El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles suspender de manera provisoria los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que derogaba el feriado del 27 de junio para los trabajadores de la administración pública nacional.
La medida cautelar fue dictada a raíz de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que solicitó la protección judicial ante la inminente pérdida de la jornada conocida como el “Día del Trabajador Estatal”.
La demanda buscó, en su inicio, la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 1 del DNU 430/2025. Ese fragmento del decreto derogó el artículo 2 de la Ley 26.876, normativa que había establecido el 27 de junio como un feriado remunerado para los empleados estatales.
La resolución
En el fallo, la juez nacional del Trabajo Moira Fullana resolvió:
– Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa.
– Admitir la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional.
– Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
El fiscal federal Abel Córdoba pidió que Lázaro Báez regrese a prisión para terminar de cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada por la causa llamada la “Ruta del dinero K”.
El empresario fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de dinero. “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, subrayó Córdoba en su dictamen
El escrito fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 4 e incluye al abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, también condenados en la causa de lavado, quienes ya estuvieron presos en la causa, pero le resta pena por cumplir.
Lázaro Báez en la cárcel
Báez estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019 cuando fue excarcelado porque se cumplieron los tres años de prisión preventiva sin condena, por lo que la cuenta del fiscal da que todavía le resta por cumplir seis años, seis meses y 22 días.
La defensa del empresario pidió que a Baez se le tomen tres años y medio de detención. Juan Villanueva sostuvo en una presentación que ya por otra causa fue condenado a cuatro años y medio de prisión, recibió la domiciliaria por razones de salud y está en esa condición hasta hoy, en la casa de la localidad de El Calafate, por lo que afirma que llevaría nueve años y dos meses de prisión.
“Requerimos se practique un nuevo cómputo que reconozca la situación procesal completa de Lázaro Antonio Báez, considerando el tiempo de detención que viene padeciendo desde el 5 de abril de 2016 hasta el día de hoy, como bien conoce este Tribunal”, sostuvo la defensa.
La causa ruta del dinero K
La causa tuvo varias detenciones en los tribunales de Comodoro Py de seis de los condenados que nunca estuvieron presos y que tienen penas mayores a tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo y que ahora deberán hacerlo.
Se trata de Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.
El sexto detenido fue Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, pero su defensa informó que desde el viernes está internado por una “descompensación”, y presentaron a la justicia la documentación que será analizada.
En apenas de tres semanas, Jujuy fue escenario de una serie de femicidios que conmocionaron a toda la provincia. El primero ocurrió el 3 de mayo en Pampa Blanca, donde Angelina González fue asesinada por un hombre que la acosaba. El segundo, apenas 8 días después, tuvo lugar en Alto Comedero el femicidio de Paola Vargas, acuchillada por su pareja, quien luego intentó incendiar la vivienda y se quitó la vida. El tercero sucedió el 24 de mayo en Fraile Pintado, Tamara Fierro fue hallada calcinada y se confirmó su identidad mediante pruebas de ADN.
Cada caso reavivó el dolor de las familias y también de una sociedad que vuelve a preguntarse cuánto más se puede soportar. “No queremos seguir sumando un nombre más. En Jujuy hay tanto feminicida que duele, y duele mucho el corazón”, expresó con crudeza Mónica Cunchilla, madre de Iara Rueda, la adolescente asesinada en Palpalá en septiembre de 2020. Su voz, cargada de dolor y lucha, se volvió símbolo del reclamo de justicia que atraviesa los años.
Los testimonios de las madres de las víctimas vuelven a poner en el centro de la discusión la respuesta estatal y judicial ante las denuncias de violencia. En el caso de Angelina, la familia asegura que hubo demoras en recibir la denuncia por desaparición. En el de Tamara, sus allegados afirmaron que fue vista por última vez entrando al domicilio de un hombre que luego fue detenido con signos de haber estado en una pelea. “Estoy segura que esa fue la lucha de mi hija por salir de ahí”, dijo entre lágrimas su madre.
