Colapso cloacal y olores nauseabundos en un barrio de Palpalá

Un persistente derrame de líquidos cloacales genera indignación y preocupación en la comunidad del barrio Santa Bárbara B de la ciudad de Palpalá

La pérdida, ubicada puntualmente en la esquina de las calles Mina Oriente y Los Marajes, lleva más de una semana sin respuesta oficial, provocando graves inconvenientes de salubridad en la zona.

La pérdida, ubicada puntualmente en la esquina de las calles Mina Oriente y Los Marajes, lleva más de una semana sin respuesta oficial, provocando graves inconvenientes de salubridad en la zona.

Según denunciaron los propios residentes, se trata de una problemática “histórica” que se agrava periódicamente. A pesar de registrarse reparaciones provisorias por parte de la empresa estatal Agua Potable de Jujuy en ocasiones anteriores, los colapsos en la red vuelven a repetirse a los pocos días. 

“Hace una semana que está esto así y salen olores insoportables. Por acá transitan a diario niños y mujeres embarazadas. Necesitamos que vengan a arreglarlo de manera definitiva, más en esta época de altas temperaturas”, manifestó una vecina del sector.

Riesgo sanitario y anegamiento de calles

La topografía de la zona agrava la dispersión del vuelco. Debido a la pendiente natural de la calle Mina Oriente, el caudal de aguas servidas desemboca de forma directa sobre Los Marajes, extendiendo el foco de contaminación hacia otros puntos del barrio y obligando a los peatones a esquivar los charcos para circular

Los residentes remarcaron que el aumento de las temperaturas y la presencia de ráfagas de viento transportan los olores nauseabundos hacia el interior de las viviendas, imposibilitando el normal desarrollo de la vida cotidiana. Ante este escenario, reiteraron el pedido de asistencia urgente a las autoridades municipales y a la empresa prestadora del servicio para frenar el volcado de los efluentes.

El representante del gobierno de Jujuy cuestionó el proyecto libertario que permitiría a empleados públicos dejar el ISJ

El Gobierno de Jujuy salió a cuestionar el proyecto legislativo impulsado por el diputado de La Libertad Avanza, Federico Canedi, que propone terminar con la afiliación obligatoria al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para que los trabajadores estatales puedan elegir libremente otra cobertura médica. El secretario de Comunicación del Ejecutivo provincial, Alberto Siufi, sostuvo que la medida terminaría favoreciendo únicamente a quienes cobran los sueldos más altos y debilitaría el sostenimiento económico del organismo.

Siufi reconoció que se trata de una propuesta que merece ser debatida en la Legislatura, aunque aprovechó para señalar que permite conocer con mayor claridad la postura del espacio libertario respecto de la obra social estatal, más allá de las críticas que —según dijo— caracterizaron hasta ahora a ese sector político.

El funcionario fue más allá y planteó que la iniciativa terminaría convirtiendo al ISJ en “una obra social de pobres”, mientras que los sueldos más altos migrarían hacia prepagas privadas como OSDE. Para graficarlo, recordó lo sucedido en el Poder Judicial: jueces y fiscales ya cuentan con otra cobertura médica distinta a la del Instituto provincial, algo que —advirtió— podría repetirse con el resto de la planta estatal si se aprueba la nueva normativa. 

Con números concretos, ejemplificó que un empleado que gana 1.800.000 pesos aporta cerca de 180.000 pesos al ISJ, mientras que un funcionario con un sueldo cercano a los cinco millones aporta unos 500.000. Según su análisis, esos aportes de mayor valor serían justamente los primeros en salir del sistema si se habilita la libre elección de obra social, lo que a mediano plazo desfinanciaría la entidad y afectaría su sostenibilidad.

Pese a las críticas, Siufi defendió la gestión del Instituto y remarcó que, más allá de los reclamos habituales propios de un organismo con semejante cantidad de afiliados, continúa siendo una de las obras sociales provinciales mejor consolidadas del país. Precisó que el ISJ tiene actualmente unos 186.000 afiliados y desarrolla programas de prevención, entre ellos el seguimiento de pacientes con diabetes.

Para cerrar, el funcionario insistió en que el debate legislativo es el ámbito adecuado para discutir la propuesta, aunque remarcó que el proyecto deja en evidencia que a los sectores libertarios no les interesa fortalecer el sistema de salud provincial, sino garantizar que los sueldos más altos puedan migrar hacia otras opciones privadas.

