El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles suspender de manera provisoria los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que derogaba el feriado del 27 de junio para los trabajadores de la administración pública nacional.
La medida cautelar fue dictada a raíz de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que solicitó la protección judicial ante la inminente pérdida de la jornada conocida como el “Día del Trabajador Estatal”.
La demanda buscó, en su inicio, la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 1 del DNU 430/2025. Ese fragmento del decreto derogó el artículo 2 de la Ley 26.876, normativa que había establecido el 27 de junio como un feriado remunerado para los empleados estatales.
La resolución
En el fallo, la juez nacional del Trabajo Moira Fullana resolvió:
– Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa.
– Admitir la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional.
– Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, adoptó la decisión de implementar un paquete de medidas económicas y fiscales, a los efectos de “ayudar a los jujeños” ante los desafíos que presenta la actualidad del país.
En este contexto, anunció que aliviará la carga fiscal, lo que implica “menos impuestos para los contribuyentes jujeños”, decisión que se materializa en la firma del Decreto Nº 2980, por el cual “bajamos impuestos” y “cuidamos a quienes todos los días trabajan, producen y generan empleo en Jujuy”.
En este sentido, precisó que “vamos a reducir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para sectores clave de nuestra economía local”.
A tal efecto, se estableció el esquema que a continuación se consigna:
Disminución del 50% para servicios de apoyo agrícolas y pecuarios.
Disminución del 50% para servicios de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros. Excepto transporte internacional.
Disminución del 50% para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
Disminución del 50% para servicios minoristas de agencias de viajes.
Disminución del 25% para servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares.
“Esto es un verdadero alivio para poder crecer y seguir adelante”.
En otro orden, el dispositivo hace referencia al Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre Ingresos Brutos, excluyendo a los productos destinados a procesos productivos.
También detalló que “eximimos en un 100% el Impuesto de Sellos para contrato de alquileres de vivienda, concepto que baja a la mitad para contratos comerciales”. “Detrás de cada contrato hay una familia, un emprendedor o un comerciante que apuesta por Jujuy”, argumentó.
Por otra parte, Sadir aseguró que “queremos acompañar a quienes producen, trabajan y apuestan por nuestra provincia” y es por ello que también decidió “garantizar estabilidad a los trabajadores del Estado”, mediante el Decreto Nº 3030 que dispone el pase a planta permanente de agentes que tienen más de cinco años de antigüedad al 31 de diciembre de 2024.
“Por primera vez, esta medida incluye a los interinos y reconoce los adicionales y jefaturas que perciben actualmente”, puntualizó y subrayó que “esto constituye un paso importante que reconoce el compromiso de quienes día a día sostienen la administración pública y acompañan nuestra vocación de mejorar la vida de los jujeños”.
El gobernador aclaró que esta medida “no implica un aumento en la planta del Estado ni mayores erogaciones” y recalcó que “en todo caso brinda estabilidad a quienes vienen cumpliendo funciones bajo contrato de servicios”.
“El Presidente de la Nación ha firmado el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima. Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin”, anunció Manuel Adorni.
La decisión se concretará esta semana, probablemente mañana, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto que firmó hoy el Presidente. Fue pergeñada por Diego Chaher, el encargado de acondicionar las compañías del Estado para su posterior venta, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de que estuviera al tanto de la decisión Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, la provincia donde está emplazado el yacimiento que genera, explota, transporta y comercializa carbón desde mediados del siglo pasado, pero trabaja a medias y de manera intermitente desde hace años.
El Gobierno no quería sumar un motivo de discordia con el siempre esquivo mandatario de la región Sur, con quien la relación varía según el momento y el tema, y de quien el oficialismo depende para aprobar sus iniciativas en el Congreso.
No está decidido cuándo avanzarán con la venta -hay tres grupos que se postulan para quedársela-, pero por ahora se dispondrán a empezar a sanearla: presentar los balances contables de la entidad a la Inspección de Justicia, aggiornar los reglamentos internos, etc. Será un camino largo, proyectan en la Nación.