Las similitudes con lo vivido en 2020 son inevitables. Aquel año, entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, se produjeron cinco femicidios: Cesia Reinaga, Iara Rueda, Roxana Mazala, Gabriela Cruz y Nair Álvarez. Aquellos 40 días oscuros marcaron un antes y un después en la conciencia colectiva de la provincia. Hoy, ese dolor parece volver, como una herida que nunca cicatriza.
Mientras los casos avanzan en la Justicia y las investigaciones siguen su curso, los familiares de las víctimas piden acompañamiento, contención, celeridad en los procesos judiciales y políticas reales de prevención. “Queremos que se termine, no queremos más mujeres muertas. Que no quede ninguna madre más con el corazón destrozado como el nuestro”, sostuvo una de las madres.
Un hombre identificado como H.R.L. fue condenado a ocho años de prisión por ser considerado autor penal y materialmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de la hija de su expareja. El hecho ocurrió en la ciudad de Palpalá, en diciembre de 2021.
La sentencia fue emitida el pasado 27 de mayo por el Tribunal integrado por los jueces María Margarita Nallar, quien presidió el trámite, Mario Ramón Puig y Luis Ernesto Kamada, con la asistencia de la secretaria Silvia Andrea Meriles Lello.
Los magistrados también ordenaron la detención y el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario, una vez que la sentencia quede firme. En tanto, resolvieron diferir la solicitud de prisión domiciliaria para una etapa procesal posterior.
Además, dispusieron la obtención del perfil genético del sentenciado para su incorporación al Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, en cumplimiento de la normativa vigente.
Durante el juicio, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el Ayudante Fiscal Dr. Bruno Carchidi, mientras que la querella fue ejercida por el Dr. Valentín Quero Halle, del Centro de Asistencia a la Víctima. La defensa del imputado estuvo a cargo de los abogados Juan Martín Dávalos, Víctor Rubén Colina y Augusto De Diego.
El hecho
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2021, cuando el condenado aprovechó que la madre de la víctima se encontraba de viaje. La joven, quien presenta un retraso madurativo moderado, estaba sola en su habitación, situación que fue aprovechada por el agresor para ingresar y abusar sexualmente de ella.
La sentencia completa, junto con sus fundamentos, será registrada en el Sistema de Gestión Judicial en el día hábil correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 404 del Código Procesal Penal de Jujuy.
La Justicia jujeña imputó formalmente a Jairo Guerrero, un joven de 25 años que se hace llamar “Diego Castro”, acusado de la desaparición y por el presunto femicidio de Tamara Soledad Fierro, la joven madre de 29 años oriunda de la ciudad de Fraile Pintado, quien está desaparecida desde el sábado pasado y fue vista por última vez en la vivienda de “Castro”
Mañana al mediodía se llevará a cabo la audiencia imputativa, donde el fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria Lían Resúa solicitará al Juzgado de Violencia de Género la prisión preventiva para “Castro” , acusado de femicidio y de Esteban Pérez (22), acusado de encubrimiento agravado.
Desde la tarde del sábado 24 de mayo, la sociedad fraileña se vio convulsionada por la secuencia de hechos que giran alrededor de la causa, entre ellas la desesperada búsqueda de Tamara Soledad Fierro (29) quien había salido de su casa, en su moto el viernes 23 en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 10 del sábado permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto, de propiedad de Jairo “Diego Castro”
Una fuente cercana a la investigación le confió a un medio provincial que la Justicia reunió elementos de pruebas, que le permite ubicar al principal acusado de la desaparición de Fierro en el mismo lugar de la víctima, configurando el tiempo y el espacio. Pero además cuenta con firmes indicios que los acusados se deshicieron del cuerpo de Tamara Fierro, trasladándolo a un basural y prenderle fuego, de ahí la calificación legal.
Por la desaparición de Tamara Fierro, fueron demoradas y puestas a disposición de la Justicia un total de ocho personas, incluyendo a la madre y hermana de Jairo “Diego Castro” Guerrero, pero con el correr de los días, fueron dejadas en libertad.