Alumno accidentado en Palpalá: “Es totalmente mentira lo que dice la ministra”

En Palpalá, se registró un grave accidente con un alumno al que se le cayó un ventanal. Ocurrió en el Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento” donde el estudiante sufrió la cortadura de cuatro tendones en su mano derecha.

Cronología y versiones del caso:

  • Desde la institución afirmaron que el mal estado edilicio ya había sido denunciado ante el Ministerio de Educación. La respuesta de la cartera educativa fue que se activaron los protocolos”“acompañaron a la institución”.
  • Sin embargo, Débora Arce (mamá del niño accidentado) desmintió categóricamente el comunicado y denunció abandono del Estado, incluso manifestándose para pedir ayuda a la ciudadanía.
  • “Tenemos pruebas de que acompañamos a la familia“, contestó la ministra Daniela Teseira al ser consultada sobre al respecto.

Nueva desmentida a la ministra de Educación

Débora Arce, madre del menor, salió a desmentir públicamente las declaraciones oficiales de la ministra de Educación de la provincia, quien había afirmado que la familia rechazó una derivación al Hospital Garrahan y que el Estado se estaba haciendo cargo de los tratamientos.

“Nadie nos ofreció un traslado al Garrahan ni se están haciendo cargo de la rehabilitación. Tengo los informes y comprobantes con los sellos de cada profesional particular que estoy pagando yo. Es totalmente mentira lo que dice la ministra”, aseveró en declaraciones a Radio 2.

Su hijo Rodrigo, que ya fue intervenido quirúrgicamente, mantiene un pronóstico reservadoaunque ha recuperado algo de movilidad, aún no tiene sensibilidad en dos de sus dedos y no se descarta una nueva cirugía. Para evitar que las secuelas sean permanentes, requiere sesiones diarias e ininterrumpidas de fisioterapia y terapia ocupacional. Sin embargo, la cobertura de salud resulta insuficiente y el acompañamiento estatal nulo

La madre detalló que los honorarios médicos mensuales ascienden a cifras exorbitantes que superan los 320 dólares mensuales solo en terapia ocupacional, sumado a consultas que alcanzan los $30.000 por sesión en salud mental. Por ello, debió suspender la finalización de sus estudios superiores, con fecha de egreso en agosto, y rechazar ofertas laborales para dedicarse al cuidado exclusivo de su hijo. 

Además, remarcó que el Ministerio de Educación únicamente garantizó la presencia de docentes de la modalidad hospitalaria/domiciliaria para que el joven no pierda el año escolar, pero omitió cualquier tipo de asistencia económica o contención psicológica integral para la víctima y su entorno

Ante la falta de respuestas y lo que considera una campaña de desinformación por parte de las autoridades, Arce anticipó que iniciará acciones legales por injurias contra la cartera educativa provincial.

¿Cómo colaborar con la familia de Rodrigo?

  • Alias: Eli2240 (A nombre de Eli Arce)
  • Teléfono de contacto: 388-4335324
  • Redes sociales: “Todos por Rodrigo” (en TikTok) / Eli Arce (en Facebook)

Por Jujuy al Momento

Docentes jujeñas se encadenaron en Casa de Gobierno

Pasaron las vacaciones de invierno y la vuelta a clases en Jujuy, una vez más se torna conflictivaDocentes de distintos niveles decidieron iniciar paro de hasta 72 horas en reclamo de las políticas salariales del gobierno:

Además, se hizo sentir un fuerte repudio a aumentos salariales solo a cargos jerárquicos del Ministerio de Educación; medida que fue tildada de provocación.

Segundo día de paro docente en Jujuy

La segunda jornada de protesta docente sumó una escena de máxima tensión e indignación en pleno centro capitalino. Tras el frustrado intento de entregar un petitorio, dos docentes de bases de ADEP tomaron la determinación de encadenarse en Casa de Gobierno para exigir respuestas salariales inmediatas y ser recibidas por las autoridades. 

La medida extrema surgió luego de que funcionarios ministeriales prometieran abrir una mesa de diálogo a condición de levantar la protesta, propuesta que finalmente quedó trunca cuando los representantes del Ejecutivo se retiraron del lugar sin dar audiencia.

