Las obras de mejoras concretadas en la Terminal de Ómnibus de Palpalá parecen no haber durado demasiado porque en este 2025 aparecieron reclamos el mal estado del predio de transportes.
Además de los problemas por falta de mantenimiento, vecinos de la zona han expuesto hechos delictivos pidiendo por favor reforzar la seguridad, ya que no se aprecia presencia de efectivos ni patrulleros.
Ambos inconvenientes, lejos de solucionarse, persisten y fueron expuestos nuevamente por un maletero de la terminal de ómnibus de Palpalá
“No han venido a arreglar, hace un mes que se caen los papeles de los techos, también necesitamos que se acerquen porque se está rompiendo, rajando y se puede caer todo. También la vez pasada a una chica le robaron el celular y necesitamos que pongan más policías, de mañana y de tarde, porque también a los pasajeros casi les roban los celulares. Entraron a la boletería y quisieron sacar las computadoras, también robaron en el baño porque nadie cuida la terminal, por eso pedimos que refuercen la seguridad”, remarcó el trabajador.
El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó hace algunos meses una ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad. La norma establece que podrán operar siempre que los vehículos cuenten con las licencias correspondientes, lo que garantiza controles técnicos, seguros vigentes y conductores habilitados.
Así lo explicó el concejal Gastón Millón, quien remarcó que el eje de la regulación es la seguridad de los usuarios. “Se aprobó una ordenanza autorizando el funcionamiento de las aplicaciones, pero los vehículos que pueden participar son aquellos que tienen licencias. Esto es porque ya tienen todos los controles técnicos y personales necesarios para funcionar”, afirmó.
Millón destacó que esta normativa no está dirigida exclusivamente a una aplicación en particular. “No puede una aplicación estar por fuera de las normas. Todas deben cumplir los mismos requisitos”, señaló, y agregó que la intención es permitir la competencia, pero siempre dentro de un marco regulado.
En relación a la diferencia de tarifas que muchos usuarios señalan entre los taxis tradicionales y las aplicaciones, el concejal explicó que las plataformas manejan tarifas variables según la demanda, por lo que en algunos casos pueden resultar más económicas, pero en otros, incluso más costosas que el servicio de taxi.
“Lo importante es que haya opciones, pero con reglas claras. La tarifa de las aplicaciones es variable, no fija, y muchas veces depende del horario y la demanda”, aclaró.
Millón también fue enfático al referirse a la prohibición de operar con vehículos particulares no habilitados. “Por seguridad, particulares no pueden funcionar. Si un usuario solicita un viaje y llega un auto sin licencia, puede rechazarlo. No ofrece garantías ni respaldo legal“, indicó.
Finalmente, recordó que antes de la sanción de la ordenanza hubo diálogo con los taxistas para alcanzar consensos. “No queremos que desaparezca el sistema actual de transporte en la ciudad. Solo buscamos que se adapte a las nuevas tecnologías, pero sin perder de vista lo más importante: la seguridad de la gente”, concluyó.
En apenas de tres semanas, Jujuy fue escenario de una serie de femicidios que conmocionaron a toda la provincia. El primero ocurrió el 3 de mayo en Pampa Blanca, donde Angelina González fue asesinada por un hombre que la acosaba. El segundo, apenas 8 días después, tuvo lugar en Alto Comedero el femicidio de Paola Vargas, acuchillada por su pareja, quien luego intentó incendiar la vivienda y se quitó la vida. El tercero sucedió el 24 de mayo en Fraile Pintado, Tamara Fierro fue hallada calcinada y se confirmó su identidad mediante pruebas de ADN.
Cada caso reavivó el dolor de las familias y también de una sociedad que vuelve a preguntarse cuánto más se puede soportar. “No queremos seguir sumando un nombre más. En Jujuy hay tanto feminicida que duele, y duele mucho el corazón”, expresó con crudeza Mónica Cunchilla, madre de Iara Rueda, la adolescente asesinada en Palpalá en septiembre de 2020. Su voz, cargada de dolor y lucha, se volvió símbolo del reclamo de justicia que atraviesa los años.
Los testimonios de las madres de las víctimas vuelven a poner en el centro de la discusión la respuesta estatal y judicial ante las denuncias de violencia. En el caso de Angelina, la familia asegura que hubo demoras en recibir la denuncia por desaparición. En el de Tamara, sus allegados afirmaron que fue vista por última vez entrando al domicilio de un hombre que luego fue detenido con signos de haber estado en una pelea. “Estoy segura que esa fue la lucha de mi hija por salir de ahí”, dijo entre lágrimas su madre.
