El Senado rechazó los vetos que había impuesto el presidente Javier Milei para las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, cuyo emblema es el reclamo por más fondos para el Hospital Garrahan. La decisión representó un nuevo revés legislativo para el oficialismo nacional en el Congreso.
La votación se dio en un marco de fuerte tensión política y social, similar al vivido en Diputados el pasado 17 de septiembre, cuando la Cámara baja ya había rechazado los vetos presidenciales con una amplia mayoría. En esa ocasión, hubo 174 votos a favor del financiamiento universitario y 181 para la Ley Garrahan, lo que abrió la puerta a la definición que ahora selló el Senado.
La oposición volvió a imponer este jueves su mayoría en la Cámara alta. Con este resultado, ambos proyectos quedan firmes como ley a la espera de la promulgación del Ejecutivo que se oponía a estas iniciativas considerando que atentan contra el equilibrio fiscal.
La pulseada entre la oposición y La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en medio de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El presidente de la Coalición Cívica ARI, Lic. José María Albizo Cazón, envió una misiva al intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, donde peticiona que se vete la Ordenanza que prevé que los cargos municipales sean automáticamente heredados.
Albizo Cazón esgrime que esa Ordenanza representa un “retroceso institucional” que “erosiona la legitimidad del empleo público, desincentiva el mérito, desalienta el esfuerzo” y “excluye a los ciudadanos”.
“No puedo sino manifestar mi preocupación por una iniciativa que de no vetarse en ésta instancia, institucionalizaría una forma de privilegio familiar incompatible con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional […] Esta clase de ordenanzas no solo erosionan la legitimidad del empleo público, sino que desincentivan el mérito, desalientan el esfuerzo y excluye a cientos de ciudadanos que no se hallarán ante una vía de ingreso equitativa”, expresa en su escrito el Lic. Albizo Cazón.
Así mismo, reiteró que la negativa debe aplicarse “en todos los niveles -más aún en la función pública”. Tal consideración se asienta en atención al haber sido años atrás autor del Ante-Proyecto de Ley Provincial “Nepotismo Cero”. Iniciativa que supo presentar “convencido de que el nepotismo es una forma de corrupción estructural que compromete la transparencia y neutralidad del Estado”, según afirmó.
Por último, el líder de la Coalición Cívica-ARI propuso contemplar como única excepción, bajo principios humanitarios, solo aquellos casos donde la cesión del cargo se produzca por fallecimiento de un trabajador municipal en actividad que fuera el único sostén económico del grupo familiar, en función de evitar condiciones de eventual indefensión alimentaria de niños, niñas y adolescentes.
El presidente Javier Milei brindará a partir de las 21:00 un mensaje por cadena nacional en el que abordará las medidas del Ejecutivo frente al rechazo del Congreso a varios decretos clave para su programa de gobierno.
La intervención se da en un contexto de creciente tensión institucional, luego de que el Senado rechazara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y ambas cámaras repudiaran el DNU 302/2024 y el DNU 594/2024, que incluían reformas estructurales y recortes de partidas presupuestarias.
Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Más temprano, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno sostendrá las reformas implementadas por los DNU, a pesar de las objeciones parlamentarias, a través de resoluciones, reglamentos y otras herramientas jurídicas disponibles para el Ejecutivo.
El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó.
En el debate sobre los organismos estatales, el jefe de Gabinete remarcó que buena parte de las reformas operadas por el Ejecutivo ya produjeron efecto. Destacó que el Gobierno avanzó con la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, y que la estructura y el gasto público resultaban insostenibles. “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’.
En la sesión del miércoles pasado, la sesión logró los votos necesarios para rechazar 5 decretos delegados: 462/25, que modifica organismos técnicos como el INTI y el INTA; 345/25, que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 351/25 que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete; 340/25 que desregula la Marina Mercante; y el 461/25, que promueve la disolución de Vialidad Nacional.
Este martes los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) llevaron a cabo una Asamblea Interclaustro en la que resolvieron tomar las instalaciones de la facultad en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, que busca visibilizar el descontento con las políticas del Gobierno, se extenderá hasta el jueves como símbolo de protesta ante el inminente tratamiento del veto en la Cámara de Diputados.