“Decidieron irse a comer y dejarnos esperando. Nos vienen violentando, tienen atados nuestros salarios y nuestros trabajos. El ministro nos hizo decir que si nos desencadenábamos nos recibía, pero cuando accedimos a llamar a los demás docentes se fueron igual. No podemos seguir confiando en promesas vacías”, expresó la profesora Martina Montoya

Las docentes presentes remarcaron el hartazgo de la docencia provincial, especialmente del interior, donde muchos trabajadores deben afrontar costos de alquiler y traslados hacia localidades de la Puna como La Quiaca con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica.

Aseguraron que el Ministerio de Educación envió un archivo digital (Excel) a los directivos para identificar con nombre y apellido a los docentes que se adhirieron al paro de 72 horas“Pedir datos individuales en esta época y amenazar con descuentos no es otra cosa que persecución e intimidación hacia quienes defendemos el derecho a huelga”, advirtió Montoya. 

Pese a los datos informados por el Ejecutivo, afirmaron que según los relevamientos de las escuelas del interior y la capital, el nivel de acatamiento al paro roza el 80%.

Por Jujuy al Momento

Buscan que los extranjeros paguen por salud y educación

En medio de la “ola antiargentina” que inundó las redes sociales tras la derrota de la selección en la final del Mundial de fútbol, el Gobierno evalúa volver a la carga con proyectos relativos al arancelamiento de la universidad y la salud pública para los residentes no permanentes.

La chance se produce luego de que diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentaran un proyecto en este sentido en la Legislatura. La iniciativa de Agustín Romo, jefe del bloque y cercano al estratega Santiago Caputo, surgió a raíz del reclamo de tuiteros libertarios que cuestionaron la prestación de servicios públicos a extranjeros que tildaron a los argentinos de “racistas” y festejaron su derrota.

Fuentes del bloque de diputados de LLA en el Congreso indicaron que “siempre” intentan presentar “proyectos en espejo” en Nación y la Legislatura bonaerense. Algo similar ocurre con el Legislativo porteño. “Este puede ser el caso”, dijo la fuente consultada.

“Es probable, pero hay que esperar”, sostuvo una persona al tanto de los movimientos en la Cámara baja.

A su vez, agregaron que aún no definieron si el proyecto sería presentado por el Poder Ejecutivo -y así tener una fuerte promoción- o por los propios legisladores. “Las dos [opciones] son posibles”, deslizó.

Un diputado de PRO señaló que “no es una buena decisión de política pública salir en caliente porque te insultan desde Uruguay, Brasil y Chile porque perdiste una final”. Considera que un debate integral sobre la educación universitaria debería darse en un “ambiente más calmo, que no esté teñido por pasiones coyunturales”. Y opinó que “es medio xenófobo” presentar un proyecto de este estilo en estas circunstancias.

En cambio, un senador oficialista rechazó la posibilidad de que se presente una iniciativa semejante. A pesar de ratificar su acuerdo con el arancelamiento universitario, aseguró que “no hay nada pensado así” y advirtió que la salud es una competencia provincial y que las universidades ya “pueden cobrar a extranjeros desde el DNU”, pero que tienen la potestad de definir por sí mismas si hacen uso de esta facultad.

Alerta por incendios forestales: ya hubo varios focos en Palpalá

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de PalpaláDarío Flores, expuso que durante el último fin de semana debieron intervenir de emergencia en incendios registrados en las laderas de la Ruta Nacional 66 y en la periferia del Río Los Alisos. La gran cantidad de pastizal seco facilitó la rápida propagación de las llamas, demandando horas de arduo trabajo.

Ante esta situación, emitió una fuerte advertencia para los conductores que transitan por los corredores viales de la zona: “Pedimos a quienes manejan en ruta que no tiren colillas de cigarrillo al costado del camino. El pasto está sumamente seco y el humo de estos incendios reduce drásticamente la visibilidad, lo que puede provocar un accidente trágico en plena ruta“. 

Flores también hizo hincapié en la prevención domiciliaria, instando a los propietarios de terrenos a mantener la limpieza y evitar la quema de basura. “Le pedimos a los vecinos que tienen lotes baldíos o predios abiertos que tomen precauciones. El fuego se dispersa en segundos y puede transformarse en un incendio de magnitud que afecte a las estructuras de las casas, algo que lamentablemente ya hemos vivido en años anteriores en la provincia“, remarcó. 

