una gran cantidad de inspectores, alrededor de 30 inspectores del área de transporte y tránsito ”.
Sobre el dispositivo
“El tema del servicio del área de tránsito específicamente ya comienza el día sábado porque sabemos que hay algunos peregrinos que se llegan al lugar un día antes. Comienza nuestro servicio el d s a partir de horas ocho se mantiene durante todo el día y toda la noche y ya netamente el día domingo el tránsito vehicular por Ruta provincial 1 va a ser cortado a partir de horas 6:00. Así que solamente está habilitado para el tránsito de peatones. Se espera de que en esta primera peregrinación lleguen una gran cantidad de peregrinos. Está participando también la gente del Obispado”.
Transporte alternativo
“Respecto al transporte alternativo de los remises, también el Departamento de Transporte hizo un trabajo minucioso respecto a los lineamientos que deben seguir y se le ha habilitado una parada especial a la altura de la calle San Juan, esquina Primero de Mayo, para que la gente no tenga ningún tipo de inconveniente, al contrario, pueda usar este tipo de movilidad y no haya ningún tipo de inconveniente. También nuestros inspectores han recibido instrucciones precisas respecto a algunos ancianos y a alguna gente que tenga cierta discapacidad para que puedan llegar a los más próximos santuarios y de alguna manera no haya ningún tipo de riesgo de accidente. La normativa que establece el cobro de ese pasaje para el transporte alternativo está en función de lo que marque el reloj, el taxímetro. Entonces, como se trata de un día domingo, que tiene similares características que un feriado, corresponde a la tarifa número 2. ”.
Uber y Didi no están permitidos
“Yo quiero ser categórico en esto, el único medio de transporte alternativo que está autorizado en nuestra comuna es los taxis. De ninguna manera hay ordenanza alguna que regule el servicio de las plataformas que vos decís, tanto Didi como Uber. Entonces por eso nuestros inspectores tienen instrucciones precisas para poder actuar de la manera que corresponde”.
El Banco Central (BCRA) reinstauró la restricción cruzada que impone un plazo de 90 días en los que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Es para frenar rulos ante la incipiente brecha cambiaria que se había formado entre los diversos mercados donde se transa la divisa.
La autoridad monetaria publicó este viernes la Comunicación “A” 8336 que modifica las normas cambiarias. La restricción que introdujo el directorio de la entidad que conduce Santiago Bausili no es desconocida para los operadores y ahorristas locales: supo estar vigente durante los últimos episodio de controles de cambio, la era de “cepo cambiario”.
Los operadores del mercado la conocen como “restricción cruzada”, y lo que hace es impedir a las personas que compran dólares en el mercado oficial volcar esas divisas en las plazas financieras del dólar MEP y el dólar contado con liquidación durante 90 días.
La restricción se aplica en ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP y contado con liqui quedarán inhabilitados para recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de 3 meses.
Este impedimento ya pesaba para personas jurídicas, empresas. Ahora se aplica también a las personas humanas.
“Las personas pueden comprar los dólares para ahorrar, lo que no pueden es ir a abastecer el dólar financiero con esos dólares. Esta medida busca evitar distorsiones en el mercado cambiario”, dijeron en el BCRA ante la consulta de Infobae.
El pasado 21 de septiembre se conoció la desaparición de Cornelio Huanca, un adulto mayor de 80 años de edad con domicilio en la ciudad de Palpalá, que hoy fue hallado sin vida en cercanías al rio Los Alisos.
El hombre era intensamente buscado por familiares y vecinos.
Personal policial de la Unidad Regional 8 se encuentra trabajando en el lugar del hallazgo.
El obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, difundió este miércoles un comunicado oficial en el que se refirió a la denuncia penal que mantiene detenido al sacerdote Luis Bruno.
Fernández explicó que, tras conocer la denuncia realizada en diciembre del año pasado, la diócesis procedió a separar al sacerdote de las tareas pastorales, siguiendo las normativas del Derecho Canónico, y remitió toda la información al Dicasterio para el Clero de la Santa Sede, organismo competente en estos casos.
