Investigan a una funcionaria del Poder Judicial por violencia doméstica

El Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género N° 1 dispuso una serie de medidas frente a la denuncia de violencia familiar efectuada por un hombre en contra de su expareja y madre de su hija.

En la presentación -por derecho propio y en representación de la niña- el denunciante, cuyo abogado es Franco Vera, expresó su temor en torno a la integridad física y emocional de la pequeña, solicitando que se realicen pericias psicológicas a la mujer que es funcionaria del Poder Judicial.

En la demanda mencionó que de manera reiterada era violentado no solo por la madre de su hija, sino también por los hermanos y la madre de ella.

La jueza interviniente Mónica Cruz Martínez ordenó a ambos progenitores asistir -por separado- a una entrevista psicológica y en procura de proteger la integridad psicofísica del hombre, ordenó a la exmujer, sus hermanos y madre que por el plazo de ciento veinte días cesen “cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual, económica patrimonial y o simbólica, por si o por interpósita persona y o por cualquier medio, tanto en el ámbito doméstico, mediático, espacio público y o digital telemático” en contra del denunciante, “bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de girar las actuaciones al fiscal, a los fines que investigue la posible comisión de un delito fiscal”. A la Policía de la Provincia ordenó prestar colaboración cuando el hombre lo requiera.

Por otro lado dio intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para que se constituya en el domicilio de la menor a fin de verificar que “sus derechos no se encuentren vulnerados, debiendo remitir el informe con habilitación de días y horas bajo apercibimiento de girar las actuaciones al fiscal para que investigue la posible comisión de un ilícito penal”.

“Con esta demanda busco proteger la integridad física y emocional de mi hija”, expresó el damnificado al narrar que el 14 de febrero pasado fue excluido del domicilio familiar, quedando la niña al cuidado exclusivo de la madre.

Relató que fue víctima de golpes, patadas, escupitajos y agresiones por parte de la mujer frente a la pequeña. Enfatizó que desde entonces presenció situaciones alarmantes que pusieron en riesgo la seguridad de la menor y en ese marco recordó un episodio en que la mujer “conducía en estado de ebriedad” con la nena a bordo del vehículo, hecho que fue expuesto en sede policial.

También sostuvo que la denunciada “manipula” a la menor para “evitar todo contacto conmigo, afectando gravemente nuestro vínculo”.

Ante esta situación había solicitado de manera urgente una medida de restricción perimetral que impida a la mujer y sus familiares acercarse al domicilio, lugar de trabajo del demandante e incluso a la nena, al pedir que se le conceda la tutela de su hija “para garantizar su bienestar y seguridad”.

Asimismo promovió que se realicen pericias psicológicas tanto a la menor como a los denunciados.

Como la mujer es una profesional que se desempeña en la Justicia, podría llegar a ser apartada de sus funciones hasta tanto se diluciden los hechos que la tienen como protagonista.

Fuente: El Tribuno

Asumieron tres nuevos jueces en el Poder Judicial de Jujuy

El acto protocolar se concretó con la presencia de funcionarios de  la Suprema Corte de Justicia de la provincia, autoridades judiciales e invitados especiales. 

En una ceremonia presidida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, asumieron tres nuevos jueces en el Poder Judicial. Se trata del Dr. Mariano Ramiro Zurueta como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el Dr. Alejandro Máximo Gloss como Juez con Función de Juicio y la Dra. María Leonor del Milagro Espeche como Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.

El acto de toma de juramento y posesión en los cargos se llevó este martes en Salón Vélez Sarsfield, en presencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Ekel Meyer –presidente-, Sergio Marcelo Jenefes – vicepresidente-, María Silvia Bernal, Federico Francisco Otaola, Laura Nilda Lamas González, Mariano Gabriel Miranda, María Eugenia Nieva y Martin Francisco Llamas.

En este marco, y luego de tomar juramento a los nuevos magistrados, el Dr. Ekel Meyer se dirigió a los presentes al destacar que es un día especial -como cada vez que jura un juez o una jueza- porque supone un acto institucional importantísimo para el Poder Judicial.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, en esta línea, explicó que en la oportunidad juran dos jueces con una extensa trayectoria en el Poder Judicial – el Dr. Alejandro Gloss y la Dra. María Espeche – y un nuevo magistrado que llega del litigio, el Dr. Zurueta, quién además aprobó con el máximo puntaje el examen realizado por el Tribunal Evaluador para acceder al cargo.

“Estamos transformando este Poder Judicial, estamos llevando adelante muchos cambios y la compañía y labor de ustedes es fundamental”, subrayó el Dr. Meyer al dirigirse a los flamantes magistrados y recordó la importancia del sistema de concursos para el acceso a cargos, que permite una competencia libre entre todos los abogados que deseen postularse para, de este modo, elegir a los mejores.

Estas últimas tres leyes son fundamentales en estos trascendentales cambios que tienen que ver con los justiciables, con la velocidad de trabajo que deben llevar adelante cada uno de los jueces y el conjunto de funcionarios y empleados; “debemos trabajar para mejorar lo que nos reclaman cotidianamente”, afirmó el presidente.