Finalmente, recordó a la comunidad que ante cualquier columna de humo o principio de incendio, se debe dar aviso inmediato llamando al número directo del cuartel, a la línea de emergencias 911 o a Defensa Civil (103), áreas que trabajan en permanente coordinación con la Dirección Provincial de Manejo del Fuego.

Bono contribución para sostener la operatividad del cuartel

Por otra parte, comentó que se puso a la  venta el bono contribución anual, una iniciativa económica clave para garantizar el funcionamiento del cuerpo activo durante los meses más críticos del año. 

Ventas

El bono tiene un valor de $5.000, incluye doble chance por boleta y se sorteará el próximo 16 de octubre, en la antesala del Día de la Madre. Entre los premios principales se destacan:

  • Primer Premio: Una motocicleta 110 cc 0 kilómetro.
  • Dos premios en efectivo de $100.000 cada uno.
  • Un televisor LED de 50 pulgadas.
  • Una bicicleta rodado 29.
  • Un horno eléctrico.

Por jujuy al momento

La SUSEPU aclaró que los aumentos en la tarifa de energía “responden a medidas del Gobierno Nacional”

La Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) explicó que los recientes incrementos registrados en las facturas de energía eléctrica se deben a “disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional”. El presidente del organismo, Javier Gronda, sostuvo que las modificaciones tarifarias están vinculadas a la quita de subsidios y a la readecuación del precio de la energía establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación.

A qué atribuyen el aumento de las tarifas

Gronda indicó que las subas responden a las Resoluciones N° 109/2026 y N° 151/2026, dictadas por la Secretaría de Energía durante los meses de mayo y julio. Según explicó, estas medidas determinaron un incremento en el precio de la energía que consumen los usuarios residenciales y comerciales dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Además, señaló que estas decisiones “forman parte del programa nacional de desregulación del sector energético y de eliminación progresiva de subsidios estatales”, una política que también impactó en los servicios de gas natural y en los combustibles.

En ese contexto, recordó que el vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó el avance hacia “un esquema de libre mercado para las tarifas energéticas” y recomendó a la población “abrigarse en lugar de consumir gas o electricidad”.

La Provincia mantiene la Tarifa Social

Frente a este escenario, Gronda destacó que el Gobierno de Jujuy decidió sostener la Tarifa Social Provincial. Actualmente, esta asistencia alcanza a más de 68.000 usuarios jujeños y representa una inversión superior a los 430 millones de pesos mensuales, financiados con recursos producidos por Cauchari.

“El esfuerzo financiero que realiza la Provincia para contener el componente tarifario y subsidiar a los sectores de mayor vulnerabilidad es enorme. Sin embargo, la concurrencia de la quita de subsidios federales y el aumento nominal del precio de la energía dispuesto por la Nación impactan de manera inexorable en la economía familiar”, expresó.

El titular de la SUSEPU agregó que la situación responde a dos factores simultáneos. “Asistimos a una decisión del Gobierno Nacional que opera en doble sentido: por un lado, se produce la quita de los subsidios y, por el otro, se indexa el costo de la energía a valores internacionales. Este doble impacto genera una coyuntura tarifaria sumamente compleja para el usuario final”, sostuvo.

Qué es el FOPEJ y por qué figura en la factura

Por otro lado, Gronda también brindó precisiones sobre el Fondo Provincial de Energía de Jujuy (FOPEJ), uno de los conceptos incluidos en las boletas del servicio. Explicó que la Puna jujeña y todo el departamento Valle Grande no están conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que el suministro eléctrico “depende de centrales de generación local alimentadas con gas y combustibles”. El principal nodo de abastecimiento es la Central de Piedra Negra, ubicada en cercanías de La Quiaca.

Según detalló, “este sistema aislado tiene costos operativos al menos cinco veces superiores a los del sistema interconectado”. Por ese motivo, el FOPEJ funciona como “un mecanismo solidario de compensación entre todos los usuarios de la provincia para garantizar que, ante un mismo consumo, la tarifa sea igual sin importar la ubicación geográfica”.

El FOPEJ, anteriormente denominado SAP (Sistema Aislado Provincial), tiene por finalidad asegurar condiciones dignas de habitabilidad en las regiones más postergadas de nuestra geografía, afirmó.