Las similitudes con lo vivido en 2020 son inevitables. Aquel año, entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, se produjeron cinco femicidios: Cesia Reinaga, Iara Rueda, Roxana Mazala, Gabriela Cruz y Nair Álvarez. Aquellos 40 días oscuros marcaron un antes y un después en la conciencia colectiva de la provincia. Hoy, ese dolor parece volver, como una herida que nunca cicatriza.
Mientras los casos avanzan en la Justicia y las investigaciones siguen su curso, los familiares de las víctimas piden acompañamiento, contención, celeridad en los procesos judiciales y políticas reales de prevención. “Queremos que se termine, no queremos más mujeres muertas. Que no quede ninguna madre más con el corazón destrozado como el nuestro”, sostuvo una de las madres.
El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para hoy jueves 22 de mayo, impulsado por el cuerpo de preceptores de colegios secundarios de la provincia. La medida forma parte del plan de lucha que el gremio viene sosteniendo desde hace varios meses en reclamo por diversos incumplimientos del gobierno provincial.
Según el comunicado oficial emitido por la Comisión Directiva del CEDEMS, la decisión fue tomada en reunión con preceptores y ratificada en el Congreso del sector. El reclsmo tuvo una concentración y movilización a las 9:30 en la sede gremial, ubicada en Balcarce 162 de San Salvador de Jujuy.
Entre los puntos reclamados se encuentran:
El pago de las 18 horas correspondientes.
El respeto del acta paritaria firmada en junio de 2023.
El pago de ítems por tareas frente a alumnos.
El reconocimiento pleno del rol del preceptor como cargo docente.
La protesta se enmarca en un contexto de reiteradas demandas por parte del sector docente por mejoras salariales y condiciones de trabajo, y afectó la actividad en los establecimientos educativos secundarios públicos de toda la provincia.
El Ministerio de Educación de Jujuy se encuentra envuelto en un caos a raíz de distintas problemáticas y de diversos sectores, que aún no logran ser resueltas.
Entre los tantos conflictos figura el reclamo por la demora en la entrega de títulos: egresados de distintas carreras de Educación Superior (IES) exigen respuestas porque llevan años esperando su título de validez nacional y mientras, no pueden ejercer el trabajo del que se recibieron.
Todavía sin conseguir soluciones, este lunes volvieron a manifestarse en el Complejo Ministerial del barrio Malvinas.
Romina Almaraz, egresada de la carrera de Obstetricia, comentó al respecto: “Estamos esperando que lleguen otros compañeros porque a raíz de las notas y de la convocatoria que hicimos, se comunicaron chicos de otras localidades, de otros IES, y para hoy propusimos un cartelazo. Los chicos ahora están viniendo desde ATSA, ellos también hicieron un cartelazo ahí, están viniendo al ministerio. Tenemos que entrar ahora en una reunión, porque para hoy nos habían comprometido a que vengamos a darnos una respuesta, y esperando que realmente sea positiva, porque ya después de cuatro años no sabemos cuánto más vamos a tener que esperar para obtener nuestros títulos”.
“Sí, es un problema que nos complica lo que es nuestra vida laboral, no podemos seguir estudiando, no podemos seguir capacitándonos. En el camino nos encontramos con otros chicos también que están esperando hace seis, siete años de otras carreras, y estamos en la incertidumbre. No podemos ejercer por falta de título porque nos piden como requisito acá en el Ministerio de Salud ese título para hacer una matrícula profesional. Nosotros el día que vinimos acá al Ministerio, después nos dirigimos al Ministerio de Salud para tratar de hablar con el ministro, no nos recibieron nos pelotearon por decir de alguna manera distinta”, relató y remarcó:
“Ellos dicen que el problema es de Nación pero yo hice el planteo nacional y señalaron que la mala gestión las hacen desde el Ministerio, porque lanzan carreras sin antes haber verificado que cumplan con todos los requisitos y que no tienen la validez nacional. Entonces los chicos nos recibimos y nos damos con que esta validez no está tramitada y ellos como que recién empiezan con el papeleo y eso es lo que demora”
Los hechos de vandalismo se han registrado en distintos puntos de la ciudad de Palpalá y ya generan preocupación en los vecinos.
Los ejemplos dan cuenta del accionar de maleantes, solo con el fin de causar daños:
En las oficinas del Registro Civil, en barrio San Martín
Un museo de Malvinas del barrio San Ignacio de Loyola
El SUM del barrio La Merced
Una plaza recuperada por vecinos, en el barrio Florida
A estos casos se sumó el polideportivo del barrio 9 de Julio.