En el escrito, el obispo aclaró que se mantuvo en contacto con la denunciante “siempre en pos de escuchar y responder a sus inquietudes en un clima de cordialidad y colaboración”, y sostuvo que también informó a la justicia sobre las medidas canónicas adoptadas, aportando documentación y realizando una presentación espontánea.
“Personalmente tengo tranquilidad de conciencia en cuanto a mi proceder y a mi recta intención en el obrar, y también está mi confianza en la objetividad de la justicia frente a nuestras subjetividades, que son siempre limitadas”, expresó Fernández.
Finalmente, encomendó a la comunidad a mantener la fe en medio de la situación . “Pedimos que la verdad y la justicia puedan traer la luz que necesitamos vislumbrar”.
Uno de los más fervientes críticos sobre la falta de independencia del Poder Judicial y su íntima relación con el Ejecutivo fue el diputado nacional Guillermo Snopek.
En 2020, en medio de comisiones del Congresode laNación, se debatió una intervención de la Justicia jujeña, impulsada por el legislador.
En 2022, Snopek sentenció que el Superior Tribunal de Justicia “era una corte de la UCR”.
Hasta el 2023, se acumularon tres pedidos para intervenir la Justicia durante la gestión Morales.
En 2024 en plena sesión de Diputados, Snopek expuso la persecución judicial que hubo a los conocidos “tuiteros” que postearon en redes sociales sobre el ex gobernador Morales.
En este 2025, Guillermo Snopek utilizó una cuestión de privilegio en la Cámara Baja y volvió a hacer alusión a las irregularidades manifiestas de la Justicia local señalando directamente de que se utilizar para cuestiones personales de funcionarios del poder o para ejercer presión y disciplinar a intendentes que no son afines.
“Por instrucciones del ex gobernador de la provincia se metió tras las rejas, sin el debido proceso, por más de 50 días a un tuitero y lo dejo planteado acá que utilizan en Jujuy la Justicia de una forma particular. Un hecho similar, el actual jefe de Gabinete de la provincia manifestó a viva voz que la deberían meter presa a una tal Trini o Trinidad por los mismos argumentos que el ex gobernador manifestaba, por un tema de infidelidad. Entonces, usan la Justicia por temas personales y esto es más que grave. Mi planteo no lo vengo haciendo ahora, lo plantee en 2020, en el 2018 donde se usaba la justicia para quebrar la voluntad política y hoy en Jujuy vuelve a pasar lo mismo, se quiebra la voluntad política de un ex gobernador obligándolo a integrar un frente electoral para conseguir una autorización para poder salir del país, tiene que estar atento el gobierno nacional particularmente el jefe de Gabinete que no se mueve porque sus funciones son en Casa de Rosada pero previamente fue ministro del Interior”.
“En Jujuy es grave la situación que vivimos, hemos visto mover la Justicia nacional para cambiar los colores de boletas pero no observan que hace la extorsión que hace el gobierno provincial con intendentes y ex intendentes que los siguen apretando con causas judiciales para poder manifestar su voluntad política. No nos extraña, pero sí planteamos la responsabilidad (…) El gobierno nacional tiene que garantizar la institucionalidad de los partidos políticos que son los actores fundamentales del sistema democrático, quien preside el Tribunal Electoral ya tomó con la Policía de Jujuy siendo ministro de Seguridad el Partido Justicialista y no queremos que esto suceda, le trasladamos la responsabilidad al gobierno nacional con lo que pueda vivir el Partido Justicialista en la provincia de Jujuy”, expuso el legislador al hacer uso de su palabra
El sacerdote Luis Atilio Bruno imputado por delitos de abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado ofreció 10 mil dólares a la denunciante para tratar de evitar que la causa penal en su contra prosperara. Lo hizo en febrero último, antes de que fuera detenido, el 11 de abril de 2025, y para avanzar en ese intento de soborno involucró al Poder Judicial y a la Diócesis de Jujuy.
El pasado 18 de septiembre el programa Telenueve Denuncia (Canal 9), que conduce el periodista Tomás Méndez, reveló que el cura acusado, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, intentaron sobornar a la denunciante en febrero último.