YCRT enfrenta una crisis que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La empresa, que condujo Aníbal Fernández durante la gestión de Alberto Fernández, incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Está desde hace varias administraciones en una situación crítica por la alta superpoblación de trabajadores, la falta de inversión, los problemas administrativos y los manejos irregulares.
El Gobierno decretó la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una Sociedad Anónima (SA). Así lo hizo mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 116/2025publicado este jueves a la madrugada en el Boletín Oficial, minutos después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo adelantara con un posteo en su cuenta de X. Según el decreto, la decisión busca modernizar la estructura operativa y jurídica del banco, alineándolo con prácticas de gobierno corporativo internacionales.
“El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, fue el escueto mensaje difundido en redes sociales por el funcionario.
El decreto establece que el nombre pasará a ser Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.) y que continuará siendo controlado mayoritariamente por el Estado Nacional, que poseerá el 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina tendrá el 0,1 % restante.
Según el documento, la transformación permitirá “mejorar la capacidad del banco para competir en el sector financiero, optimizar la asignación de recursos y fortalecer su posición en el mercado, garantizando la continuidad de su operatividad”.
La medida se enmarca en el Decreto 70/2023, que estableció la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas, y en la Ley 27.742, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para reorganizar estructuras estatales con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público.
El decreto también establece que, una vez finalizado el proceso de transformación, seguirán vigentes ciertos artículos de la Ley 21.799 que regulan la actividad del BNA.
Se trata del punto final a una iniciativa llevada a cabo puertas adentro de la institución bancaria comandada por el presidente Daniel Tillard y el vice Darío Wasserman desde hace unos meses, tras cerrar el balance del año 2024 y luego de que no prosperara la intención de llevar esto a cabo en la primera versión de la Ley Ómnibus en el verano de 2024.
La conversión en una Sociedad Anónima podría permitir la entrada de capital sin que necesariamente implique su privatización y cambios tanto en la estructura interna como en los productos financieros, políticas de crédito y tarifas, orientadas a maximizar la rentabilidad
Desde que se conoció la intención de hacer cambios profundos de parte de la nueva administración, desde diferentes entidades gremiales bancarias mostraron su rechazo a la posibilidad de privatización y de conversión en SA. Según insistieron, el rol principal del banco es “dar una asistencia social a los argentinos” que es “irrenunciable” y que no puede dar ningún banco privado, puesto que “estos solo buscan ganar dinero e incrementar la rentabilidad”.
Además, durante las discusiones legislativas de la Ley de Bases a mediados de 2024, el BNA fue excluido de la lista de empresas a privatizar, reflejando la resistencia política a su transformación en SA.
Pese a los críticas, la presidencia del banco continuó con sus planes y hace menos de un mes, habían sido anticipados por algunos detalles sobre la conversión a SA a través de un comunicado de prensa.
“Banco Nación ya cerró su balance especial de transformación al 31/12/2024 y la nueva Sociedad Anónima tendrá activos por $ 48 billones, depósitos y otras obligaciones por $ 33 billones. En tanto, el Patrimonio Neto (PN) de la SA ascendería a $ 15 billones”, explicaron en aquel comunicado de prensa.
La transformación en sociedad anónima, según sostuvieron, es algo “imprescindible” si es que se busca continuar aumentado los préstamos “a favor de las PyMEs y las familias”.
“Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”, enfatizaron.
En ese sentido, precisaron que “el capital social será un valor nominal determinado en el estatuto y el valor de la acción resultará de dividir el PN por el capital social”
La Sociedad Anónima tendrá una cartera de préstamos de $15 billones al 1/01/2025 con “la mejor tasa de cobrabilidad de la historia reciente”, ya que los desembolsos del Banco tuvieron un crecimiento extraordinario en 2024 (más de 600%).
