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La ministra de Planificación Estratégica y Modernización de la Provincia, Isolda Calsina, responsabilizó al Gobierno nacional por los hechos de violencia que se suscitaron en Jujuy tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución local, y a “delincuentes” que sólo tenían el propósito de provocar un “golpe institucional”.

“Está claro que el país se ha incendiado prácticamente en manos de este Gobierno nacional, que no tiene otra chance electoral si no es destruyendo a la oposición, o a los candidatos opositores. Los jujeños hoy somos rehenes de un Gobierno nacional absolutamente ineficiente, absolutamente corrupto, y estamos padeciendo una violencia que ya hemos elegido que no queremos volver a vivirla”, indicó Calsina.

“Felizmente la Justicia está actuando con la responsabilidad que tiene, está recolectando pruebas, y desde el Ministerio Público de la Acusación se han dispuesto detenciones porque hay un cúmulo de pruebas suficientes que acreditan la comisión de muchos delitos”, agregó.

En ese sentido también apuntó que los violentos “no son personas que realizan reclamos justos, que manifiesten su oposición o su enojo. Evidentemente son delincuentes, personas habituadas a actuar al margen de la ley, que tenían un solo propósito: el provocar disturbios, un golpe institucional, subvertir el orden democrático y constitucional”, remarcó.

Aunque señaló que se atraviesa un tiempo difícil, Calsina también consideró que los jujeños se han convencido “de que el único camino es la paz, el trabajo, el esfuerzo, la Constitución y los derechos”.

Más adelante la ministra lamentó que persista “este espíritu de violencia que no hemos tenido en Jujuy en los últimos tiempos. Es una violencia que no se justifica”, acotó.

“Realmente hubo en su origen un reclamo salarial justo porque en la Argentina de hoy no hay sueldo que alcance, no hay forma de satisfacer las necesidades básicas de cada uno, la inflación que tenemos nos agobia a todos. Pero de ningún modo después podemos justificar la continuidad de ese reclamo cuando el Gobierno ha extremado sus esfuerzos por resolver, por dar un aumento salarial que es posible, no lo deseable, pero que sin duda alguna muestra la voluntad de resolver un problema que todos los argentinos tenemos”, remarcó la funcionaria.

También apuntó que “esta violencia obviamente es provocada, es externa. El pueblo jujeño ha elegido vivir en paz, lo ha ratificado en las elecciones de mayo, ha elegido en un proceso que no tuvo ningún tipo de reclamo, ningún tipo de reproche, y realmente marchábamos a un proceso electoral nacional y a una reforma constitucional que ya había sido resuelta. Fue un proceso que de ningún modo generaba la idea que podía despertar tamaña violencia”, subrayó.

Al tiempo de afirmar que no hubo ningún tipo de planteo previo a la reforma, dijo que hoy se escucha que debió informarse con anterioridad sobre la misma. “En realidad las constituciones son declarativas de derechos, por lo tanto cuando hay una reforma constitucional en forma previa no hay que hacer una convocatoria e informar, por ejemplo, a los pueblos indígenas. Sí cuando se van a regular derechos constitucionales, cuando se van a dictar las leyes que en consecuencia los rijan”, recalcó.

“De hecho en 1994, cuando se reformó la Constitución nacional, no hubo consulta previa de ningún tipo. Entonces son argumentos que se ponen en boca de ciudadanos que no están del todo informados o están mal informados por quienes distorsionan la política”, aseguró.

Asimismo, la ministra Calsina manifestó que como mujer del Derecho y de la política su mensaje es que la nueva Constitución jujeña “tiene un respeto absoluto por todos los derechos, exactamente igual que la anterior Carta Magna. Lo que tiene la Constitución aprobada el 20 de junio es que es mucho mejor respecto a la ampliación de derechos, porque se incorporaron más de lo que establecía la anterior, sumando a la nacional de 1994 y otras disposiciones. Esto fue un acierto del gobernador GERARDO MORALES, como también el de dar participación a todos los sectores”.

Finalmente, la funcionaria afirmó que “no hay ninguna norma aprobada por la Convención que restrinja derechos, que limite, que se preste a que algún ciudadano jujeño quede en situación de desigualdad”.