En una conferencia de prensa brindada ayer, ante los medios locales, el fiscal Lían Resúa hizo foco en la circulación de un video que se habría filtrado de la investigación, donde se observa el sábado 24 en horas de la noche, a dos personas cargando una carretilla, que ingresan al basural donde la tarde del lunes hallaron los restos óseos
Fue así que la madrugada del lunes, una multitud enardecida llegó hasta la vivienda de “Castro” Guerrero y la incendiaron, sin tomar en cuenta que con este hecho vandálico podrían haber entorpecido la investigación penal preparatoria.
Mañana alrededor del mediodía, los imputados comparecerán ante el magistrado, nombrarán a un abogado defensor y serán acusados sobre la presunta autoría y el presunto encubrimiento del delito de femicidio.
El pasado lunes en un intenso operativo por la búsqueda de Tamara Fierro, una joven de 29 años que estaba desaparecida en Fraile Pintado, se halló restos óseos en un matadero y basurero de la zona. Tras el cotejo de ADN que efectuaron a la familia se confirmó que los restos finalmente corresponden a la mujer desaparecida.
Hasta el momento hay dos hombres detenidos por el caso. Uno de ellos sería el supuesto autor, el cual fue imputado por “homicidio calificado, por circunstancia de género (femicidio) y ensañamiento”, mientras que el segundo, quien sería el encubridor del asesinato, será imputado por “Encubrimiento agravado”.
Confirmaron que los restos hallados en Fraile Pintado son de Tamara Fierro
En conferencia de prensa, el fiscal Ernesto Lían Resúa, confirmó que tras llevar a cabo las muestras de ADN se pudo confirmar “en la jornada de hoy que los restos óseos corresponden a Tamara Fierro”. En ese marco, cabe destacar que la madre de la joven asesinada recibió la noticia con anterioridad y se retiró del lugar sin brindar declaraciones.
Asimismo, el Fiscal Resúa acotó que a través de estos resultados, “todo se cierra en el círculo de que la persona buscada y encontrada ha tenido una muerte violenta”, como así también, expresó que se tendría “a las personas implicadas como el autor y encubridor del hecho”.
Sobre esto último, el funcionario ponderó que los dos detenidos son hombres mayores de edad. El posible autor del femicidio podría tener la pena máxima, y por otra parte, el probable encubridor podría recibir una condena entre un año y medio a seis años de prisión.
Durante otro transcurso de la conferencia, Ernesto Lían Resúa, quiso destacar la complejidad de la causa y consideró que “el Ministerio Público de la Acusación tuvo que poner muchos esfuerzos para determinar y llegar a los restos” e igualmente manifestó lo “difícil que fue establecer el cotejo en tiempo récord, dándole prioridad al caso”.
“Todo esto me lleva a contar con los elementos necesarios, que como Fiscal, necesito presentar ante la jueza designada y pedir las medidas para que la causa avance. De esta forma se podrá comprobar la culpabilidad de esta persona en un debate oral”, puntualizó.
La situación del enfermero del Hospital Materno Infantil se agravó, permaneciendo aún bajo prisión preventiva con un cambio de carátula, luego de haberse acumulado a la causa por la intoxicación de leche a un bebé de seis meses, el antecedente de incumplimiento a los deberes del funcionario público, por un hecho ocurrido en el 2022.
En este sentido, el fiscal regional Guillermo Beller le comentó a un medio provincial que la imputación al trabajador de la salud sufrió un cambio de calificación de “lesiones graves agravadas” al de “homicidio en grado de tentativa”.
“Luego de varias presentaciones que realizamos, decidimos agravar la calificación de la imputación contra esta persona y la próxima semana creo que estaremos en condiciones de solicitar una elevación a juicio de este caso”, adelantó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
Esta situación, se debió justamente a anexarse en el expediente por la intoxicación de leche por la vía introvenosa de un bebé de seis meses que ocurrió en el mes de abril en el Hospital Materno Infantil, el antecedente de este sujeto que en el año 2022anestesió dentro del mismo nosocomio a un niño que debía someterse a una cirugía, sin autorización, ni estar capacitado para dicha función.
