Categoría: JUDICIALES

“No importa si los rugbiers rompen el pacto, hay muchas imágenes de lo que hicieron”

prensa

El abogado Fabián Améndola, uno de los que patrocina a la familia de Fernando Báez Sosa, afirmó que los ocho rugbiers acusados por el crimen del joven en Villa Gesell cumplieron distintos roles pero “el mismo objetivo de causarle la muerte” a la víctima.

“Esta primera semana del juicio pudimos ver que el objetivo (de los acusados) era Fernando: se escuchó en un montón de testimonios. Varios de los testigos declararon que fueron a atacarlo a Fernando”, sostuvo el letrado.

En diálogo con Todos Juntos, en Radio Rivadavia, Améndola descartó, a su entender, la posibilidad de que la Justicia pueda considerar al hecho como un homicidio en riña y subrayó que “no fue una pelea de un grupo contra otro: fueron a atacar a Fernando”.



“Hay una diferenciación de conducta, pero todas estaban direccionadas con el mismo objetivo: causarle la muerte a Fernando. Entonces la calificación y la pena debe ser común a todos”, planteó el abogado, quien se encarga de la querella junto a su par Fernando Burlando. Además, afirmó que “es indistinto” si los ocho acusados mantienen o rompen el ‘pacto de silencio’: “Hay muchas imágenes que muestran lo que estos muchachos hicieron, cómo acecharon a Fernando”.

Finalmente, destacó la presencia de los padres de la víctima en el juicio que se lleva adelante en la ciudad bonaerense de Dolores: “Tanto Silvino (Báez) como Graciela (Sosa) durante toda la semana se han portado de una manera estoica. Asistieron a todas las declaraciones, en las que en muchos tramos se exhibieron los videos en los que se veía la brutalidad con que golpearon a Fernando, y en algún momento Graciela ha tenido que salir de la sala”.




El relato del custodio que fue testigo de la golpiza a Fernando Báez Sosa: “Nunca vi nada igual, era saña”

prensa

El jefe de seguridad del boliche Le Brique, donde se originó la pelea entre los rugbiers y Fernando Báez Sosa, dijo que “nunca” vio algo igual a cómo le pegaron al joven en Villa Gesell, a quien mataron ese 18 de enero de 2020.

“Nunca ví nada igual, era saña. Hace 20 años que trabajo de esto y nunca vi nada igual, todo patadas”, dijo quebrado por el llanto, y agregó que después de eso estuvo “cuatro días sin dormir”.

Alejandro Muñoz, el jefe de seguridad de 2,03 metros de alto, incluso relató que le costó sacarlo a Máximo Thomsen del boliche luego de un incidente que protagonizó junto a su grupo y el de Fernando Báez Sosa. También recordó que tuvo que sacarlo con otro compañero por una puerta lateral y que dio aviso a la Policía en la puerta por el estado violento en que estaba el primero de ellos.

Muñoz dijo que al instante lo llamaron, salió a la puerta y ahí vio “cómo se turnaban” los rugbiers para pegarle, sobre todo patadas. Incluso después que le dieron la primera, cuando “Fernando no se levantó más”.

Fuente: NA.




“¿De que se ríen hijos de puta?” la furia de Fernando Burlando contra los rugbiers

Redacción Palpalainforma

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, lanzó este miércoles un fuerte exabrupto cuando le preguntaron sobre una versión que circuló que refería que los rugbiers acusados de matar a Fernando se habrían reído cuando apareció Pablo Ventura en los tribunales de Dolores para declarar como testigo.

“Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: ¿De qué se ríen, hijos de puta?“, dijo el mediático abogado en diálogo con la prensa.

De esa manera respondió a la versión sobre las supuestas risas de algunos de los imputados, que el propio Burlando no confirmó: “Aunque se rían de una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencia y donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta realmente“.

Las declaraciones del abogado se dieron luego del cuarto intermedio que se realizó en la tercera jornada del juicio, tras la declaración de Pablo Ventura, el joven remero al que los rugbiers habían acusado de matar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Ventura, al momento de la golpiza a Fernando, estaba en Zárate junto a su familia. Luego se supo que los acusados lo nombraron a él, lo que Burlando definió como parte de “una seguidilla de actos que entorpecían la acción de la Justicia”.