Según comentaron vecinos del lugar, gente que llega de otros sectores a ocuparlo para otras acciones, sobre todo durante las noches y los fines de semana, consumen bebidas alcohólicas, con música a alto volumen, y producto de ello terminan ocasionando destrozos.
Los espacios dañados son tableros de la cancha de básquet como así también una especie de escenario en donde se practican otras actividades como así también viendo una de las torres de iluminación conocidas como “jirafas”.
Además se pudo apreciar en el sector la presencia de cables sueltos que implican sumo riesgo para los ciudadanos, sobre todo niños.
Durante una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Palpalá se abordó el pedido de informe sobre el estado del Hospital Wenceslao Gallardo.
Julio Mamani, concejal del Frente de Izquierda (FIT), indicó que luego de la extensa sesión realizada , finalmente logró aprobarse la resolución que solicitará al Ministerio de Salud que explique la situación edilicia, designación de cargos de los profesionales de la salud y los turnos virtuales que se otorgan en el nosocomio cabecera de la ciudad.
“Los turnos por WhatsApp son complicados tanto para los pacientes como para los trabajadores, además no hay profesionales y se están dando turnos de acá a uno o dos meses. Pero por sobre todo nos preocupa la situación edilicia, inclusive nos han llegado a decir trabajadores del hospital que conviven con cucarachas y ratas. Esperamos que esta medida sirva para mejorar el hospital y en los CAPS del interior de Palpalá. Queremos que el Ministerio de Salud responda que tipo de concursos se hizo para otorgar los cargos” expresó
También precisó que hubo mucha resistencia para que este tema se dilate una semana más, pero consiguieron un consenso después de dialogar.
Además, indicó que más del 50% de los palpaleños no cuenta con obra social. “Estamos hablando de 35.000 a 40.000 personas que el único recurso que tienen es acudir a una atención en el hospital o en los Caps, por ello es necesario que haya una respuesta inmediata”.
Por otra parte, Elías Ortega del FIT, agregó que muchos trabajadores de la salud ya habían realizado un reclamo por el estado del Hospital Gallardo, pero tienen miedo a la persecución laboral y a las sanciones. “Todos los palpaleños saben que hay un vaciamiento en el lugar y no se puede trabajar porque no cuentan con los insumos necesarios y no están en optimas condiciones laborales”.
“Esta sesión fue bastante reñida por parte de los concejales de la UCR porque no quieren admitir el ajuste brutal que corre sobre salud, solamente se refirieron a que Nación hace los recortes y eso es cierto, pero también en provincia los presupuestos han perdido porque ellos han colaborado para que haya un nuevo endeudamiento por parte de este Gobierno Nacional”
El tema del transporte en San Salvador y en el resto de las localidades siempre ha sido controversial. Falta de controles y servicios alternativos que afectan directamente a quienes pagan tasas y tributos municipales para estar dentro de la legalidad.
En diálogo con una radio provincial, Mónica Bertolone, secretaria general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, remarcó esta falta de controles por parte de la Municipalidad.
“Se hizo una presentación a la municipalidad. Estamos preparando una segunda presentación como Federación Nacional de Conductores de taxis, y otra presentación a modo individual como choferes y titulares taxistas. Ya van 107 días que no se hizo ningún tipo de control con el tema de los ilegales que están circulando”.
En este sentido, Bertolone dijo que el aún se ve a la luz del día la oferta del transporte ilegal.
“No se están cumpliendo las ordenanzas que prohíben el comercio desleal del transporte que no esté habilitado, como la Ordenanza 7468/2020. En la zona de la vieja terminal se grita a viva voz “Perico, San Pedro, Libertador, Ledesma”. Hace años que venimos peleando con estas cuestiones”.
A fines del año pasado, el municipio capitalino aprobó una ordenanza con la cual se otorgó la posibilidad de brindar el servicio por medio aplicaciones móviles, pero únicamente a choferes registrados.
“La Ordenanza 8073/2024 que habilita a los taxis amarillos a trabajar en plataformas digitales. Creemos que debemos acompañar a las aplicaciones que están saliendo, pero siempre dese la legalidad contribuyendo a los controles e impuestos, que haya cupo y un equilibrio entre las tarifas para que se respete la oferta y demanda”.
Asimismo, la referente del sector enumeró los costos que tienen un chofer que quiere estar dentro de la legalidad.