En aquella ocasión, de acuerdo a la investigación realizada por un medio provincial, se estableció que dentro del legajo del enfermero e instrumentista quirúrgico, durante el año 2022 fue apartado de su cargo, luego de establecerse que suplantó a un anestesista dentro del mismo nosocomio.
En aquella ocasión, la denuncia fue realizada por el jefe de Servicio de Cirugía y Anestesia del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, por un hecho descubierto el día 30 de septiembre del 2022 por la jefa a cargo del Servicio de Quirófano, la cual denuncia haber encontrado al sindicado con la máscara facial sobre un paciente de 8 años que debía ser sometido a una cirugía, el cual ya se encontraba dormido.
Fue así, que la Justicia ahora decidió que los dos casos se unificaran para llevar adelante una sola demanda en contra de esta persona, que recordemos, se encuentra todavía bajo prisión preventiva.
En cuanto a la situación de salud del pequeño intoxicado, el mismo ya recibió el alta médica, pero la leche que recibió en sus pulmones, hacen prever que el menor tendría secuelas a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, por lo que además de la demanda penal, sus familiares llevarán esto a instancias civiles.
Uno de los detenidos por el caso Tamara Fierroatentó contra su vida durante las últimas horas y debió ser internado en el hospital Paterson de San Pedro de Jujuy. Se trata del joven que está acusado como cómplice en la causa que se investiga como femicidio.
El hombre está imputado con la carátula de “Encubrimiento agravado”, mientras que el otro que permanece detenido tiene la carátula por “Homicidio calificado, por circunstancia de género y ensañamiento“, según detalló el fiscal que investiga el caso, Ernesto Lían Resúa.
Al sospechoso se le aplicó protocolo de suicidio, y quedó internado con custodia policial. El próximo viernes se hará la audiencia para informarle los cargos tanto al acusado por el asesinato como al cómplice, según adelantaron fuentes de la investigación.
Según la investigación preliminar, se trató de un hecho aislado de género donde no existía una relación previa, es decir no había una relación sentimental entre los acusados y la víctima. Para la fiscalía, hay evidencia suficiente para apuntarlos como los autores del homicidio.
Los otros demorados por la desaparición de Tamara Fierro
En la causa que busca determinar la desaparición de la joven en Fraile Pintado, había cinco detenidos y tres recuperaron la libertad. El fiscal aclaró que tras la investigación inicial, se las liberó “considerando que se logró recolectar evidencias y testimonios para llegar al autor y encubridor del caso”.
Sonia, mamá de Tamara Fierro dijo que: “No pierdo la fe que mi hija está viva”
El funcionario de la justicia agregó que están aprehendidas dos personas, “el autor y el encubridor”, y dijo que a los dos detenidos “se los sometió al proceso correspondiente donde se estableció su responsabilidad en el caso”, y se solicitó la audiencia pertinente para disponer de “la prisión preventiva”. Detalló que “a más tardar el próximo viernes se conocerán los resultados del ADN de los restos óseos” hallados en el matadero de Fraile Pintado.
Avanza la investigación por el caso de Tamara Fierro, la joven de 29 años quien se encuentra desaparecida desde el sábado 24 de mayo. La fiscalía imputó a dos hombres y caratuló la causa como femicidio.
Antes de la marcha convocada en Fraile Pintado para pedir justicia por Tamara, las hermanas de la joven desaparecida hablaron públicamente sobre el momento que atraviesa la familia, marcada por la angustia y la espera.
La familia pidió que se agilicen los tiempos judiciales y que se tome declaración al principal sospechoso, identificado como Diego Castro. “Queremos que declare él, su familia y la madre. Hay muchas cosas que no cierran”, insistieron.
También criticaron la falta de colaboración por parte de algunos vecinos. “No quisieron entregar las grabaciones de las cámaras“, dijeron. Sin embargo, revelaron que existe un video clave: “Se ve a Diego Castro y a su cuñado con una carretilla y una bolsa. Aún no sabemos qué llevaban“.