Según añadieron, a lo largo del año pasada, la “entidad aumentó su participación de mercado por más de 600 puntos básicos, alcanzando el 17,5% del total” y reafirmaron “su liderazgo en el sistema financiero cualquiera sea la medición: activos, depósitos, préstamos y patrimonio”.
Al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, Javier Milei finalmente firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. En el Boletín Oficial será publicado el decreto que estableció el veto en medianoche del domingo al lunes próximos.
La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.
En el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
La fórmula de movilidad jubilatoria solo había sido rechazada por los senadores oficialistas (Foto: Comunicación Senado)
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo.Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes, estimó el gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025.Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron a este medio. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.
Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo pidió al Congreso y a los espacios políticos no comprometer a los argentinos al sancionar proyectos que vayan contra el equilibrio fiscal (Comunicación Senado de la Nación)
Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.
Uno de los apartados que fue puesto bajo la lupa se trató del artículo N°3, en el que se plasmó la intención de otorgar un aumento adicional correspondiente al desfasaje que habría ocurrido en enero de este año por el índice de inflación registrado. El mismo despertó una fuerte negativa, puesto que recordaron que las variaciones económicas fueron compensadas en el cálculo de movilidad que se realizó en junio.
Otro de los errores técnicos que llevaron a que el Gobierno rechazara la iniciativa fue la decisión de tomar a la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave para calcular las actualizaciones. Principalmente, porque el INDEC elabora el índice a partir de las necesidades que presentaría un hombre de entre 30 y 60 años, cuando las jubilaciones son percibidas por hombres y mujeres de 60 años en adelante.
Desde el Gobierno reconocieron que entre 2020 y 2023 los haberes de los jubilados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 45% como consecuencia de la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria que se puso en funcionamiento en 2020. Sin embargo, sostuvieron que la movilidad jubilatoria promulgada en el Decreto N° 274/2024 debía seguir en pie, debido a que era una medida capaz de asegurar que los jubilados no volverán a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
En línea con esto, recordaron que los ciudadanos y 17 gobernadores apoyaron la firma del Pacto de Mayo, cuyo artículo 8° asentó la necesidad de poner en funcionamiento un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que le brinde sustentabilidad al sistema. Asimismo, pidieron no caer en “los espejismos de falsas mejoras” e instaron a la política, con especial énfasis al Congreso de la Nación, a trabajar y tomar decisiones que no comprometan el futuro de los jóvenes argentinos.
Oscar Zago, del MID, y Cristian Ritondo, del PRO, participaron de la reunión con el Presidente y su mesa chica
Luego de que la fórmula de movilidad jubilatoria fuera aprobada por el Congreso de la Nación, el oficialismo se concentró en aceitar la relación con los diputados aliados al Gobierno, entre ellos, integrantes del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Una semana más tarde de que el proyecto fuera sancionado, el Presidente convocó a una mesa chica para explicar la importancia de que la medida no fuera promulgada. También estuvieron presentes sus funcionarios de mayor confianza.
A pesar de que los legisladores del PRO habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones, en esta oportunidad, sus representantes se comprometieron a apoyar la decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, plantearon la necesidad de que su espacio comience a trabajar junto a La Libertad Avanza (LLA) para reforzar la postura del oficialismo.
“Sesiones como estas, debilitan al gobierno ya que no poseen las mayorías parlamentarias, la oposición termina poniendo sesiones cuando quieren y sacando las leyes que ellos quieren”, advirtieron los aliados al plantear que será necesario incluir a los gobernadores e intendentes del PRO a la mesa. Y enfatizaron que la cooperación entre los espacios será clave “para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
En el caso de que la alianza prospere en el ámbito legislativo, el Gobierno ganaría mayor terreno en ambas cámaras e impediría que la iniciativa reciba los votos necesarios en su regreso y revisión en la Cámara Baja. Así lo pronosticó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al asegurarle a la prensa que “con la presencia nuestra no van a llegar a los dos tercios”. Un acuerdo que provocaría un efecto dominó en los futuros proyectos que pudieran impulsar desde la oposición.