Finalmente, remarcó que “prescindir de este fondo de compensación solidario tornaría económica y materialmente inviable la prestación del servicio en esas zonas, equivaliendo prácticamente a privar a la Puna del acceso a un servicio básico como es la energía eléctrica”.

CEDEMS confirmó que no vuelve a clases tras el receso invernal

El sindicato que nuclea a docentes de nivel medio y superior de Jujuy determinó en Asamblea Ordinaria no retomar la actividad escolar luego de las vacaciones, en rechazo a la última propuesta salarial presentada por el gobierno provincial. 

Malestar en docentes de CEDEMS

Desde la Comisión Directiva del gremio argumentaron el rechazo traduciendo los porcentajes a la realidad del bolsillo docente. Según detalló el secretario adjunto, Juan Carlos Córdoba, el incremento del 4% significaría una suba de apenas $15.000 a $20.000 para un docente que recién inicia, mientras que para los profesionales de mayor antigüedad y máxima carga horaria rondaría los $80.000.

Cuando vas a pagar la boleta de luz mes a mes, ves que este aumento queda debajo de cualquier importe que estamos pagando. Es irrisorio. Aunque el Gobierno intente pasarlo a un solo tramo, no refleja la realidad de las góndolas ni de las carnicerías. Nosotros exigimos una recomposición que oscile entre el 23% y el 35%, y que el salario inicial cubra la canasta básica familiar, sentenció.

A la licuación del poder adquisitivo se suma el impacto del Impuesto a las Ganancias. El gremio alertó que un número cada vez más significativo de directivos, supervisores y docentes de nivel superior están sufriendo retenciones confiscatorias en sus haberes, bajo la premisa indiscutible de que “el salario no es ganancia“.

Más allá de la discusión estrictamente económica, CEDEMS puso sobre la mesa una demanda estructural: la creación de un Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace al actual estatuto que data de la década de 1970. El sindicato denuncia un vacío legal que expone a los trabajadores a responsabilidades civiles difusas y a una sobrecarga de tareas para “tapar las deficiencias del sistema”.

“Le pido a EJESA que se compadezca de la gente pobre”, crudo testimonio de una usuaria

El malestar generalizado de la ciudadanía jujeña con EJESA llegó al punto de que gremios y organizaciones recolectaron más de 11.000 firmas para pedir un alto a los aumentos y que se revea el contrato de concesión a la empresa.

Esta semana, se retomó la campaña de “Iniciativa Popular”, con una nueva junta de firmas en Palpalá. 

Crudo testimonio de una usuaria palpaleña

Durante la recolección de posturas, la vecina Patricia Gutiérrez rompió el silencio y relató la desesperante situación económica y de salud que atraviesa junto a su hija de 18 años por los montos desproporcionados del servicio eléctrico.

Lamentablemente es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Prácticamente no comemos por pagarle a EGESA y las cuentas que debemos. Me atrasé una boleta, me cortaron la luz y encima ahora te cobran la reconexión. Nos quedamos en cero antes de mitad de mes“, expresó angustiada.

La indignación de Patricia radica en que el consumo facturado no coincide en absoluto con la realidad de su vivienda: “Yo digo ¿por qué me cobran tanto si son injustos? En mi domicilio no tengo ni heladera, ni ventiladores, ni estufas. La última boleta me vino de 71 mil pesos. Es una locura”.

Además, la residente expuso una práctica insólita por parte de la empresa prestataria: aseguró tener en su poder boletas emitidas por adelantado correspondientes a los meses de agosto y septiembre, cuando todavía no se transitaron esos períodos del año.

Patricia contó que padece epilepsia y subsiste gracias a una pensión por discapacidad que hoy se licúa por completo entre las tarifas de luz y agua.

Le pido a EJESA que se compadezca de la gente pobre. Y a los diputados y gobernantes les pido que hagan algo para el pueblo, que dejen de mirarse entre ellos porque la salud no me da para recorrer oficinas buscando respuestas.