En el tramo final de su alocución, el Dr. Meyer dijo que “el otro día hacía una defensa sobre el tema de algunos señores que pretenden con un pedido de intervención tener cuestiones personales que solucionar” y sobre ello aseveró “vamos a hacer una defensa absolutamente fuerte respecto de todos los jueces y funcionarios de este Poder Judicial que trabajan día a día y que no merecen ser maltratados”.

Estuvieron presentes en la ceremonia el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Sergio Lello Sánchez; la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Dra. María Gabriela Burgos; el Procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Ignacio Pasquini; el Secretario de Justicia de la provincia, Dr. Javier Gronda; el Presidente del  Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Alejandro Domínguez;  el Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Dr. Ramiro Tizón; magistrados, magistradas y fiscales de la Justicia Provincial y Federal; defensores públicos, legisladores provinciales, funcionarios y empleados judiciales, autoridades de la Asociación Judicial e invitados especiales.

Empleados judiciales Jujeños se oponen al pago del impuesto a las ganancias

Empleados judiciales de Jujuy manifestaron su rechazo al plan del Gobierno Nacional para que magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a la ganancia.

La iniciativa fue incluida en el proyecto del Presupuesto 2023 que desde hoy se debate en el Congreso.

“Desde hace años sostenemos que el salario no es ganancia, por lo tanto nos oponemos a que empleados del Poder Judicial se vean afectados por este impuesto”, indicó en diálogo con nuestro medio, Claudio Mendoza, secretario administrativo de la Asociación Judicial de Jujuy.



En el marco de la asamblea que llevó adelante el gremio esta mañana en el ingreso al edificio de Tribunales de calle Independencia, Mendoza señaló que “el Poder Ejecutivo Nacional debería buscar que paguen impuesto otros sectores que tienen ganancias extraordinarias como las cerealeras o los bancos internacionales”.

Detalló luego que en caso de aprobarse la medida el salario de los empleados judiciales se vería afectado en aproximadamente un 20%. Recordó en ese sentido que “en la Constitución está establecido que el sueldo de jueces y magistrados no puede estar afectado por ningún tipo de impuesto”.

Finalmente se mostró cauto con lo que puede llegar a suceder en el Congreso en las próximas horas. “Hay que esperar”, dijo.

Fuente: Somos Jujuy




Cerruti dijo que la verdadera casta es el Poder Judicial, que “nunca permitió una reforma”

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, aseguró que con la Causa Vialidad “se está montando un show mediático judicial de persecución” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y negó que Alberto Fernández haya comparado el suicidio de Alberto Nisman con la situación del fiscal Diego Luciani.

“Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche, la comparación la hicieron los periodistas. Lo que dijo, además de demostrar la falta total de pruebas, es que el fiscal Luciani haría bien en leer la Constitución por la falta de pruebas que tiene su alegato”, sostuvo.

En esa línea, Cerruti remarcó que “hoy hay un montón de denuncias que involucran a (Mauricio) Macri y que ningún juez se ha decidido a investigar”. “Si alguien armo causas en este país es Pepín (Rodríguez Simón), que sigue prófugo, y el gobierno de Mauricio Macri”, subrayó.

“Este Gobierno cree absolutamente en una Justicia republicana e independiente. El Poder Judicial en Argentina es una casta porque en todos estos años no ha permitido que se lo reforme”, enfatizó.

Este jueves comienza otro juicio contra Milagro Sala

Este jueves, 18 de agosto de 2022, comenzará en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 el juicio oral y público a Milagro Amalia Ángela Sala, al abogado Antonio Alberto Bellido y al empleado judicial Marcos Daniel Romero, acusados por la sustracción y destrucción de un expediente de la justicia provincial.

Romero está imputado como supuesto autor de los delitos de “Cohecho pasivo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real, en carácter de coautor y todo ello en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En tanto, Antonio Bellido, se encuentra acusado como supuesto autor de los delitos de “Cohecho activo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”.

Mientras que Milagro Sala, será juzgada como supuesta determinadora directa del delito de “Cohecho activo y de sustracción de documento público, en concurso ideal; con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”

El Tribunal estará integrado por las juezas María Margarita Nallar – presidente de trámite -, Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig, secretaría a cargo del Dr. Rodrigo Burgos.

Acusación

De acuerdo al requerimiento del Ministerio Público de la Acusación, el 22 de diciembre de 2009, en horas de la mañana, en circunstancias en que Nelson Echenique,  auxiliar administrativo del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3 – Secretaría Nº 6-  se encontraba en dependencias del Poder Judicial, ubicada en Independencia esquina Argañaraz de San Salvador de Jujuy, tras retirarse de la oficina donde prestaba sus servicios, en el edificio sito en Urquiza Nº 462 – 2º piso-,  a los fines de hacer firmar el despacho en aquel edificio, fue que el imputado, Marcos Daniel Romero, auxiliar administrativo y compañero de oficina de Echenique, habría aprovechado que estaba solo en la oficina, para apoderarse ilegítimamente de dos expedientes que se tramitaban en dicha dependencia.