“En nuestra teoría del caso hablamos justamente de esto, desde el minuto cero fue eludir la acción de la Justicia, entorpecer la misma. Hoy les dije: miren la actitud de Ventura que automáticamente se presenta en la fiscalía, declara, dice yo soy inocente a los gritos, pidiendo por favor, clemencia, y la actitud de los acusados”, remarcó.

Nervios y preocupación: las caras de los rugbiers en el banquillo de los acusados por el crimen de Báez Sosa

prensa

Este lunes por la mañana comenzó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en los tribunales de Dolores, el joven de 18 años que falleció en el boliche Le Brique de Villa Gesell en enero de 2020, producto de brutales agresiones por un grupo de rugbiers. Será la primera vez que los imputados relaten su versión de los hechos.

Por la muerte del joven hay 8 imputados: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, que tenían entre 18 y 20 años al momento de la agresión mortal. Los acusados se mostraron por primera vez tras la muerte de la víctima en el inicio del juicio donde serán juzgados.

El debate oral a cargo está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, conformado por María Clauda Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari; y se prevé que finalice el 31 de enero, aunque podría extenderse ya que hay 130 testigos citados a declarar.




Comienza el juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

prensa

A casi tres años del crimen, hoy lunes 2 de enero de 2023, los ocho acusados de haber matado a golpes a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, enfrentarán el juicio en su contra. Se los acusa de matar con alevosía y de haber ideado un plan para matar a traición. También se les imputan las “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando, que estaban junto a él la madrugada del crimen.

PUEDEN SER CONDENADOS A PRISIÓN PERPETUA

El domingo a las 8 am, a casi 24 horas del inicio del debate, un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense trasladó a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi hasta la Unidad N°6 de Dolores, donde llegaron a las 10, según confirmaron a Infobae fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.



No es la primera vez que se alojan en Dolores: los rugbiers ya estuvieron detenidos allí, entre el 29 de enero y el 13 de marzo de 2020, antes de que se dispusiera su traslado a la Alcaidía N°3 del penal bonaerense de Melchor Romero en La Plata. Su regreso a la cárcel de la ciudad requirió de un despliegue de seguridad. Así, desde las primeras horas del domingo, la calle Riobamba al 200, donde se encuentra emplazado el ingreso principal del penal de Dolores, se encuentra vallada entre Alberdi y Leandro N. Alem.

Aunque todavía no está confirmado si los acusados van a permanecer en Dolores durante el transcurso del debate o si solo van a asistir a la primera y a la última audiencia y, luego, continuarán el proceso por Zoom desde Melchor Romero; fuentes cercanas a la investigación confiaron a este medio que es probable que asistan a todas las audiencias.

“La sala del Tribunal está preparada para que vayan los ocho de manera presencial, durante todo el debate, con dos custodios y dos familiares por imputado”, explicaron a Infobae las mismas fuentes.



El juicio, donde se debatirán las responsabilidades penales de cada uno, se desarrollará desde las 9 am en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en la Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales de esa localidad.

Por parte del Ministerio Público intervendrá el fiscal Juan Manuel Dávila, a cargo de la Fiscalía de Juicio N° 8 de Dolores. Los representantes de la víctima son Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola. En tanto, la defensa de los acusados estará a cargo de Hugo Tomei.


Según está previsto en el cronograma, por el TOC N°1 pasarán, entre el 2 y el 18 de enero de 2023, más de 170 testigos. Silvino y Graciela, los padres de la víctima y querellantes en el expediente, fueron citados a declarar en la primera audiencia del proceso. La misma será transmitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires.



“A pesar de los nervios y la angustia trataremos de ser fuertes. Vamos a ser la voz de nuestro hijo, junto con nuestro equipo de abogados”, dijo Silvino a Infobae, a horas del inicio del debate. Graciela, en tanto, hizo hincapié en el cruce cara a cara con los imputados. “Va a ser un momento duro enfrentarnos con los asesinos de Fer, pero es algo que esperamos hace muchísimo tiempo”, sostuvo en comunicación telefónica con este medio y confió que se quedarán en Dolores durante todo el juicio.