Por Jujuy al Momento

Lello Sánchez quedó imputado por peculado y recusó a la fiscal para frenar la causa

Sergio Enrique Lello Sánchez, el hombre que durante casi una década manejó con puño de hierro el Ministerio Público de la Acusación(MPA), enfrenta hoy su fardo más pesado: la soledad de los Tribunales. En una audiencia imputativa clave, la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar le leyó formalmente los cargos del Legajo N° 15.345/2026, que lo acusan de la presunta autoría del delito de “peculado de servicio, veinte hechos en concurso real”.

La imputación actual marca el colapso definitivo del blindaje que rodeó al exfuncionario entre los años 2016 y 2025. Quien fuera considerado el “brazo ejecutor” judicial indiscutido del gobierno del exgobernador Gerardo Morales —el encargado de motorizar los expedientes más sensibles de disciplinamiento político en la provincia— se encuentra hoy formalmente acorralado por el propio sistema que ayudó a edificar.

La matriz delictiva y el quiebre del sistema

Según la hipótesis de la fiscalía, Lello Sánchez montó una matriz delictiva en la cual usaba al personal y los recursos materiales del MPA para su propio beneficio y el de su familia.

El ámbito temporal de la investigación quedó estrictamente delimitado entre los meses de junio del año 2021 y marzo del año 2025, un período de altísima conflictividad social en la provincia donde el organismo centralizó denuncias y causas exprés. Aunque los beneficios del desvío habrían alcanzado a su entorno íntimo, fuentes judiciales confirmaron que su esposa por ahora no está siendo imputada.

La causa penal tuvo su origen en el quiebre institucional registrado en la sesión legislativa del 2 de octubre del año pasado. En aquella jornada, la Cámara de Diputados provincial, a instancias de una presentación reflotada por el diputado Facundo Figueroa Caballero, dio curso a un pedido de juicio político y suspensión inmediatacontra Lello Sánchez y el procurador adjunto Ignacio Pasquini.

La denuncia original no provino de la oposición, sino de un grupo de varios denunciantes que incluyó a ex fiscales de la propia estructura que habían sido previamente desplazados y hostigados por la cúpula del organismo. El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió de inmediato el pedido a la Comisión Investigadora, que ejecutó la suspensión fulminante para evitar la alteración de pruebas.

Los secretos secuestrados en la calle Sarmiento

El corazón de la acusación por peculado (fijada técnicamente entre 17 y 20 hechos en concurso real en las distintas fojas del expediente) se nutre directamente del material probatorio recolectado en el histórico allanamiento de la sede central de la calle Sarmiento, tras la salida de Lello Sánchez. El sorpresivo operativo policial arrojó el secuestro masivo de:

  • Equipos informáticos (computadoras de escritorio, notebooks y netbooks).
  • Discos rígidos, servidores y dispositivos de almacenamiento masivo.
  • Teléfonos corporativos y registros de subastas de bienes de la institución.
  • Legajos personales de funcionarios y magistrados.

Este último punto es el que genera mayor zozobra en los tribunales locales. Los investigadores intentan determinar si, más allá del uso indebido del personal para fines familiares —núcleo de la figura de peculado de servicios—, las computadoras y los teléfonos del exprocurador guardan las trazas de operaciones de mayor envergadura, tales como el presunto armado de causas y persecución ilegal vinculadas al escándalo de espionaje e implantación de pruebas conocido como el caso Pederiva – Atauche.

La estrategia del imputado y las penas posibles

Conocedor al detalle de los pasillos procesales, Lello Sánchez decidió asumir su propia defensa técnica (litigar en causa propia) y ejecutó un movimiento predecible para ganar tiempo: recusó a la fiscal Serrano Antar en la última jornada. Ahora, la continuidad de la investigación penal quedó supeditada a la decisión del Juez de Control que presidió la audiencia, quien deberá resolver si la magistrada es ratificada o apartada para que la causa siga su curso.

Por el momento, el exjefe de los fiscales se encuentra imputado en libertad, bajo los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la escala penal que prevé el ordenamiento jurídico para el artículo 261 (segundo párrafo) es severa: establece penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que emplee en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la administración pública.

Al aplicarse el artículo 55 de concurso real por la acumulación de múltiples hechos independientes, las penas se suman, tomando como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas. La era donde el MPA operaba con la velocidad de un rayo para cumplir con los dictados del poder político ha terminado; ahora, los tiempos los maneja la misma Justicia ordinaria que hoy lo coloca en el banquillo de los acusados.

Por Jujuy al momento