En el informe se da a conocer el detalle de las conversaciones entre el cura, la jueza y el obispo encontrados en el celular de Bruno, secuestrado en el allanamiento de su casa en la localidad de Lozano, donde hoy cumple prisión domiciliaria.
En los chats, que son parte de la investigación judicial, se puede seguir la conversación entre la jueza Lamas y Bruno. La jueza le dice: “Un caballero, cuando le dije que su causa la resolvía conforme a su planteo, se puso contento y me dijo que el tema estaba en vía de solución. Que había que pagar y con ello la mujer se iba a quedar tranquila”.
Bruno le cuenta luego a la jueza que “el obispo mandó un mail preguntándole por el abogado la semana pasada, y hasta ahora no hay repuesta”.
La jueza Lamas responde: “No va a ser fácil para cualquier abogado representar a una loca así, con el obispo de por medio. Y el abogado que intervenga en su caso, Jorge se lo va a comer vivo”.
También hay una conversación en la que Bruno y el obispo hablan de buscar a un abogado para que intervenga en la causa.
En otro intercambio Bruno le dice a la jueza que el abogado de la denunciante es Andrés Puig, hijo del juez Mario Ramón Puig. La jueza responde: “sí, lo conozco al padre, muy de confianza”.
“Hay 10 mil dólares ya”, le dice Bruno, a lo que la jueza propone: “¿Me autorizás a hablar con Ramón Puig que es el padre del abogado? No sé si volvió de vacaciones.El hijo no se va a prestar a la extorsión. Y Mario es una garantía para cerrar el caso”.
Las conversaciones siguen. “Estoy esperando que me contesten… el mismo Mario que fue mi compañero y me debe muchos favores. (La denunciante) No pudo elegir mejor abogado para tu seguridad y tranquilidad”, dice la jueza.
“Tiene que aceptar 10 mil dólares en mano, no transferencia”, refuerza el cura. En el medio surge una diferencia llamativa sobre el monto del soborno: ”eran 6 mil dólares según monseñor, ahora 10 mil dólares, ¿que pasó en el medio?”, pregunta Lamas.
Los chats muestran al religioso Bruno no exento de crueldad. Le dice a la jueza: “gracias a vos, la próxima semana monseñor se encuentra con la stronza (bruja, en italiano)”. La magistrada responde: “monseñor va saber qué decir” en referencia a cómo convencería a la denunciante para que aceptara la propuesta.
En la continuidad de los mensajes el cura acusado le dice a Lamas que tenía miedo que le sacaran la casa, a lo que la jueza le sugiere que la propiedad pase como bien patrimonial y le aconseja acelerar ese trámite.
Las dos caras de la Diócesis
La publicidad de estos mensajes sacude al Poder Judicial de Jujuy y a la Diócesis jujeña, que en abril último, tras la detención del cura Bruno, expresó en un comunicado que “el Obispado de Jujuy se puso a disposición de las autoridades judiciales tras ser anoticiado de la denuncia y detención del presbítero Atilio Luis Bruno”.
A la luz de la revelación del intercambio entre jueza, acusado y obispo, ese comunicado muestra a una Iglesia con dos caras. A la par que el obispo intentaba silenciar a la denunciante, públicamente la Diócesis destacaba “el rotundo rechazo que manifiesta en estos casos la Iglesia hacia todo tipo de violencia sexual, moral, psicológica o de conciencia hacia las personas que pastoralmente nos son encomendadas”, y expresaba su “compromiso de acompañamiento y cercanía hacia quienes se hayan sentido vulnerados”. Además, en el comunicado se expresaba el deseo de que “la Justicia avance y actúe en el rápido esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados”.
La acusación contra el cura ya era conocida en la Diócesis de Jujuy antes de su detención, según reveló el sacerdote Germán Maccagno, rector del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, y miembro de la Comisión de Medios del Obispado local, quien cuando se hizo pública la denuncia reconoció en declaraciones a la prensa que “había una situación, pero no había llegado a la justicia, y una vez que llega a la justicia es la justicia la que dispone”.
Maccagno pidió entonces: “sepamos comprender las debilidades que también los sacerdotes podemos tener”, y pidió “perdón en nombre de la Iglesia a aquellos que se sienten vulnerados por esta situación de violencia”.