En la lista de testigos, también figuran Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi —los rugbiers originalmente acusados que luego fueron sobreseídos— y Pablo Ventura, el remero de Zárate falsamente acusado por el asesinato que estuvo preso cuatro días.

Otro nombre que se destaca es el de Gustavo Presman: el perito informático forense de la querella de Sandra Arroyo Salgado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según detalles en la lista, Presman fue citado por la defensa.



Guarino y Milanesi son los últimos dos testigos programados, agendados para la última de las 13 audiencias de declaraciones, programada para el 18 de enero. Fueron requeridos tanto por la querella -liderada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de los padres de Fernando- y de la defensa, a cargo del abogado Hugo Tomei.

Los dos jóvenes oriundos de Zárate recuperaron la libertad tras doce días de encierro en el penal de Dolores, el 10 de febrero de 2020. Al finalizar la investigación penal preparatoria, la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, solicitó que se decretara el sobreseimiento de ambos. En primer lugar, porque las ruedas de reconocimiento en su contra resultaron negativas, como así también las pericias de los teléfonos celulares y los seguimientos de las cámaras de seguridad.

“Lo cierto es que no han podido tampoco ser ubicados, por las secuencias fílmicas, en el lugar directo de la agresión a Fernando, sino solo en inmediaciones y alejados de la víctima”, sostuvo Zamboni en un escrito.



Pero sobre todo, la fiscal valoró que los estudios de ADN realizados sobre sus propias prendas de vestir y zapatillas no encontraron rastros compatibles con las muestras tomadas sobre la víctima. Tampoco había restos de piel de ambos jóvenes bajo las uñas de Fernando Báez Sosa, que llegó a defenderse y, en ese intento, rasguñó a alguno de sus atacantes.


EL CRIMEN

De acuerdo con el pedido de elevación a juicio, el crimen de Fernando se produjo entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, frente al boliche bailable Le Brique.

La acusación que recae sobre los imputados sostiene que tomaron la decisión de matar a Báez Sosa y que, para ejecutar el plan, dividieron sus funciones. Así, cinco de ellos (Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli) fueron a buscar a Fernando, “lo tomaron desprevenido y de espaldas” y “comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo”.



Cuando el joven de 18 años cae al piso, y “aprovechándose aún más de esa situación de indefensión”, proceden a darle un golpe brutal, una patada que le provocó el deceso en forma casi inmediata, al causarle “un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo”.

Mientras todo eso sucedía, los otros tres (Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi) formaron “una especie de cordón” para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y, además, los golpearon varias veces. Por eso, la acusación incluye el delito de lesiones leves.

Fuente: Infobae




Firmaron un Convenio para que haya una mejor reinserción social de los presos en Jujuy

Redacción Palpalainforma

Los ministerios Público de la Acusación y de Seguridad suscribieron un convenio de cooperación para implementar estrategias de tareas de control y verificación del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a personas en conflicto con la ley penal.

Por el convenio, la Oficina de Control de Coerción, Probation y Ejecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Patronato de Liberados y Menores Encausados del Ministerio de Seguridad cumplirán funciones fundamentales en el intercambio de información y verificación del cumplimiento de las reglas de conducta a personas con sentencia condenatoria, prisión domiciliaria con tratamiento psicológico o aquellas recientemente liberadas, mediante aplicaciones digitales, sistema informático y la implementación de formularios de datos personales de carácter confidencial.

El instrumento permitirá definir acciones para el diseño de un sistema de contención fuera del ámbito carcelario a personas que han estado privadas de libertad.

Participaron de la firma del acuerdo el ministro de Seguridad, Luis Martín; el fiscal general, Sergio Lello Sánchez; el director del Patronato y Liberados Encausados, José María Vera Lambrisca y la directora de la Oficina de Control de Coerción, Probation y Ejecución Penal, Silvana De la Maza.