El comunicado oficial de los estudiantes subraya la falta de confianza en los legisladores que apoyan el veto, además de exigir a las centrales sindicales como la CGT y las CTAs un paro nacional en solidaridad con el sector educativo. En consonancia con las acciones emprendidas en otras universidades del país, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, los estudiantes jujeños decidieron no cesar las actividades académicas pero sí realizar una toma de la facultad con una serie de actividades programadas para mañana miércoles 9 de octubre.
Medidas tomadas durante la toma estudiantil:
Vigilia y toma sin cese de actividades áulicas hasta el día jueves, como respuesta directa al veto presidencial.
Jornada de lucha el miércoles 9 de octubre, con actividades como pasadas por los cursos para llevar las clases a la calle, clases públicas, corte de calles, olla popular, radio abierta, debates, velada artística y la transmisión en vivo de la sesión en el Congreso donde se tratará el veto al presupuesto universitario.
Solidaridad con los compañeros imputados por la causa del “Jujeñazo” del 20 de junio, exigiendo su sobreseimiento inmediato.
Apoyo a la lucha de los pueblos originarios, destacando la importancia de sus derechos y su lucha social.
Declaración de Personas No Gratas a los diputados que voten a favor del veto, reforzando el rechazo colectivo hacia quienes apoyen el recorte presupuestario.
Exigencia a las centrales sindicales CGT y CTA de un paro nacional y un plan de lucha en conjunto por la defensa de la educación pública.
Invitación abierta a la comunidad universitaria para sumarse a las medidas de lucha, destacando la importancia de que estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se unan en la defensa del financiamiento universitario.
La ocupación de la facultad busca visibilizar la preocupación de los estudiantes por el impacto que el recorte presupuestario tendrá sobre las universidades públicas, afectando desde becas estudiantiles hasta la infraestructura y el desarrollo de la investigación. Los estudiantes subrayan que el veto a la ley no solo pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades, sino que también constituye un golpe al derecho a una educación pública y gratuita.
La protesta jujeña se suma a un creciente malestar que se manifiesta en distintas provincias, en lo que parece ser un rechazo contundente de la comunidad universitaria a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Una encuesta realizada en la página web de Somos Jujuy, revela que el 58% de los jujeños rechaza el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
La encuesta que tuvo una duración de una semana en la web, indica que votaron 2.438 personas y el 58% considera que fue un error del presidente de la Nación vetar la ley aprobada en el Congreso.
En tanto que el 42% de los encuestados apoya el veto del presidente a la normativa que buscaba mejorar las jubilaciones.
Los resultados de la encuesta señalan que 1.028 personas consideran positivo el veto, mientras que 1.410 indican que no están de acuerdo con la medida adoptada por el mandatario nacional.
Al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, Javier Milei finalmente firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. En el Boletín Oficial será publicado el decreto que estableció el veto en medianoche del domingo al lunes próximos.
La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.
En el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
La fórmula de movilidad jubilatoria solo había sido rechazada por los senadores oficialistas (Foto: Comunicación Senado)
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo.Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes, estimó el gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025.Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron a este medio. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.
Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo pidió al Congreso y a los espacios políticos no comprometer a los argentinos al sancionar proyectos que vayan contra el equilibrio fiscal (Comunicación Senado de la Nación)
Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.
Uno de los apartados que fue puesto bajo la lupa se trató del artículo N°3, en el que se plasmó la intención de otorgar un aumento adicional correspondiente al desfasaje que habría ocurrido en enero de este año por el índice de inflación registrado. El mismo despertó una fuerte negativa, puesto que recordaron que las variaciones económicas fueron compensadas en el cálculo de movilidad que se realizó en junio.
Otro de los errores técnicos que llevaron a que el Gobierno rechazara la iniciativa fue la decisión de tomar a la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave para calcular las actualizaciones. Principalmente, porque el INDEC elabora el índice a partir de las necesidades que presentaría un hombre de entre 30 y 60 años, cuando las jubilaciones son percibidas por hombres y mujeres de 60 años en adelante.