El cura acusado estaba a cargo de la parroquia de Ciudad de Nieva, en la capital jujeña, estuvo detenido en el penal de Alto Comedero y luego fue beneficiado con prisión domiciliaria en Lozano. Bruno llegó a Jujuy hace 11 años, es oriundo de la provincia del Chaco, pasó por la parroquia San Bartolomé del barrio Chijra y la del Perpetuo socorro, de Villa Lastenia, en Los Perales y luego fue Ciudad de Nieva.
“Alevosía de poder”
Los chats, que se conocían en los pasillos de tribunales aunque nadie denunció el tráfico de influencias, exponen un hecho de corrupción que involucra a la jueza Lamas, quien ya sorteó dos juicios políticos (2022 y 2024).
Ni el Colegio de Magistrados de Jujuy ni el Colegio de Abogados de Jujuy se manifestaron respecto del escándalo.
En cambio, la Red de Mujeres Políticas expresó su repudio al intento de soborno. “Alevosía del poder”, lo calificó y denunció la revictimización de la denunciante.
“Las víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus facetas, quedan al desamparo, en la mayor marginalidad. Todos los avances normativos convencionales y constitucionales, con leyes de emergencia son letra muerta en un Poder Judicial corrompido con miembros que sin perspectiva de género trafican influencias y deshumanizan aún más cualquier posibilidad de transformar la realidad de las víctimas. Las instituciones solamente cambian cuando existe decisión firme y contundente de realizar las purgas necesarias para que todo el sistema se base en Derechos Humanos que no es más ni menos que poner a la persona siempre en el centro de protección; lo opuesto es silenciar, encubrir y ser cómplices. Como Red exigimos celeridad en esta causa donde es constantemente revictimizada la denunciante“, sostuvo la Red.
Tras la difusión de los chats, vecinos de Lozano convocaron a una manifestación en la Plaza Belgrano, en San Salvador, a las 9.30 de este lunes, para rechazar la prisión domiciliaria de Bruno. “Las infancias están en peligro. Exigimos protección real a la comunidad”, afirmaron en la convocatoria, en la que también repudiaron “el desprecio y denigración hacia la denunciante. Y los intentos de pagar para silenciar a la víctima”.
En 2015 se aumentó el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, de cinco a nueve miembros. Sin embargo, actualmente están cubiertos siete cargos, por Ekel Meyer (que ocupa la presidencia), Sergio Jenefes, Federico Otaola, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, y Laura Lamas González.
El obispo César Fernández es vicepresidente segundo de la Comisión Episcopal Argentina, y ha sido designado por el Papa León XIV como miembro del Dicasterio para el Clero.
El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuyllevó adelante una nueva sesión ordinaria en la que se aprobaron tres ordenanzas relevantes para la ciudad. Entre ellas, se destaca la que apunta a regular y sancionar el uso de caños de escape liberados en motovehículos, una de las principales quejas de los vecinos.
El presidente del Concejo, Lisandro Aguiar, explicó que el objetivo es “dotar al Departamento Ejecutivo de herramientas legales para sancionar este tipo de situación y, además de sancionar, incluso proceder al decomiso y la destrucción en algunos casos, cuando estos caños de escape generan ruidos que realmente están por encima de los decibeles que son aceptables en el marco de una convivencia en la ciudad”.
Convivencia en San Salvador de Jujuy
Aguiar destacó que el uso de caños de escape modificados genera un impacto negativo en la vida cotidiana. “Este tipo de caños de escape genera ruidos que afectan a personas con algún tipo de discapacidad, que afectan a las mascotas, a quienes vivimos en la ciudad e incluso a quienes están en las cercanías de hospitales”, señaló.
La medida, según explicó, se inspira en experiencias de otros municipios de la provincia, como San Pedro, y de otras jurisdicciones del país que ya aplican normativas similares. “La idea es garantizar la convivencia, vivir en una ciudad donde, con más de 300.000 habitantes, se implique el respeto de unos hacia otros” “La idea es garantizar la convivencia, vivir en una ciudad donde, con más de 300.000 habitantes, se implique el respeto de unos hacia otros”, agregó.