Vera Lambrisca precisó que “es un acuerdo de colaboración que ya se venía tratando a los fines de lograr mayor tutelaje del detenido y contención del liberado para su completa readaptación social, a través de elemento tecnológicos que permitirán trabajar mediante un sistema integrado e interinstitucional”.

El MPA, a través de la Administración General, proyectará la adecuación de un espacio físico dotado de oficinas y equipamiento informático necesario a los fines de que el personal del Patronato de Liberados y Menores Encausados pueda cumplir sus funciones en forma articulada y coordinada con la oficina.

Fuente: Somos Jujuy

Tras casi 3 años, comienza el juicio contra los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa

prensa

Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, según la Justicia, “acordaron” darle muerte a Báez Sosa, de 18 años, en esa brutal golpiza frente al boliche, en pleno centro de Villa Gesell y en medio de una gran oleada de jóvenes que visitan para esa fecha la ciudad balnearia.

Fernando fue asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique.

Previamente, el grupo de rugbiers y Fernando habían tenido un altercado dentro del boliche, por lo que intervino la seguridad del lugar y echó a los dos grupos, por separado, pero los primeros fueron en búsqueda de la víctima una vez que ambos estaban en la puerta del boliche.

Según la imputación, por la cual llegan a juicio, Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Cinalli “abordan por detrás a Fernando Báez, aprovechándose de que el mismo estaba de espaldas e indefenso, y de ésta manera actuando sobre seguro, en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo” hasta que cae inconsciente y pierde la vida”.

El crimen de Fernando quedó grabado de principio a fin por testigos y cámaras de seguridad.

“Le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”, agrega la imputación hecha por la fiscal Verónica Zamboni.

Los otros tres, Villaz, Lucas y Luciano Pertossi “previo acuerdo y distribución de tareas con los otros sujetos activos, también participaron premeditadamente de la agresión con el fin de dar muerte a la víctima, posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho, ya que rodearon tanto a Fernando Báez Sosa como a los amigos que estaban junto a él, impidiendo de ésa forma que éste pudiese defenderse por sí solo e incluso recibir defensa por parte de sus amigos y/o terceros”.

Los acusados quedaron filmados por varias cámaras de seguridad posterior al hecho, donde siguieron con su rutina diaria de vacaciones pero fueron detenidos a las pocas horas tras ser identificados a lo que se sumó gran cantidad de declaraciones testimoniales que vieron cuando emprendían la golpiza a Fernando.

“Chicos no se cuenta nada de esto a nadie”, fue no de los mensajes que envió Ciro Petossi a un grupo de WhatsApp que integraba él y los otros acusados, intentando poner silencio sobre lo que había ocurrido momentos antes.

Los rugbiers fueron detenidos horas posteriores al asesinato. “Tenían plena conciencia y conocimiento de que había causado la muerte de Fernando, pese a lo cual, todos ellos huyeron del lugar, y se escondieron”, sostuvo la fiscalía.

“Le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”, agrega la imputación hecha por la fiscal Verónica Zamboni.

El juicio se realizará desde el 2 de enero en Dolores y durante toda la feria judicial pues el Tribunal a cargo María Clauda Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari tiene la agenda cargada y por eso decidió llevar adelante este debate en el receso judicial de verano.

Crimen de Lucio Dupuy: la fiscalía pidió perpetua para las acusadas por homicidio y abuso sexual

Redacción Palpalainforma

Tras 18 audiencias, concluyó este jueves el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa. Durante los alegatos finales, que se extendieron durante casi seis horas, el fiscal del juicio pidió que la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja Abigaíl Páez sean declaradas culpables del “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos que prevén la pena de prisión perpetua.

El debate se reanudará el año próximo, más precisamente, el lunes 2 de febrero cuando el tribunal dé su veredicto y establezca si las acusadas son culpables o no.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, luego de un período de agonía.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data” y su deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.

También se determinó que, previo al crimen, Lucio había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

En su alegato, la fiscal Ferrero habló de un maltrato físico continuo -aludió a lesiones de vieja data- y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Por ello, acusó a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la ascendiente; con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

A Páez, en tanto, le imputó de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debatió un delito contra la integridad sexual. Las 18 audiencias se llevaron a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, de la capital pampeana, y contó con la presencia de las dos acusadas que llegaron al debate en calidad de detenidas.