Por primera vez el Municipio de Calilegua declaró para hoy asueto por el Jueves de Compadres.
“Considerando que estas actividades forman parte de la tradición y cultura de nuestras tierras”, es que el intendente Raúl Cesar Chávez sancionó un decreto para que los agentes públicos del Municipio de Calilegua puedan concurrir a celebrar después de las 10 de la mañana.
Quedan exceptuados, “los servicios esenciales de la comuna que serán determinados por el área del personal del Municipio”, señalaron en el artículo 2.
En conferencia de prensa, Gerardo Morales señaló que “se ordenó a EJESA a disponer la refacturación del periodo vigente para el pago”. La decisión del Ejecutivo Provincial responde a la situación generada a raíz de los numerosos casos de incremento excesivo en la facturación de energía eléctrica, lo que llevó al gobierno a fijar una auditoría administrativa y del parque de medidores, además de suspender los cortes de suministro eléctrico.
A través del Decreto 6.545, “estamos ordenando a EJESA que refacture manteniendo las bases en el periodo anterior, y que solo impacte en la tarifa el 14% que autorizó la Provincia y el 34% que dispuso el Gobierno Nacional, de modo tal que, en la refacturacion los incrementos no podrán superar el 48%”, subrayó Morales.
El mandatario señaló que “quienes hayan pagado, EJESA les deberá hacer una nota de crédito” valedera para la próxima facturación. Dicho procedimiento la empresa deberá hacerlo de oficio y sin necesidad de ser gestionado. Aclaró, además, que la refacturación deberá efectivizarse “en todos los casos en los que se haya superado el 48 por ciento de incremento”.
En cuanto a los usuarios que tengan mayores consumos indicó que “deberán arreglar con EJESA la forma de pago en cuotas de esa tarifa vigente”.
“No aceptamos incrementos del 150%, el 200% y el 250%, hay incrementos tremendos que no tienen que ver con la lógica de incrementos establecidos por la provincia que se realizan con un alto grado de responsabilidad y atendiendo a que no excedan los incrementos salariales”, enfatizó Morales.
Puntualizó que “la medida dispuesta en el Decreto es de aplicación inmediata”, por lo que “EJESA deberá actuar de oficio con la refacturación y tendrá que sustituir las boletas a vencer próximamente”.
Otra medida tomada por el Ejecutivo Provincial es “la suspensión de la segmentación dispuesta por el Gobierno Nacional que impactaría en la próxima factura de una manera importante”, sostuvo el Gobernador. Aclaró que la suspensión se dispondrá hasta que Nación comunique el registro de subsidios eléctricos para usuarios.
La medida se mantendrá “hasta tanto no tengamos el conocimiento del universo de usuarios del RASE y no se cumplan los aspectos de las resoluciones nacionales y decretos nacionales vinculados a los subsidios eléctricos”, reiteró.
Especificó que “el único aumento autorizado por la provincia es del 14 por ciento, sumados al 10 del primer trimestre sobre un tercio de la boleta y del componente de la distribución”. “Todos los otros incrementos son de nación, dictados en la disposición 122 de la Secretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaria de Energía del Ministerio de Economía y la Resolución 467 de la Secretaria de Energía de Nación, en el marco del Decreto 332”, añadió.
Morales recordó que sigue en vigencia el subsidio provincial, a la vez anuncio que “se mantendrán mecanismos de ayuda para el pago por impacto de medidas nacionales y no de la provincia, que solo autorizó un 14 por ciento de incremento”, remarcó. “Cuando se aplique la segmentación va a estar el gobierno provincial ayudando a nuestros usuarios”, afirmó.
En cuanto al alcance de la medida establecida en el decreto, el mandatario indicó que incluye “a todos los usuarios residenciales” y “que con los otros sectores estamos trabajando en particular”.
