El Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC Vía Campesina (MNCI) denunció ayer la detención, cuando todavía no había clareado, del joven campesino Franco Matías Javier Oscari, residente en el paraje Las Goteras del departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy.
La organización describió que la detención se llevó a cabo con “un importante operativo desplegado en el lugar donde vive y trabaja junto a su familia”.
La dirigente campesina Gloria Mamani contó a Salta/12 que en el momento de la detención ni Oscari ni su familia recibieron información sobre los motivos de la medida. “Fue de terror, lo apuntaron con el arma a él, a su esposa, a sus suegros, lo tiraron al suelo, a las 5 de la mañana, pero no sabíamos por qué era la orden de detención porque la Policía Federal acá dijo que no sabía, que solo tenía órdenes de detenerlo, nada más”, relató.
Más tarde, con la intervención de la abogada María José Castillo, que a su vez solicitó la ayuda de su colega Elizabeth Gómez Alcorta, pudieron establecer que el operativo había sido ordenado por el juez federal Ariel Lijo, cuyo juzgado se encuentra en CABA, en el marco de una causa por presuntas amenazas abierta a raíz de una denuncia de la ex ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora nacional Patricia Bullrich.
Oscari quedó detenido en la delegación Jujuy de la Policía Federal, en la calle Canónigo Gorriti 259 (frente plaza Belgrano) de la ciudad de San Salvador de Jujuy. “Franco está tranquilo”, contó Castillo. La abogada Samanta Delgado, que también lo defiende, lo vio ayer mismo y le llevó alimentos.
Castillo dijo que Oscari habría dejado un mensaje a Bullrich en Facebook pero negó que fuera una amenaza. Asimismo, cuestionó la detención. La defensa no tuvo todavía acceso al expediente. La abogada también relató que a través de Gómez Alcorta pudieron averiguar que está acusado por amenazas, “una ridiculez, porque no amerita que vayan a detenerlo en Jujuy en un paraje super alejado”, sostuvo.
Se espera que hoy mismo se realice la audiencia de imputación. Las defensoras ya pidieron la libertad de Oscari.
Una detención con contexto
Castillo le puso contexto a la detención del joven campesino. “Justo ayer (por el lunes último) había salido la suspensión del desalojo” en una causa que se tramita en la justicia provincial jujeña, “y hoy pasa eso”, señaló.
Si es por disputa de intereses y derechos se trata, hay más datos de contexto: “Casualmente, la madre de Franco es una de las que firmó el amparo por la minera de cobre”, recordó la abogada.
Ese amparo fue presentado el 17 de abril último. Un grupo de vecinos y vecinas de Palma Sola eligió el día internacional de la lucha campesina para presentar una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado provincial jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, de la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales jujeños, que además pretendía instalar una planta de lavado de metales en el mismo pueblo.
El MNCI también cuestionó la detención. Se concretó, afirmó, “pese a que Franco Oscari posee arraigo familiar, territorial y laboral en la zona, y desarrolla actividades campesinas que constituyen el sustento de su grupo familiar”.
En el mismo sentido la organización señaló: “genera una profunda preocupación que una medida de semejante gravedad haya sido dispuesta desde un juzgado federal, a cargo del juez Lijo, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejecutada mediante un operativo de la Policía Federal Argentina sobre un trabajador campesino radicado en una zona rural del Departamento Santa Bárbara, a más de mil kilómetros de distancia del tribunal interviniente”.
Asimismo, destacó que esta detención se produjo “en un contexto de larga conflictividad territorial que atraviesa la familia Zenteno Palma y otras familias campesinas de Las Goteras, quienes desde hace años sostienen reclamos vinculados a la permanencia en sus territorios, el acceso a la tierra y la defensa de sus medios de vida”.
“Resulta imposible analizar esta detención de manera aislada. Cuando una medida de privación de libertad recae sobre integrantes de familias campesinas que se encuentran atravesando conflictos territoriales históricos, el deber de transparencia, prudencia y control judicial debe ser aún mayor”, advirtió la organización campesina.
También reivindicó el derecho de las comunidades rurales “a vivir y trabajar en sus territorios sin temor a la persecución, la estigmatización ni el uso desproporcionado de mecanismos represivos. La respuesta a los conflictos sociales y territoriales debe construirse sobre la base del diálogo, el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales”, indicó.
Y exigió garantías plenas de respeto al debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal de Franco Oscari, y “que la Justicia actúe con absoluta imparcialidad frente a los hechos acontecidos”.
“Cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica: es también democrática”, cerró.
