Sergio Enrique Lello Sánchez, el hombre que durante casi una década manejó con puño de hierro el Ministerio Público de la Acusación(MPA), enfrenta hoy su fardo más pesado: la soledad de los Tribunales. En una audiencia imputativa clave, la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar le leyó formalmente los cargos del Legajo N° 15.345/2026, que lo acusan de la presunta autoría del delito de “peculado de servicio, veinte hechos en concurso real”.
La imputación actual marca el colapso definitivo del blindaje que rodeó al exfuncionario entre los años 2016 y 2025. Quien fuera considerado el “brazo ejecutor” judicial indiscutido del gobierno del exgobernador Gerardo Morales —el encargado de motorizar los expedientes más sensibles de disciplinamiento político en la provincia— se encuentra hoy formalmente acorralado por el propio sistema que ayudó a edificar.
La matriz delictiva y el quiebre del sistema
Según la hipótesis de la fiscalía, Lello Sánchez montó una matriz delictiva en la cual usaba al personal y los recursos materiales del MPA para su propio beneficio y el de su familia.
El ámbito temporal de la investigación quedó estrictamente delimitado entre los meses de junio del año 2021 y marzo del año 2025, un período de altísima conflictividad social en la provincia donde el organismo centralizó denuncias y causas exprés. Aunque los beneficios del desvío habrían alcanzado a su entorno íntimo, fuentes judiciales confirmaron que su esposa por ahora no está siendo imputada.
La causa penal tuvo su origen en el quiebre institucional registrado en la sesión legislativa del 2 de octubre del año pasado. En aquella jornada, la Cámara de Diputados provincial, a instancias de una presentación reflotada por el diputado Facundo Figueroa Caballero, dio curso a un pedido de juicio político y suspensión inmediatacontra Lello Sánchez y el procurador adjunto Ignacio Pasquini.
La denuncia original no provino de la oposición, sino de un grupo de varios denunciantes que incluyó a ex fiscales de la propia estructura que habían sido previamente desplazados y hostigados por la cúpula del organismo. El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió de inmediato el pedido a la Comisión Investigadora, que ejecutó la suspensión fulminante para evitar la alteración de pruebas.
Los secretos secuestrados en la calle Sarmiento
El corazón de la acusación por peculado (fijada técnicamente entre 17 y 20 hechos en concurso real en las distintas fojas del expediente) se nutre directamente del material probatorio recolectado en el histórico allanamiento de la sede central de la calle Sarmiento, tras la salida de Lello Sánchez. El sorpresivo operativo policial arrojó el secuestro masivo de:
- Equipos informáticos (computadoras de escritorio, notebooks y netbooks).
- Discos rígidos, servidores y dispositivos de almacenamiento masivo.
- Teléfonos corporativos y registros de subastas de bienes de la institución.
- Legajos personales de funcionarios y magistrados.
Este último punto es el que genera mayor zozobra en los tribunales locales. Los investigadores intentan determinar si, más allá del uso indebido del personal para fines familiares —núcleo de la figura de peculado de servicios—, las computadoras y los teléfonos del exprocurador guardan las trazas de operaciones de mayor envergadura, tales como el presunto armado de causas y persecución ilegal vinculadas al escándalo de espionaje e implantación de pruebas conocido como el caso Pederiva – Atauche.
La estrategia del imputado y las penas posibles
Conocedor al detalle de los pasillos procesales, Lello Sánchez decidió asumir su propia defensa técnica (litigar en causa propia) y ejecutó un movimiento predecible para ganar tiempo: recusó a la fiscal Serrano Antar en la última jornada. Ahora, la continuidad de la investigación penal quedó supeditada a la decisión del Juez de Control que presidió la audiencia, quien deberá resolver si la magistrada es ratificada o apartada para que la causa siga su curso.
Por el momento, el exjefe de los fiscales se encuentra imputado en libertad, bajo los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la escala penal que prevé el ordenamiento jurídico para el artículo 261 (segundo párrafo) es severa: establece penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que emplee en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la administración pública.
Al aplicarse el artículo 55 de concurso real por la acumulación de múltiples hechos independientes, las penas se suman, tomando como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas. La era donde el MPA operaba con la velocidad de un rayo para cumplir con los dictados del poder político ha terminado; ahora, los tiempos los maneja la misma Justicia ordinaria que hoy lo coloca en el banquillo de los acusados.
Por Jujuy al momento