“Cuando lo dejé en mi casa estaba con vida” dijo la madre de Lucio Dupuy

Redacción Palpalainforma

La madre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, pidió declarar este jueves en la 16ª jornada del juicio oral por el homicidio en el que ella y su pareja están siendo juzgadas por el crimen. Sin embargo, se negó a responder preguntas.

Frente al Tribunal dijo que aquella mañana dejó a Lucio “con vida” al cuidado de su novia, Abigail Páez, y que, “al día de hoy”, sigue “sin poder creer” lo que le ocurrió. Además, afirmó que a su hijo lo “llora en privado” porque es “más humano que hacerlo delante de personas que no lo conocieron”.

“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida (…) Al día de hoy sigo sin poder creerlo (…) A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, dijo la mujer, de acuerdo a un comunicado difundido por el Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa.

Lucio, con el brazo enyesado, junto a su mamá y la pareja de la mujer

La acusación del Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco, contra la madre de Lucio es “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

En tanto, Páez, quien es defendida por la abogada Silvina Blanco Gómez, se encuentra imputada por el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente.

La semana pasada, Páez declaró ante el Tribunal y dijo que su intención “jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo”, que lo “extraña mucho”, y que lo ocurrido le “duele en el alma”. Luego, detalló todo lo que hizo el día del crimen y concluyó la declaración.

La Corte Suprema confirmó la condena de Milagro Sala a 13 años de cárcel

prensa

La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy, por unanimidad, la condena a 13 años de prisión de la dirigente social Milagro Sala, por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión.


La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora ella estaba presa, pero con prisión preventiva. Pese al fallo de la Corte, es probable que la dirigente, líder de la organización Tupac Amaru, cumpla la condena en su casa por su edad y su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.

La sentencia que hoy confirmó la Corte es en la causa que se conoce como Pibes Villeros, donde se investigaron desvíos de millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas. La condena a 13 años de prisión fue dictada en enero del 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Jujuy, que juzgó a Sala junto a otros 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, incluida Mirta Guerrero, conocida como “Shakira”, condenada a seis años de cárcel.



En el caso de Sala, la justicia jujeña consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Túpac Amaru, organización que recibió fondos millonarios del Estado durante los gobiernos kirchneristas.

El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas; entre ellos, a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo y Julia del Carmen Gutiérrez; y de haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo firmado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

El acuerdo (ACU 487/2015) tenía por objeto financiar mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro, en el marco del programa nacional “Mejor Vivir II”. El fraude, sostuvo el tribunal jujeño, se cometió con los pagos para la ejecución de 14 convenios firmados entre la IVUJ jujeña y distintas cooperativas de trabajo; también, de un convenio entre una cooperativa y el municipio de Palpalá.



Sala buscó revertir su condena en la Cámara de Casación y en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que rechazaron sus recursos. Los abogados de Sala llevaron entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidieron la nulidad de la causa. Sostuvieron, entre otros argumentos, que la acusación no fue precisa y que durante el juicio se añadieron hechos por los que Sala no había sido investigada y de los que no se había podido defender. También alegaron que el tribunal rechazó a testigos importantes para la defensa y que se negó a realizar un peritaje con el que podría haberse determinado con precisión qué obras se habían completado y cuáles no, pese a que se trataba de un eje central de la acusación.

Sala cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que considera injusta su condena. Alberto Fernández viajó a Jujuy en junio de este año para visitarla y dijo que ella era víctima de una “clara persecución” y que estaba injustamente detenida. “Le pido a la Corte Suprema que empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”, dijo entonces el Presidente. El fallo de hoy contra Sala sin dudas será motivo para una nueva crítica del Gobierno a la Corte, con quien mantiene una relación muy tensa.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, había dictaminado en este caso en contra de Sala. No solo se opuso a la revisión de su condena sino también a su pedido para quedar en libertad.

Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor, por amenazas, con una pena en suspenso. Las condiciones de detención de Sala son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).