“Pagamos tasas, canon, patente y las exigencias de un taxista que tiene para poder trabajar. Nos piden planilla prontuarial, carnet sanitario, libre deuda a nivel nacional y provincial, RENAR que es un informe de antecedentes a nivel nacional, carnet de conducir profesional. Un examen psicofísico que cuesta 80 mil pesos en la provincia de Salta”.
“Ha bajado mucho el trabajo de los taxis legales, hace años que lo venimos viviendo hace años y ahora se siente mucho más. Si bien para algunos la implementación de la aplicación Uber es una ayuda, las tarifas son muy por debajo de lo que realmente correspondería para que uno pueda mantener las unidades en condiciones para trabajar”.
Tras el tercer paro general durante el gobierno de Javier Milei, la CGT anunció que volverá a las calles para manifestarse contra la gestión libertaria. Desde la central obrera confirmaron que adelantarán la movilización por el Día del Trabajador.
La medida de fuerza se tomó durante una reunión de la central obrera donde se analizan los alcances del último paro general y el impactó de la devaluación anunciada el viernes pasado por el ministro de Economía Luis Caputo. Para el mismo día 30 de abril, la CGT convocará a los gobernadores peronistas a una reunión para expresarles la situación de la clase trabajadora ante el panorama laboral.
El mismo día del paro, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, había afirmado que había sido “un éxito rotundo” y le había enviado un mensaje al Gobierno: “Después de este paro, tienen que apagar la motosierra” porque “no puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados”.
«Seguramente va a ser una gran movilización que sirva no solo para conmemorar el 1 de Mayo, sino para reafirmar los mismos conceptos que determinaron la medida de fuerza«, indicó el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo
Por su parte, el secretario general de los trabajadores del seguro, Jorge Sola, remarcó que después del paro del 10 de abril aumentó la inflación en marzo y hubo una devaluación, lo cual afecta al «poder adquisitivo» y que «profundiza el reclamo» de la CGT.
El gremio APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública) emitió un duro comunicado en el que advierte sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema sanitario en Jujuy, denunciando la precarización laboral, la falta de insumos y el deterioro de la atención en los hospitales públicos.
Desde el gremio señalaron que la provincia cuenta con solo 4.800 profesionales de la salud para atender a una población que supera los 800.000 habitantes, lo que provoca una sobrecarga extrema en el sistema. Aseguran que esta crisis tiene dos causas principales: los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales que enfrentan los trabajadores.
“La crisis se presenta con particular agudeza en el sector salud, donde se ha profundizado producto de la aplicación del mal llamado ‘Plan Estratégico de Salud‘, que lleva adelante el ministro Gustavo Bohuid desde hace 8 años. Dicho plan privatizador ha provocado graves consecuencias, como la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la Atención Primaria de la Salud (APS), la tercerización de servicios con empresas privadas y la precarización laboral de los y las trabajadoras del equipo de salud”, sostiene el comunicado.
Falta de insumos, turnos colapsados y hospitales en crisis
El gremio también denunció el deterioro generalizado de los hospitales y centros de salud de la provincia, con falta de insumos esenciales, como gasas, morfina y tramadol, y aparatología sin mantenimiento. Como ejemplo, indicaron que el tomógrafo del Hospital Pablo Soria está fuera de servicio desde diciembre de 2024, lo que impide la realización de estudios fundamentales para los pacientes.
Además, advirtieron que las colas interminables para conseguir un turno, las cirugías suspendidas con esperas de hasta 9 meses y la saturación de los hospitales son reflejo de la crisis estructural que afecta al sector.
Hospital Pablo Soria – Guardia Soria – Hospital
Críticas a la política sanitaria nacional
Desde APUAP señalaron que las políticas de desregulación de los servicios del Estado y de desmantelamiento de la salud pública impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei agravaron la crisis en Jujuy. Denuncian despidos masivos, cierre de programas y coordinaciones, y la quita de medicamentos, lo que pone en riesgo la atención de miles de pacientes.
El gremio reclamó un cambio de rumbo inmediato en la gestión de la salud y responsabilizó al gobierno provincial por no tomar medidas concretas para revertir la situación. “El Gobierno de Jujuy cuenta con las herramientas necesarias y los fondos suficientes (superávit) para abordar de forma seria y responsable la crisis en salud y la falta de recurso humano profesional”, afirmaron.
Finalmente, APUAP recordó que “la salud es un derecho humano inalienable de la población y un deber indelegable de los Estados”, por lo que exigen acciones urgentes para garantizar una atención digna a la comunidad jujeña.