Desde el Gobierno reconocieron que entre 2020 y 2023 los haberes de los jubilados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 45% como consecuencia de la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria que se puso en funcionamiento en 2020. Sin embargo, sostuvieron que la movilidad jubilatoria promulgada en el Decreto N° 274/2024 debía seguir en pie, debido a que era una medida capaz de asegurar que los jubilados no volverán a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
En línea con esto, recordaron que los ciudadanos y 17 gobernadores apoyaron la firma del Pacto de Mayo, cuyo artículo 8° asentó la necesidad de poner en funcionamiento un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que le brinde sustentabilidad al sistema. Asimismo, pidieron no caer en “los espejismos de falsas mejoras” e instaron a la política, con especial énfasis al Congreso de la Nación, a trabajar y tomar decisiones que no comprometan el futuro de los jóvenes argentinos.
Oscar Zago, del MID, y Cristian Ritondo, del PRO, participaron de la reunión con el Presidente y su mesa chica
Luego de que la fórmula de movilidad jubilatoria fuera aprobada por el Congreso de la Nación, el oficialismo se concentró en aceitar la relación con los diputados aliados al Gobierno, entre ellos, integrantes del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Una semana más tarde de que el proyecto fuera sancionado, el Presidente convocó a una mesa chica para explicar la importancia de que la medida no fuera promulgada. También estuvieron presentes sus funcionarios de mayor confianza.
A pesar de que los legisladores del PRO habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones, en esta oportunidad, sus representantes se comprometieron a apoyar la decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, plantearon la necesidad de que su espacio comience a trabajar junto a La Libertad Avanza (LLA) para reforzar la postura del oficialismo.
“Sesiones como estas, debilitan al gobierno ya que no poseen las mayorías parlamentarias, la oposición termina poniendo sesiones cuando quieren y sacando las leyes que ellos quieren”, advirtieron los aliados al plantear que será necesario incluir a los gobernadores e intendentes del PRO a la mesa. Y enfatizaron que la cooperación entre los espacios será clave “para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
En el caso de que la alianza prospere en el ámbito legislativo, el Gobierno ganaría mayor terreno en ambas cámaras e impediría que la iniciativa reciba los votos necesarios en su regreso y revisión en la Cámara Baja. Así lo pronosticó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al asegurarle a la prensa que “con la presencia nuestra no van a llegar a los dos tercios”. Un acuerdo que provocaría un efecto dominó en los futuros proyectos que pudieran impulsar desde la oposición.
El titular del Poder Ejecutivo provincial, Gerardo Morales, procedió a vetar parcialmente la Ley 6.293 “Régimen de Cuidado Responsable y Protección a los Animales de Compañía”, eliminando el capítulo y los artículos que se refieren a la eutanasia. Además, remitió un nuevo proyecto a la Legislatura con observaciones que enriquecen el marco legal de referencia, según lo establece el Artículo 121, Inciso 2, Apartado 2, de la Constitución Provincial.
En atención a las objeciones formuladas a la Ley Nº 6.293 por parte de instituciones que luchan y defienden los derechos del animal, el mandatario rectificó el enfoque de la legislación, reafirmando de esta manera su postura a favor de salvaguardar el respeto a la vida, la libertad y dignidad animal.
Morales resolvió vetar los Artículos 36º y 37º del Capítulo VIII “Sobre las Intervenciones Quirúrgicas con Fines No Curativos y Eutanasia”; el Inciso b del Artículo 39º del Capítulo IX “Sobre los Perros Asilvestrados”; y el título del Capítulo VIII “Sobre las Intervenciones Quirúrgicas con Fines No Curativos y Eutanasia”, de la Ley Nº 6.293 sancionada por la Legislatura de la Provincia en su séptima sesión ordinaria celebrada el 13 de julio último. El propósito de tal medida, es precisar y definir la posición de Jujuy provincia “no eutanásica”, como actitud social y jurídica sobre el valor de la vida, en sintonía y resguardando el Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos del Animal de la Organización de Naciones Unidas, que torna incólume el derecho a la existencia de los animales.
Ante el conflicto de derechos que conlleva la eutanasia, el gobernador estimó que la opción que se ejerce es a favor del amor, la ayuda, el respeto, la misericordia y la magnanimidad como auténtica convivencia con sólido respaldo moral, ético y jurídico. Consideró, asimismo, que la particularidad de los animales, seres sintientes, que carecen de la posibilidad de expresar su voluntad o elegir la finalización de su vida por su expectativa o calidad, impone sostener y enfatizar la “no eutanasia”.