El dolor es inmenso. “Mi mamá estuvo toda la mañana llorando, mi sobrina -hija de Tamara- está muy triste”, contaron entre lágrimas. A pesar de todo, la familia destacó el acompañamiento del pueblo de Fraile Pintado: “No nos están dejando solos, nos están ayudando mucho“.
Por otra parte, en horas de la mañana el fiscal de la causa Lian Resúa indicó que se inició una investigación interna para determinar responsabilidades por la filtración de un video en el que se ve a un sujeto empujando una carretilla en donde se cree que se transportaban restos humanos y que es una prueba fundamental para la investigación en el caso. “Se puede considerar como un claro entorpecimiento del proceso que estamos desarrollando, entonces las consecuencias penales por este hecho pueden ser realmente altas”, manifestó.
En un nuevo acuerdo semanal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la pena única de 15 años de prisión einhabilitación absoluta contra Milagro Sala, líder de la organización política y social “Tupac Amaru“, tras desestimar un recurso presentado por su defensa. La decisión unificó dos sentencias firmes dictadas previamente en Jujuy por una serie de delitos cometidos entre 2009 y 2014, entre ellos, asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y con él se ratificó lo resuelto el 10 de febrero de 2023 por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy, que había unificado las penas impuestas a Sala en sus distintas causas. Con esta resolución, la dirigente social de 61 años, que cumple prisión domiciliaria por razones de salud, deberá purgar una condena consolidada y ratificada en las distintas instancias judiciales.
El cómputo de las penas incluyó, en primer lugar, la sentencia dictada el 14 de enero de 2019 en la conocida causa “Pibes Villeros”, en la que la activista fue considerada jefa de una asociación ilícita. Según se estableció durante el juicio, lideraba una estructura que desviaba fondos públicos enviados desde el Estado nacional para la construcción de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Jujuy.
De acuerdo a esas actuaciones, la organización Tupac Amaru centralizaba los recursos estatales y los distribuía a diferentes cooperativas que, bajo su control, debían ejecutar los proyectos habitacionales. Sin embargo, las investigaciones determinaron que parte de esa plata fue redireccionada, en efectivo, hacia Sala y otros miembros de su círculo, y que muchas de las viviendas comprometidas nunca se llegaron a construir.
El Tribunal Oral Criminal 3 jujeño la condenó en ese proceso a 13 años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo, al considerarla culpable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa, fraude a la administración pública y extorsión, en concurso real.
La segunda condena incorporada a la pena única fue dictada por la Cámara de Casación Penal de Jujuy el 15 de febrero de 2019 y luego reducida por la Corte local. En esa causa se la halló responsable de dos hechos de amenazas, por los que recibió una pena de 2 años de cárcel con cumplimiento efectivo.
Según se acreditó, dichos hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014, cuando Sala,en ese momento diputada provincial, realizó dos llamadas telefónicas amenazantes a personal policial de la comisaría del Barrio Alto Comedero.
En la primera comunicación -dirigida al oficial Vásquez-, la imputada reclamó la restitución de unas prendas de vestir secuestradas a una persona allegada a su entorno. Ante la negativa de la autoridad policial, respondió: “son una manga de maricones y van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”.
En la segunda llamada, concretada poco después al teléfono personal de la comisaria Cabero, también se registraron advertencias similares: “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer”.
Ambas condenas fueron ratificadas por los tribunales de apelación correspondientes y luego confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, que en fallos anteriores ya había declarado inadmisibles los recursos de queja de la defensa de la líder jujeña.
En estas actuaciones, ligadas a la unificación de las condenas, la Cámara de Casación provincial había rechazado la postura de la defensa en junio de 2023, que se opuso a esa medida. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, apelación mediante, también desestimó el planteo de Sala.
El expediente se radicó entonces en el Palacio de Tribunales porteño, sede de la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad consideró improcedente el recurso de queja presentado y dejó firme la pena consolidada.
