El gobierno de Javier Milei enfrentó el pasado miércoles la protesta más violenta frente al Congreso de la Nación desde el 18 de diciembre de 2017, cuando se trató la reforma jubilatoria impulsada por la administración de Mauricio Macri.
Barrabravas de equipos de fútbol de primera división y del ascenso estrecharon una vez más sus vínculos con fuerzas políticas de la oposición para ganar la calle, bajo la excusa de defender los derechos de los jubilados que vuelven a marchar cada miércoles para reclamar mejora en sus haberes.
La extrema violencia que se vio entre distintos sectores de manifestantes tuvo su correlato con la dureza de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que venía advirtiendo en la semana lo que podía ocurrir y cuál sería la respuesta del Gobierno.
Milei, fiel a su estilo, salió a defender con firmeza a Bullrich y sus efectivos y a castigar con dureza a quienes protestan: “Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen y queman autos y amenazan a la gente”.
No estaba vestido de azul porque era de Gendarmería, pero ahora deben dar explicaciones ante la justicia por el gendarme que disparo un cartucho de gas lacrimógeno y dio en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo que lucha por su vida.
Mientras tanto, la Casa Rosada probó en carne propia lo que es la justicia contravencional porteña que tantos problemas le generó a las distintas administraciones macristas de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios nacionales pidieron apartar a la jueza Karina Andrade, que liberó a 114 detenidos por considerar que hubo falencias en las detenciones de la policía, que era necesario defender el derecho a manifestarse y que no había lugar en las alcaidías para los presos. Ven detrás de la magistrada al kirchnerismo aunque ella lo niega.
Pero también consideran que hubo connivencia de los violentos con esa fuerza política, con la izquierda y con intendentes del conurbano bonaerense.
Por eso unificaron el discurso detrás de un intento de desestabilización o golpe de Estado y los denunciaron por sedición.
Si faltaba algo, apareció la vicepresidenta Victoria Villarruel para disentir con la posición del gobierno y considerar que, si bien ella está en contra de la violencia y defiende a las fuerzas de seguridad, la movilización formó parte del ejercicio democrático.
Lo cierto es que detrás de la furia de Milei aparece también la preocupación del gobierno por lo que pueda ocurrir en próximas protestas opositoras a lo largo de este año electoral.
Las marchas de los miércoles de los jubilados tienden a repetir lo ocurrido durante el gobierno de Carlos Menem, cuando recogieron el respaldo de la oposición política y gremial que también se movilizó al Congreso.
Algo de eso ocurrirá el próximo miércoles. Las dos CTA, que nuclean a gremios que simpatizan con el kirchnerismo, ya anunciaron que estarán presentes junto a los jubilados, al igual que los militantes de izquierda.
La ministra Bullrich volverá a desplegar un importante dispositivo de seguridad ante la sospecha que puedan repetirse los enfrentamientos, esta vez sin barrabravas a la vista.
Las reuniones están a la orden del día, Bullrich ya mantuvo un encuentro con funcionarios de su ministerio, gente de la SIDE y de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es reforzar el operativo alrededor del Congreso de cara a una nueva movilización el próximo miércoles.
Sin embargo, no es lo único que preocupa. El 24 de marzo, día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se estima que habrá una gran movilización en repudio al golpe militar de 1976, pero también será de protesta contra el gobierno de Milei y unirá a fuerzas políticas, sociales, piqueteras y hasta la CGT.
Después vendrá un nuevo paro nacional de la central obrera contra la administración libertaria, antes del 10 de abril, y se especula que los gremios seguirán en una actitud de movilización, sobre todo en rechazo a las limitaciones que la Casa Rosada quiere imponer en las negociaciones salariales.
Si bien es cierto que hay importantes canales de diálogo con la CGT, los sindicalistas son de lo más pragmáticos y han visto después de la violencia del miércoles que empieza el tiempo de dejar de lado sus divisiones para presionar al Gobierno, sobre todo en un año electoral. No quieren que los políticos los madruguen.
Pero Milei está dispuesto a enfrentar a sindicalistas y fuerzas opositoras como lo viene haciendo hasta ahora. Está seguro que así lo quieren quienes mantienen en las encuestas un importante nivel de respaldo al gobierno.
Milei se juega todo por el todo a hacer una muy buena elección en las legislativas de este año para sumar legisladores en un Congreso donde cada vez se le complica más sacar las leyes que necesita la Casa Rosada. Obtendré al apoyo para el acuerdo con el FMI, pero nadie puede asegurar que ocurrirá con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.
Su hermana, Karina Milei, tiene bien en claro cuáles son las prioridades de La Libertad Avanza y por eso retomará su plan para recorrer el país en busca de cerrar acuerdos y elegir candidatos que defiendan los intereses libertarios.
El Presidente tiene que ganar en las urnas, pero también en las calles. Así lo hizo durante mucho tiempo el kirhnerismo.