En el marco de un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Seguridad Vial, el Ministro de Seguridad, Luis Martín junto a su gabinete y cúpula policial mantuvieron una reunión con intendentes y jefes comunales para diseñar y coordinar los operativos de prevención en todo el territorio.
Tras la última medida del Comité Provincial de Emergencia que implica completar el esquema de vacunación contra el Covid-19, el ministro Martín expresó que “es una resolución importante que permite garantizar la salud de todos”.
Continuando indicó que el Pase Sanitario es una medida para quienes concurran a aquellos lugares de masiva concurrencia al aire libre o espacios cerrados. Los asistentes deberán contar con el esquema de vacunación completo, es decir las dos dosis.
“La provincia cuenta con una gran cantidad de dosis para ser aplicada, se solicita a la comunidad que asista a los lugares de vacunación. Debemos cuidar esta meseta epidemiológica y no tan solo esta medida contribuye a cuidarnos sino también el uso del barbijo y el distanciamiento social”.
Sobre el control, el ministro sostuvo que a partir de los 12 años deberá exhibir el Pase Sanitario a través de la página Mi Argentina de manera digital o llevando el carnet de papel impreso.
A su vez, el titular de la cartera precisó que es necesario el acompañamiento de todos los sectores para el control y para que la medida se cumpla con el objetivo de evitar contagios.
“En esta reunión, donde convocamos a los intendentes, comisionados municipales y secretarios de gobierno municipales logramos coordinar acciones para que no solamente como organismo de control exijamos el Pase Sanitario sino que a través de sus áreas respectivas se colabore en la concientización”, afirmó el Martín.
Continuando el ministro sostuvo que es necesario cumplir con el aforo del 70 % de capacidad y respetar también esta medida.
“Estamos atentos las 24 horas del día para brindar seguridad y vamos a trabajar codo a codo con todos los sectores, le pedimos a la sociedad que sean responsables y solidarios para que podamos pasar unas fiestas de fin de año en familia y luego llegar a disfrutar el carnaval. Y esto depende del comportamiento y cuidados de todos”, finalizó.
Nueva reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial
Por su parte, el Secretario de Seguridad Vial, Alejandro Marenco sostuvo que uno de los ejes planteados fueron los siniestros viales protagonizados por motociclistas. “El sistema de salud de provincia vuelve a elevar su capacidad en terapia intensiva y traumatología donde las estadísticas indican que el 64 % son personas que tuvieron un hecho vial en motocicletas, esto preocupa y por eso vamos a reforzar la prevención en rutas”.
En cuanto a los operativos para la temporada veraniega, el funcionario precisó que la misión es brindar tranquilidad a los visitantes que transiten, por tal motivo se presentó el Programa “Baja un cambio” con el fin de prevenir y concientizar sobre respetar las velocidades máximas.
Por último subrayó que a fines de mes se recibirán tres unidades móviles por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para enriquecer los controles en los distintos corredores viales.
Después de los anuncios de la ministra Carla Vizzotti en relación a la flexibilización de las restricciones en el marco de la pandemia de coronavirus, como la obligatoriedad del uso del barbijo, desde el Gobierno provincial aclararon que en Jujuy se mantendrán las restricciones vigentes hasta tanto se reúna el Comité Operativo de Emergencias y determine las modificaciones.
“Levantamos la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre, sin personas alrededor ni en aglomeraciones”, informó Carla Vizzotti.
El coordinador del COE, Omar Gutiérrez explicó si bien hubo un anuncio desde Nación, aún no se firmó el decreto para que entre en vigencia la medida y señaló que una vez que se publique, se tomarán las determinaciones para Jujuy.
“En principio, en la provincia las restricciones son muy pocas, nosotros ya venimos avanzando en la mayoría de las cosas”, explicó Gutiérrez.
De esta manera, el uso del tapabocas tanto en lugares cerrados como al aire libre, continúa siendo obligatorio en todo el territorio provincial, como así también todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia.