Se trata de los expedientes identificados con el Nº 1401/07 caratulado “Ávila y Páez, p.s.a. del delito de Tentativa de Homicidio, compuesto por cuatro cuerpos de 200 fojas cada uno; más el expediente Nº 6134 asunto: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 28/08 Sala de Apelaciones Cámara Penal – Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. Cristina Marco Agente Fiscal Nº 3 habilitada en el Expte. Nº 1401/07:“ Ávila, Fabián Alberto y Páez, Jorge Rafael p.s.a. de tentativa de homicidio – Ciudad”; siendo que el expediente principal iniciado había sido asignado al instructor Echenique para su tramitación.

El imputado Romero los habría sacado del entorno del Juzgado, tal como lo habría planeado previamente con otro de los acusados, Alberto Bellido, por requerimiento e instrucción de Milagro Sala, con el fin de hacer desaparecer dichos expedientes, en el que se encontraban gravemente comprometidos integrantes del círculo de allegados a la Jefa de la Organización Barrial Tupac Amaru, acusados de haber cometido el hecho delictual de un enfrentamiento con armas de fuego en el que resultó gravemente herida una niña.

A los tres días de sustraído ilegalmente el expediente judicial, el 25 de diciembre de 2009, en horas de la noche, Alberto Bellido habría pasado a buscar en una camioneta a Romero por su domicilio, este habría subido a la misma con los expedientes en una bolsa negra tipo consorcio.

Seguidamente, ambos se habrían dirigido a la casa de Milagro Sala, en donde Bellido le habría manifestado a ésta que ya tenía el expediente y que lo iban a quemar.

Luego, Bellido y Romero se habrían dirigido al barrio Norte, a un  basural ubicado en la Ruta provincial 2, en donde ambos, luego de descender del vehiculo con el expediente, procedieron a desprender  las hojas o fojas del mismo y quemarlas, logrando su destrucción total.

Por esa acción el inculpado Bellido habría pagado al imputado Romero una importante suma de dinero, que habría sido previamente entregada al primero de los nombrados por Milagro Sala, a ese efecto.

Posteriormente, Bellido habría dejado a Romero en las inmediaciones de la vieja Terminal, para dirigirse después al domicilio particular de Sala con la finalidad de anoticiarla que el trabajo ya estaba hecho.

Las partes en el juicio

El fiscal ante el Tribunal será el Dr. Darío Osinaga Gallacher.

Los abogados defensores de los acusados serán los Dres. Marcelo Elías y Alberto Mendivil, por Marcos Romero; Dres. Julián Martín Palmieri, Juan Ángel Cabezas Hametti y Alberto Bellido (por derecho propio) por Alberto Bellido; y Dr. Luís Hernán Paz y Dra. Paula Álvarez Carrera por Milagro Sala.

Presentó su renuncia funcionario del Poder Judicial

Se conoció en las últimas horas la renuncia del secretario del Juzgado en lo Contencioso administrativo del la provincia, Diego Nicolás Lemme Haquim. Su alejamiento se produce tras un hecho violento ocurrido hace unos días en el predio de Ciudad Cultural y que fue de público conocimiento.

Fuentes judiciales confiaron a El Tribuno de Jujuy, que la presentación formal de su dimisión se produjo en esta tarde y es de carácter indeclinable. 

Cabe recordar que el ahora exfuncionario judicial había realizado recientemente una denuncia contra la policía de la provincia  por presunto abuso de autoridad en el citado hecho. 



SUCEDIÓ EN RIO BLANCO EN EL AÑO 2018
CONDENARON A UN HOMBRE A 10 AÑOS DE PRISIÓN POR EL DELITO DE “ROBO AGRAVADO POR HOMICIDIO”

El Tribunal en lo Criminal N’ 2 condenó a diez años de prisión a Joel Maximiliano Martínez, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de ‘Robo Agravado por Homicidio, hechos ocurridos en la localidad de Río Blanco, Palpalá.

La sentencia fue dictada el 9 de febrero del año en curso, por el Tribunal integrado  por el juez Luís Ernesto Kamada -presidente de trámite- y las juezas Cecilia Sadir y Felicia Barrios en tanto, como secretario se desempeñó el Dr. Jorge Rodríguez.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos sucedieron el 26 de octubre de 2018, en el interior de una vivienda ubicada en una finca rural de la localidad de Río Blanco. Palpalá, donde se encontraba la víctima, Juan Lucio Giménez.

Entre las 3 y las 8 horas del día indicado, el imputado ingresó a la casa con intenciones de robo, y tras un forcejeo, atacó a Giménez con un arma blanca produciéndole lesiones graves en el cuello, que provocaron la muerte de la víctima.

Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó el Dr. Diego Cussel. En tanto, la defensa técnica del acusado la ejerció la Dra. María Florencia Quintar. Defensora Oficial del Ministerio Público de la Defensa Penal.

Así mismo, la Querella estuvo a cargo del Dr. Walter Rondón, en representación del Centro de Asistencia a la Víctima.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer dentro de los plazos legales establecidos en el Código Procesal Penal de la Provincia, fecha a partir de la cuál, las partes podrán solicitar su revisión ante una instancia superior.